Por Stakeholders
Lectura de:
Yamila Osorio
Exgobernadora de Arequipa
Hoy que los conflictos sociales vinculados al desarrollo de proyectos mineros ponen de nuevo en debate la relación de las empresas de este rubro con las comunidades de sus zonas de influencia, así como lo concerniente al esquema de tributación peruano y al destino de esta recaudación, es conveniente visibilizar el impacto que ha tenido la operación de proyectos mineros en las regiones independientemente de las cifras de contribución al crecimiento del PBI o de generación de empleo, que no dejan de ser importantes, y más vinculado a las iniciativas de responsabilidad social que les han permitido conectar mejor con sus vecinos y mantener la paz social indispensable para el desarrollo de cualquier inversión privada.
En lo que concierne a mi experiencia, puedo manifestar que como en todos los sectores, en el minero hay empresas con clara vocación social que más allá de sus obligaciones tributarias han destinado fondos sociales importantes para contribuir a cerrar brechas sociales y de infraestructura en sus zonas de influencia, y hay también quienes consideran que sus obligaciones se agotan con el pago de impuestos, correspondiéndole al estado hacer llegar la recaudación de manera eficiente a sus poblaciones.
En cuanto a Arequipa, tenemos ambos casos, desde los distritos de la parte alta de la provincia de Caylloma donde, pese a décadas de explotación minera, su realidad social parece no haberse visto influenciada positivamente por esta actividad. Basta ver el estado de abandono de sus caminos de acceso, con relación a los cuales recién hace menos de cinco años y luego de jornadas de protesta, la comunidad logró el compromiso de la elaboración de un proyecto de asfaltado como aporte social de las empresas que operan en la zona.
Hay también aquéllas que han sabido impulsar el desarrollo de proyectos que solucionen los problemas prioritarios de sus vecinos y con ello garantizar la paz social para sus operaciones, como la construcción de represas, plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales por la principal minera de Arequipa o la ejecución de proyectos productivos en Orcopampa y Tapay por las empresas de la zona, que han generado ejemplares emprendimientos.
Es cierto también que en el caso de Cerro Verde, cuya inversión social es bastante considerable en relación a otras, las obras de mayor impacto se dieron debido al aporte de solidaridad que rigió del 2006 al 2011, y que de alguna manera suplió el pago de regalías del que estuvo exonerada por el convenio de estabilidad tributaria del que gozaba. Lamentablemente este aporte de solidaridad por el cual se llegó a obtener 1786 millones a nivel nacional entre el 2006 y 2009, de los cuales 432 se invirtieron en casi 300 proyectos en Arequipa, previo consenso de autoridades, organizaciones sociales y la empresa minera; finalmente fue sustituido en el gobierno nacionalista por la creación del impuesto y el gravamen especial a la minería, recentralizando los aportes mineros y por tanto alejando la posibilidad de que las comunidades sientan más cercana la presencia de las empresas mineras.
En estos últimos días se ha venido hablando de algunas propuestas de modificación al esquema tributario minero y a la ley general de minería, al respecto creo que la propuesta más propicia para fortalecer el impacto de la actividad minera en sus zonas de influencia, es que la distribución del Impuesto y del Gravamen especial a la minería se descentralice, redistribuyéndose el 50% en las regiones de zonas de influencia y el 50 % en el gobierno nacional. Actualmente las regiones no gozan de este fondo.
