Por Stakeholders
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El plan de privatizaciones del presidente Javier Milei alcanzó uno de sus hitos más relevantes con la apertura de las ofertas económicas para la venta de AySA, la principal empresa de agua y saneamiento de Argentina. La adjudicación todavía debe completar algunos pasos administrativos, pero el resultado de la licitación deja prácticamente definido el regreso de la compañía al sector privado después de 20 años bajo control estatal.
La operación representa la mayor privatización concretada por el actual Gobierno en términos de ingresos directos para el Tesoro argentino. Sin embargo, el monto ofertado quedó por debajo de las expectativas oficiales, lo que ha reabierto el debate sobre el valor de los activos estatales, la gestión de los servicios públicos y el impacto que tendrá la nueva administración sobre millones de usuarios.
Un consorcio argentino lidera la compra de AySA en la era Milei
La mejor oferta económica correspondió a un consorcio encabezado por Rowing S.A., firma de ingeniería fundada por el empresario Walter Román, junto con Transclor, empresa vinculada al empresario Mauricio Filiberti.
La propuesta alcanzó los US$ 340,2 millones por el 90% del paquete accionario de AySA. El grupo también incorpora a la brasileña Arcos Saneamento e Participações y a PHX Aqua AR BV, radicada en Países Bajos.
El 10% restante de las acciones continuará en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
La única oferta competidora fue presentada por el grupo argentino Roggio, que ofreció US$ 285 millones.
Ambas propuestas quedaron por debajo de los aproximadamente US$ 450 millones que el Gobierno esperaba recaudar con la operación, según estimaciones difundidas durante el proceso de licitación.
La venta de AySA constituye hasta ahora la privatización más importante de la gestión de Milei en términos de recursos que ingresarán directamente al Estado.
Aunque la reciente venta de acciones de Metrogas alcanzó un volumen superior, los fondos obtenidos se destinaron a YPF, accionista de la operación, y no al Tesoro Nacional.
La privatización de AySA se suma a otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, entre ellas la venta de la metalúrgica IMPSA, la concesión de la hidrovía y la privatización de Transener, dedicada al transporte eléctrico.
El programa de privatización contempla inversiones estimadas en US$ 1.878 millones destinadas a obras, mantenimiento, mejoras operativas y expansión de infraestructura.
Sin embargo, el contrato no establece objetivos obligatorios de ampliación de cobertura para los primeros cinco años de gestión.
Actualmente, el servicio de agua alcanza al 75% del área concesionada, equivalente a unos 10,7 millones de habitantes, mientras que la cobertura de cloacas llega al 63%, alrededor de 9,1 millones de personas.
La concesión tendrá una duración inicial de 30 años y podrá extenderse por una década adicional. Al finalizar ese período, la cobertura mínima exigida deberá alcanzar el 90% en agua potable y el 75% en saneamiento
El regreso al sector privado en Argentina tras dos décadas de ausencia
La operación marca un cambio significativo en la historia reciente de la empresa.
En 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el Estado argentino rescindió el contrato de concesión de Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez junto con las compañías Agbar y Vivendi.
Tras la decisión, las empresas iniciaron una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), proceso que terminó con una compensación superior a US$ 384 millones pagada por Argentina.
Si se concretan los últimos trámites administrativos, AySA volverá al control privado exactamente veinte años después de aquella reestatización.
El Ministerio de Economía justificó la venta asegurando que AySA operaba bajo un esquema ineficiente y dependiente de recursos públicos.
Según el Gobierno, entre 2006 y 2023 la empresa recibió más de US$ 13.400 millones en transferencias del Tesoro Nacional.
“AySA era un modelo de disfunción administrativa. Pasa del despilfarro, la ineficiencia y la falta de cobertura a un sistema de inversión privada”, sostuvo la cartera económica en un comunicado.
El Ejecutivo también señaló que una parte importante del área concesionada continúa sin acceso a agua potable ni cloacas, mientras que las pérdidas de agua no contabilizada alcanzan el 42%, la morosidad aumentó del 4% al 16% y los costos operativos crecieron 80% durante los años de gestión estatal.
Antes de lanzar la licitación, el Gobierno implementó una reestructuración interna que incluyó incrementos tarifarios de 538% entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, además de la salida de aproximadamente 1.200 trabajadores mediante programas de retiro voluntario.
