Compromiso empresarial
OxI Exprés: ¿prevención o reconstrucción frente al Fenómeno El Niño?
El mecanismo permite al sector privado financiar y ejecutar intervenciones mediante una nueva modalidad de Obras por Impuestos para enfrentar el FEN 2026-2027. Sin embargo, especialistas advierten que el tiempo disponible podría impedir la ejecución de grandes obras preventivas y plantean priorizar la protección de la población.
El Niño costero podría mantener una magnitud extraordinaria hasta enero de 2027, según la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), publicado el 16 de octubre. El organismo prevé lluvias por encima de lo normal en la costa norte, la costa central y la sierra norte occidental, con episodios localizados de intensidad moderada a fuerte en el norte. También proyecta caudales superiores a lo habitual desde noviembre en ríos como el Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque.
En este contexto, el Gobierno de Keiko Fujimori aprobó el Decreto de Urgencia N.° 010-2026, publicado el 2 de setiembre, que establece un procedimiento excepcional para ejecutar intervenciones mediante Obras por Impuestos (OxI). Conocido como OxI Exprés, este régimen permite financiar servicios de prevención, preparación, respuesta y rehabilitación, además de inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición (IOARR) de emergencia. A diferencia del mecanismo ordinario, no se limita a proyectos de inversión de mayor alcance, sino que también permite contratar servicios puntuales para atender necesidades urgentes.
Un mecanismo para responder a la emergencia del FEN
El decreto estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. Según la información proporcionada por ProInversión, once sectores han habilitado 116 servicios que pueden ejecutarse mediante OxI Exprés, además de IOARR de emergencia.
Las intervenciones comprenden necesidades de distintos sectores. En salud, se incluyen servicios de atención integral y transporte de muestras biológicas. En educación, se contemplan acciones como el acondicionamiento térmico de espacios educativos en zonas expuestas a friajes o heladas. En transportes, las empresas pueden participar en labores de limpieza de derrumbes y huaicos, habilitación de vías alternas y recuperación de plataformas viales. En agricultura, se consideran trabajos de descolmatación, protección de riberas y alquiler de maquinaria pesada.
Denisse Miralles, directora de la Dirección de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, explica que el objetivo es acelerar la participación empresarial para atender las necesidades de la emergencia. «Esta norma busca agilizar la participación del sector privado en el financiamiento y la ejecución de intervenciones, a fin de prevenir y atender los efectos del fenómeno climático, así como garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales», señala.

El alcance de los trabajos dependerá de las necesidades de cada territorio y de la etapa de la emergencia. Antes de los eventos más intensos, pueden priorizarse acciones de preparación y protección. Después de los daños, las intervenciones pueden enfocarse en recuperar infraestructura, reponer activos estratégicos y restablecer servicios básicos.
El Estado de Emergencia declarado mediante el Decreto Supremo N.° 124- 2026-PCM comprende 893 distritos. Entre las regiones prioritarias por su exposición a lluvias intensas, inundaciones y desbordes figuran Piura, La Libertad, Lambayeque y Tumbes. En estas cuatro regiones, los gobiernos regionales, locales y universidades públicas cuentan con una capacidad anual máxima de S/ 9562 millones para ejecutar inversiones mediante Obras por Impuestos. Esta cifra corresponde a la capacidad general del mecanismo, no exclusivamente a OxI Exprés.
Miralles explica que la contratación directa toma alrededor de 16 días hábiles. Para las empresas interesadas, la directora de ProInversión recomienda revisar las intervenciones priorizadas y seleccionar aquellas que se ajusten a su experiencia y ámbito de operación. También deben mantener vigente su documentación registral y tributaria, verificar su capacidad financiera e identificar a los ejecutores o aliados que necesitarán para cumplir con los trabajos.

