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Según un estudio de la consultora holandesa Profundo, en colaboración con varias ONG's, Bank of America, Citigroup, JP Morgan, Barclays y Goldman Sachs…
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Según un estudio de la consultora holandesa Profundo, en colaboración con varias ONG's, Bank of America, Citigroup, JP Morgan, Barclays y Goldman Sachs prestaron unos 5.000 millones de dólares en los dos últimos años a empresas de armamento que fabricaban las llamadas bombas de racimo, expresamente prohibidas por una Convención Internacional en 2008.
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El informe revela que los fondos fueron a parar a Textron, fabricante de los aviones Cessna, al grupo aeroespacial y de defensa Alliant Techsystems y a Lockheed Martin, el mayor contratista mundial de armas, todos ellos radicados en Estados Unidos.Barclays ha salido rápidamente al paso de la denuncia señalando en un comunicado que ha concedido préstamos a fabricantes de armas con arreglo a una política que tiene en cuenta el posible uso de las armas. "Nuestra política prohíbe expresamente financiar el comercio de minas terrestres, bombas de racimo o de cualquier material diseñado para ser utilizado como instrumento de tortura". Las restantes entidades declinaron hacer comentarios, según refiere el portal Capital Madrid.
Los autores del informe utilizaron la información pública disponible en los mercados y la facilitada regularmente por las entidades financieras. En mayo de 2008 una Convención Internacional sobre Armas de Racimo acordó declarar ilegales este tipos de artefactos y prohibió colaborar en su fabricación. Un centenar de países se ha adherido, de los que una treintena la han rubricado y otros 23, entre los que están Estados Unidos y el Reino Unido, aún no lo han hecho. Aunque la Convención es vinculante para los firmantes, algunas entidades financieras de esos países continúan financiando su fabricación. Para los autores del informe de Profundo, "si se invierte en una empresa, se considera que se está ayudando a la producción de esas bombas", y proponen que las instituciones financieras desarrollen políticas que excluyan cualquier vínculo con empresas involucradas en la fabricación de armas de racimo y que los Gobierno establezcan reglas claras para prohibir su financiación y que puedan servir de orientación a las instituciones financieras. Fuente: |
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