Por Stakeholders
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Este jueves 14 de mayo, el Pleno del Congreso discutirá un dictamen que busca prohibir la pesca industrial dentro de las Áreas Naturales Protegidas (ANP).
La propuesta, que acumula los Proyectos de Ley 5666, 6668 y 7157, plantea la incorporación del artículo 27-A en la Ley de Áreas Naturales Protegidas (26834), reiterando la restricción de la actividad pesquera a gran escala en estos espacios y estableciendo que los permisos otorgados previamente deberán adecuarse a la nueva norma.
Debate legislativo en dos comisiones
El proyecto fue revisado en dos comisiones parlamentarias. La Comisión de Producción recomendó su archivo, mientras que la Comisión de Ambiente emitió un dictamen favorable, proponiendo un artículo único que prohíbe la pesca industrial en todas las categorías de ANP, permitiendo únicamente la pesca artesanal, de menor escala o la acuicultura que no afecte los fines de conservación.
La iniciativa no es reciente. El dictamen está listo desde el 8 de abril de 2024 y su debate fue inicialmente programado para el 7 de mayo, pero no se concretó. Su discusión llega ahora en un contexto en el que el Congreso se encuentra en la etapa final de su mandato.
El artículo 112.5 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas ya establece la prohibición de la pesca de mayor escala en estos espacios, medida vigente desde hace más de 20 años. La Corte Suprema confirmó esta disposición durante la audiencia por la demanda interpuesta en el caso Paracas, a inicios de este año.
Posición de la sociedad civil
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) subrayó que el Congreso debe “asegurar, en el ámbito de sus funciones, una discusión sobre la base de criterios técnicos, jurídicos e institucionales que fortalezcan la protección del patrimonio natural del Perú”.
Además, advirtió que es necesario “evitar medidas que puedan sentar precedentes contrarios a la integridad y adecuada gestión del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE)”.
El debate de este 14 de mayo marcará un punto clave en la definición de la política pesquera dentro de las áreas naturales protegidas.
La decisión del Congreso podría reforzar la protección ambiental y la gestión sostenible de los recursos marinos, o abrir un nuevo frente de controversia en torno a los derechos adquiridos y la actividad industrial en zonas de conservación.
