Por Stakeholders
Lectura de:
Juan Pacheco
Gerente general de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional – AFIN
Es de dominio público que el sistema público de salud enfrenta una insuficiente capacidad para atender la demanda, evidente desde la espera por una cita. Se estima que en el área urbana se espera 6 días para obtener una cita en EsSalud, mientras que, en un establecimiento privado, 5 horas, de acuerdo a la ENAHO1 del 2º Trimestre 2019. La demora en establecimientos públicos motiva que los pacientes realicen desembolsos adicionales en establecimientos privados para solucionar sus problemas de salud en menor tiempo.
Las condiciones físicas son inadecuadas desde el nivel más básico de atención. De acuerdo al Minsa2, el 55% de establecimientos de salud del primer nivel de atención y el 95.83% de los laboratorios regionales3 operan con capacidad instalada inadecuada.
Por otra parte, se tienen 40 mil médicos en todo el país4, equivalente a 1.3 médicos por cada 1000 habitantes5, mientras que la OCDE esto es 2.96. Se estiman 2 obstetras por cada 1000 mujeres en edad fértil7, en tanto que contamos con 43 profesionales especializados en cirugía por cada 100 mil habitantes8.
Cubrir el alto déficit de recursos humanos en salud requiere incrementar la oferta de especialistas colegiados y ello implica facilitar la entrada de nuevos profesionales, y generar incentivos (remunerativos y no remunerativos) para que los médicos especialistas se trasladen a provincias para cubrir la escasez de profesionales en las regiones. Aquí el Colegio Médico juega un rol importante.
El 11% del presupuesto nacional se destina a salud9, con una evidente prioridad en la salud individual (recuperación y rehabilitación de la salud de las personas), que recibe 11 veces los recursos asignados para la salud colectiva (promoción de la salud y prevención de riesgos y daños en la población).
La mayor parte de la oferta de establecimientos es privada. Según SUSALUD10, de los 22918 IPRESS a nivel nacional, el 60% son privados y 40% son públicos. Asimismo, de las 548 IPRESS de nivel II o III, 53% son privadas, 12% de EsSalud y 5%, del MINSA.
Sobre la disponibilidad de medicamentos, casi el 70% de los usuarios de farmacias y boticas privadas que asisten a comprar medicamentos recetados en algún establecimiento del Estado indica que no encontraron los medicamentos recetados donde fueron atendidos, de acuerdo a la Encuesta de SUSALUD 201611. Se requiere optimizar los procesos de compras, gestión del stock de medicamentos y control de la cadena logística a lo largo de las redes asistenciales alineado a la demanda a fin de evitar el desabastecimiento y sobreabastecimiento, y mejorar la fiscalización de la entrega a los pacientes.
Las experiencias positivas en APP en Hospitales de EsSalud, del Hospital del Niño de San Borja, y de la gestión y distribución de medicamentos para Essalud en Lima, nos muestran que la inversión privada va a ayudar a la mejora del servicio de salud en general y en todo el territorio, de cara al ciudadano, incluyendo la gestión, la operación y el mantenimiento del servicio, que eviten la carencia de incubadoras o equipos por mala ejecución presupuestal u otras razones.
Nuestra población merece un mejor servicio de salud y ese debe ser el objetivo principal de la política pública, más allá de diversas posiciones de grupos relacionados al mismo.
