En vista que el fraude corporativo viene provocando enormes pérdidas en las empresas por una deficiente administración de los riesgos de fraude, KPMG, firma líder de servicios profesionales, organizó un desayuno de trabajo en conjunto con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) con el fin de dar a conocer a las empresas del sector minero todos aquellos costos que puede acarrear un fraude, desde el impacto negativo de la reputación de la empresa, pasando por la ausencia de nuevas inversiones de capital y la reacción negativa del mercado, hasta la pérdida de confianza en el negocio.
Según estimaciones de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), el 5% de la facturación de las empresas se pierde cada año a causa de prácticas fraudulentas o irregulares. Asimismo, el tiempo aproximado desde el inicio del esquema del fraude hasta la detección de este alcanza 18 meses.
“Esto nos lleva a reflexionar la importancia de la administración de los riesgos de fraude, que permite prever y monitorear las conductas irregulares. Esta administración consiste básicamente en un diseño, implementación y evaluación de programas y planes de prevención de fraude; a fin de pronosticar, detectar y responder ante los posibles riesgos de fraude y conductas irregulares”, comenta Fernando Gámiz, Director de Risk Consulting de KPMG en Perú.
El rubro de la minería es uno de los sectores que más recurre a la auditoría de fraudes, debido a los diversos casos de corrupción que se presentan en la cadena de abastecimiento, como robo de minerales, incumplimiento de los precios pactados, subfacturación, cálculo indebido de regalías, conflicto de intereses, manipulación en el cálculo de reservas, entre otros.
De acuerdo al informe elaborado por la consultora KPMG sobre el Fraude en el Perú 2012, el tipo de fraude más frecuente en el Perú es la malversación de activos, seguido de la corrupción, dentro del cual los más recurrentes son los conflictos de intereses y sobornos.
Fernando Gámiz indica que “es crucial para las empresas poder contar con un auditor o especialista en riesgos de fraude, ya que una encuesta realizada por la Asociación de Contadores Públicos de los Estados Unidos (AICPA) reveló la insuficiencia de los conocimientos del auditor o contador tradicional en esta materia. Las empresas requieren en forma creciente la asistencia de profesionales con habilidades especiales, que además de tener los conocimientos tradicionales, reúnan conocimientos en técnicas de investigación, entrevistas, obtención y preservación de evidencias tanto digitales como físicas, prevención y detección de fraudes”.
El desafío hoy en día es concientizar al cliente interno sobre el costo de un fraude, implementar la evaluación de riesgos de fraude, hacer un seguimiento al cumplimiento al código de ética y, finalmente, contar con un plan de prevención de fraude. Estas irregularidades han destruido la reputación de muchos directivos, muchos de los cuales han pagado con sus propios bienes y hasta con pena de cárcel.