El Parlamento francés aprobó una ley destinada a contener el auge de la moda rápida, con plataformas asiáticas como Shein y Temu en el centro del debate por su impacto ambiental y la competencia desleal que generan.
La norma busca reducir residuos textiles, proteger la industria europea y promover prácticas sostenibles en un sector que representa cerca del 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.
Contenido de la ley que sancionaría la moda rápida
La nueva legislación establece un recargo progresivo por prenda, que podría alcanzar hasta 20 euros en 2030, con un límite del 50% del precio sin impuestos. Parte de los fondos se destinará a infraestructuras de recogida y reciclaje.
Además, las empresas deberán incluir mensajes obligatorios en sus sitios web para fomentar la reutilización y reparación, y se restringirá la publicidad de estas marcas, incluso a través de influencers, aunque la aplicación depende de la Comisión Europea.
La oposición ecologista lamentó que el texto se haya reducido bajo la presión de los lobbies, dejando fuera a marcas como Zara, H&M, Primark o Uniqlo, que tampoco son modelos de sostenibilidad. El diputado Charles Fournier señaló que la ambición inicial se vio “considerablemente reducida”.
El impacto ambiental de la moda rápida
La ley se justifica en los daños que este modelo genera. Fabricar una camiseta de algodón requiere unos 2.700 litros de agua, lo que una persona bebe en dos años y medio. El teñido contamina ríos con químicos tóxicos. La moda rápida emite más carbono que todos los vuelos y barcos del mundo juntos, debido a la producción y transporte global.
Dos tercios de la ropa actual contienen poliéster u otros plásticos que liberan microplásticos al lavarse y llegan al océano. La ONU advierte que cada segundo se quema o se tira un camión lleno de prendas, con un nivel mínimo de reciclaje.
La nueva ley francesa marca un precedente en el continente al intentar regular la moda ultrarrápida y responsabilizar a las grandes plataformas por su impacto ambiental. Aunque limitada en alcance, la medida abre el debate sobre la necesidad de estrategias globales que combinen penalizaciones, incentivos a la reparación y campañas de concientización para reducir el consumo desmedido.