El tiempo, el principal obstáculo
Aunque OxI Exprés simplifica procedimientos, la rapidez administrativa no garantiza que las intervenciones estén terminadas antes de las lluvias más intensas. José Luis Guasch, director internacional del Eje Gestión de la Infraestructura de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, considera que el mecanismo llega tarde para enfrentar adecuadamente los efectos del fenómeno si las entidades todavía deben definir y preparar las intervenciones.
“OxI Exprés es un mecanismo que funciona y permite acortar sustancialmente los plazos de los procedimientos. Sin embargo, considero que, en el contexto actual, su implementación llega demasiado tarde para enfrentar adecuadamente los efectos del Fenómeno El Niño”, señala.

El especialista advierte que el margen para ejecutar obras importantes es reducido si todavía no están preparadas. “Estamos a uno o dos meses de entrar en el periodo más intenso de lluvias y, por mucho que se simplifiquen los procesos, las intervenciones requieren tiempo”, sostiene.
En esa línea, Guasch considera que varias medidas preventivas debieron impulsarse con meses de anticipación. “Si estuviéramos a principios de año, todavía podríamos hablar de intervenciones preventivas importantes, como obras de drenaje y reforzamiento de las riberas de los ríos”, señala. También expresa su preocupación por zonas vulnerables como Piura, donde, según indica, durante aproximadamente diez años no se habrían realizado los trabajos de drenaje necesarios.
Betsy Mori, asesora en Obras por Impuestos, coincide en que la reducción de plazos no elimina las demoras de gestión. “Ahora bien, hay que ser realistas con los tiempos. Las lluvias ya empezaron en el norte, y aunque el procedimiento se ha acortado bastante, entre la priorización y la firma del convenio todavía hay varias semanas de por medio”, advierte.
ProInversión estima que el proceso puede completarse en aproximadamente 45 días calendario, considerando la priorización, los actos preparatorios y la contratación directa. El régimen excepcional permite prescindir del informe previo de la Contraloría General de la República, sin eliminar las competencias de control de esta institución.
«Esta preparación anticipada permitirá a las empresas responder oportunamente a las invitaciones que realicen las entidades públicas y presentar sus propuestas dentro de los plazos establecidos en el marco del OxI Exprés», sostiene.
Sin embargo, para Guasch el problema central está en las etapas previas a la ejecución. “Es necesario identificar qué trabajos se van a realizar, determinar dónde se ejecutarán, coordinar con las empresas privadas y seleccionar a las constructoras u operadoras responsables. Todo ello implica una serie de procedimientos que no pueden resolverse de un día para otro, incluso con un mecanismo como OxI Exprés”, explica.
José León Pacheco, socio del área de Derecho Administrativo y Regulatorio de Benites, Vargas & Ugaz, también advierte que los plazos estimados no siempre se cumplen en la práctica. «Ese plazo es un plazo estimado, sin embargo, la realidad de lo que hemos, de los operadores tanto del sector público como privado, nos hemos dado con la realidad de las cosas es que estos plazos estimados no llegan a cumplirse», sostiene.

¿Qué debe priorizar OxI Exprés?
Ante el escaso margen para completar grandes obras preventivas, Guasch plantea priorizar medidas de adaptación y preparación frente a la emergencia. “La prioridad debe ser evitar pérdidas humanas, porque el tiempo disponible para ejecutar grandes intervenciones preventivas es muy limitado”, señala.
Por su parte, Mori identifica intervenciones que pueden atender necesidades inmediatas, como el alquiler de maquinaria para retirar derrumbes y huaicos, la habilitación de vías alternas, el abastecimiento temporal de agua potable y el bombeo de aguas acumuladas. También menciona la atención sanitaria de pacientes febriles y la vigilancia del dengue.
Para la recuperación, considera que existe una oportunidad para instalar puentes modulares, recuperar carreteras y restablecer sistemas de agua y saneamiento, colegios y establecimientos de salud. “El segundo momento es la recuperación, que es donde creo que está la mayor oportunidad, porque el decreto sigue vigente durante todo el 2027”, sostiene.
No obstante, las intervenciones no deberían limitarse a reponer lo dañado. “Si se hace una descolmatación, que se acompañe de un encauzamiento o protección de riberas en los puntos críticos; y si se rehabilita una edificación, que se incluya el mejoramiento del drenaje pluvial o de las coberturas”, recomienda Mori.

