Por Stakeholders
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Por: Malena Pineda Ángeles
Jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo
Tradicionalmente, a lo largo de la historia y en distintos lugares del mundo, la mirada hacia la población con discapacidad ha derivado en la negación de derechos. Se ha considerado que las personas con discapacidad presentan deficiencias que limitan su posibilidad de contribuir socialmente, por lo que no han sido tomadas en cuenta en el desarrollo de políticas públicas; esto es, han sido excluidas de los planes y programas de gobierno. En otros espacios, se ha interpretado que su deficiencia las hace merecedoras de lástima o compasión y las políticas públicas se han desarrollado bajo enfoques caritativos.
Otros han pensado que se requiere su integración en la organización social para lo cual es necesario “normalizarlas”, y en esos supuestos la prioridad en el desarrollo de políticas se ha centrado en las estrategias médico rehabilitadoras.
En mayo del 2008, entró en vigencia en el Perú la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado de derechos humanos que se incorpora en nuestra legislación con rango constitucional y que trae consigo una nueva visión de la discapacidad, orientada al reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derechos, en igualdad de condiciones que los demás.
De acuerdo al modelo que instaura la Convención, las dificultades de participación social que tienen las personas con discapacidad no se centran en las deficiencias individuales que presentan, sino en las diferentes barreras que deben enfrentar diariamente y que han sido establecidas por sociedades organizadas de espaldas a la diversidad, a sus necesidades y al ejercicio de sus derechos.
Las barreras que restringen la participación de estas personas son de distinto tipo: urbanísticas, arquitectónicas, sociales, políticas, normativas, económicas, actitudinales, de información, de comunicación, entre otras. Eliminarlas exige repensar en una sociedad verdaderamente inclusiva, capaz de generar espacios de convivencia donde se valore la heterogeneidad de todas las personas.
Exige, también, desarrollar en las personas con discapacidad y en las instituciones públicas y privadas capacidades de acción que permitan a todos tomar de manera autónoma decisiones y desarrollar planes de vida.
El reconocimiento de las capacidades de cada uno permite que las personas con discapacidad puedan aportar en la dinámica económica, social y cultural del país. En este sentido, es necesario eliminar la brecha de acceso a la educación de calidad de estas personas, pues todos tenemos derecho a aprender y a aportar según nuestras capacidades.
Las personas con discapacidad están entre los sectores más vulnerables de la sociedad y muchas veces la falta de una educación de calidad las condena a vivir en la pobreza, sin posibilidades de acceder a puestos de trabajo dignos, de desarrollarse profesionalmente y con grandes limitaciones para incluirse en la sociedad.
Es por ello que fortalecer la política de inclusión laboral de las personas con discapacidad también forma parte de la estrategia necesaria para un auténtico reconocimiento de derechos. El trabajo, de acuerdo a la Constitución Política, es un derecho y un deber de todas las personas. Finalmente, cabe recordar que la construcción de una sociedad democrática demanda la participación de todos sus ciudadanos y ciudadanas, quienes en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones contribuyen al desarrollo del país.
