Por Stakeholders
Lectura de:
Jorge Melo Vega Castro
Presidente de Responde
¿Tenemos libertad si no podemos salir seguros a la calle frente al riesgo de ser víctimas de la delincuencia, sabiendo que el Estado no nos puede garantizar ese derecho? Esa no es una pregunta retórica y seguramente la respuesta mayoritaria coincidirá en que definitivamente no somos libres. La inseguridad es hoy la principal preocupación de todos y su principal expresión ocurre cuando evitamos circular por las calles por temor a revivir una situación de violencia que ya hemos tenido o la han vivido amigos y familiares próximos; ya no necesitamos recurrir a las noticias para conocer estos hechos. Nos ha tocado, directa o indirectamente a todos.
Lo cuestionable es que la inseguridad ciudadana no es un problema vinculado a la pobreza, como siempre nos lo han hecho creer; más bien ocurre al revés, nuestro país ha tenido un importante crecimiento económico en los últimos 20 años y la pobreza se ha reducido en un 50 %, mientras que la delincuencia se ha incrementado dramáticamente, con cifras que desconocemos. De otro lado, la evidencia indica que hay países con indicadores de pobreza mayores a los de Perú que tienen menor ratio de delincuencia. Así que por el lado de los ingresos familiares no está el problema. Esta situación, más bien, tiene mucho que ver con nuestra precaria institucionalidad y la incapacidad de la autoridad para actuar de forma eficiente.
El Estado peruano ha mejorado mucho en la modernización de diversos organismos públicos, tenemos así a los reguladores, a la RENIEC o a la SUNAT, que con la digitalización se han esmerado por darle mejores estándares de calidad a los administrados, ofreciéndoles facilidades en su relacionamiento y por tanto, confianza. Ese énfasis por el servicio, no ha ocurrido con la autoridad estatal a cargo de gestionar el primer problema nacional: la policía.
La comisaría es hoy un lugar obligado para presentar una denuncia ante un acto delictivo, se trata del primer lugar de auxilio frente a una situación de violencia y por tanto debería ofrecer calidez y confianza. Las víctimas no acuden allí para realizar una gestión y recuperar lo perdido, lo hacen por obligación, para poder gestionar nuevos documentos y tarjetas de crédito y también registrar el robo de dinero, joyas y el celular. Una vez registrado el acto criminal, la victima debe regresar para recoger el documento de dicho registro. La interrogante es: ¿Y para qué se hizo la denuncia en la comisaría? Resultaría sarcástico imaginar que se hizo para que a las 72 horas o a la semana, desde la comisaría, se comuniquen con la víctima para informarle respecto a los avances en la recuperación de sus bienes o al estado de su denuncia.
Decíamos al inicio que no sabíamos sobre el número de hechos delictivos que ocurren en el país, ya que sólo acuden a la comisaría quienes requieran una constancia del robo. Los ciudadanos no acuden a la estación policial aspirando recuperar sus bienes robados, de allí que la gran mayoría prefiere no denunciarlo por ser una pérdida de tiempo. Pero la realidad es que el Estado peruano construye sus indicadores de seguridad ciudadana en base a las denuncias.
Un dato para el análisis lo dio el OSIPTEL recientemente cuando indicó que se robaban más de 6,000 celulares diarios, eso hace 180,000 robos al mes y más de dos millones de robos al año. Este registro oficial lo tienen las empresas operadoras, ya que digitalmente conocen del robo y los datos de los clientes robados. Mientras que el Estado tiene otros datos, alejados de la realidad, pero como sabe de antemano que no va a recuperar lo robado, desarrolla una ficción de ladrones y policía. La interacción entre el Estado y la victima de actos delictivos no existe. No se buscan mecanismos de proximidad o de relacionamiento para generar confianza con la autoridad. Construir un espacio de confianza entre el ciudadano y la policía podría ser un extraordinario impulso para mejorar la seguridad, al sumar aliados desde la misma ciudadanía.