La participación privada en Obras por Impuestos ofrece un antecedente para dimensionar el alcance general del mecanismo. Según cifras de ProInversión, al cierre de 2025 se habían adjudicado 1 105 intervenciones por S/ 16 969 millones desde su implementación en 2009, con la participación de 393 empresas. Solo durante 2025 se adjudicaron 501 proyectos e intervenciones por S/ 5 180 millones. Estas cifras corresponden al mecanismo general y no exclusivamente a OxI Exprés.
Para Guasch, la evaluación de los resultados tampoco debe limitarse al número de obras ejecutadas o al gasto realizado. Es necesario considerar si las intervenciones contribuyen a proteger vidas, mejorar la capacidad de respuesta y mantener servicios esenciales como el agua y la electricidad.
Las condiciones y los riesgos
Las empresas deben evaluar su capacidad financiera antes de comprometer recursos. Mori explica que muchas intervenciones pueden ejecutarse en periodos de 30 a 90 días y que las compañías deben financiar los trabajos desde el inicio, mientras que la recuperación mediante los certificados CIPRL o CIPGN llega después de la conformidad de la entidad pública.
“Creo que lo primero que una empresa tiene que evaluar ahorita es la liquidez inmediata con la que cuenta para asumir la ejecución de estos servicios”, afirma. Y añade: “Hay que tener claro cuánto capital se puede comprometer y por cuánto tiempo”.
La capacidad operativa también es determinante. Las empresas deben comprobar si cuentan con personal, equipos, proveedores y logística disponibles en las zonas donde se requieren las intervenciones. Mori identifica, además, un problema en la definición de los servicios: “La principal dificultad está en contar con una ficha o una idea del servicio que sea clara y que esté alineada a los lineamientos que han establecido los sectores”.
Por ello, recomienda evaluar las necesidades de cada territorio y elegir trabajos que se ajusten a la experiencia de la compañía. No se trata de participar en todas las convocatorias, sino de comprometerse con intervenciones que pueda ejecutar oportunamente.
La simplificación del procedimiento también plantea riesgos de control. León Pacheco advierte que una mala elaboración de los términos de referencia o una estimación inadecuada de los costos puede afectar la competencia y la ejecución.
“Es cierto que la apertura, la flexibilización de la utilización del mecanismo de contratación directa podría llevar a ese riesgo, es decir, a que haya una mala realización o estimación de los términos de referencia, una mala valorización e inclusive haya una preselección”, señala.
Frente a ello, el abogado sostiene que “es necesario que las opciones de control se ejecuten desde el primer momento”. Esto implica revisar los términos de referencia y el presupuesto referencial, documentar la selección de las empresas y garantizar que las invitaciones a varios postores se traduzcan en competencia efectiva.
La supervisión también debe responder a la complejidad de cada intervención. Para trabajos sencillos, la entidad pública puede asumir directamente el seguimiento. En las IOARR que involucren infraestructura de mayor complejidad, León Pacheco recomienda contar con supervisión especializada y verificar los avances mediante evidencia como metrados, fotografías georreferenciadas y actas.
La efectividad de OxI Exprés dependerá, por tanto, de que las entidades públicas prioricen las intervenciones y gestionen su ejecución a tiempo, y de que las empresas cuenten con los recursos necesarios para cumplir con los trabajos comprometidos. La simplificación de los procedimientos deberá ir acompañada de una contratación transparente y una supervisión adecuada para que la urgencia no comprometa la calidad de las intervenciones ni el uso de los recursos públicos.









