La COP4 del Acuerdo de Escazú cerró en Bahamas con la aprobación de diez decisiones clave que buscan reforzar la justicia ambiental, la transparencia y la protección de defensores ambientales en América Latina y el Caribe.

Entre los acuerdos destacan la creación de grupos de trabajo sobre emisiones y acceso a la justicia, hojas de ruta nacionales de implementación y un llamado a ampliar la adhesión regional al tratado, que aún no ha sido ratificado por todos los países firmantes.

Por Stakeholders

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La Cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP4), realizada del 21 al 24 de abril en Bahamas, cerró con una serie de decisiones orientadas a reforzar la implementación del principal tratado ambiental de América Latina y el Caribe, centrado en el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental.

Durante la reunión, los Estados parte aprobaron diez decisiones consideradas estratégicas; entre las más relevantes destaca la creación de dos grupos de trabajo regionales, uno enfocado en registros de emisiones y contaminantes, y otro orientado al acceso a la justicia ambiental. Estas instancias buscarán desarrollar herramientas técnicas y fortalecer la cooperación entre países frente a desafíos persistentes en transparencia, rendición de cuentas y protección de derechos ciudadanos.

Acuerdo de Escazú: ¿cuáles son los acuerdos que se establecieron en la COP4?

Hojas de ruta para acelerar la implementación

Otro de los acuerdos centrales fue la adopción de lineamientos metodológicos para que los países elaboren hojas de ruta nacionales de implementación. Estos instrumentos permitirán identificar brechas normativas e institucionales, definir prioridades y construir planes de acción con participación ciudadana. El objetivo es que cada Estado avance con metas concretas y un proceso más ordenado en el cumplimiento del tratado.

Nueva Mesa Directiva y agenda hacia 2028

La COP4 también definió la nueva Mesa Directiva que conducirá el proceso hasta la próxima conferencia. La presidencia quedó a cargo de Saint Kitts y Nevis, mientras que las vicepresidencias serán asumidas por Bahamas, Belice, Colombia y Panamá.

Asimismo, se confirmó que la COP5 se realizará del 20 al 22 de abril de 2028, en una sede aún por definir, lo que marca la continuidad del proceso regional de implementación del acuerdo.

Defensores ambientales y cooperación internacional

En la jornada final se revisaron avances del plan regional para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, uno de los pilares más innovadores del tratado. Además, se aprobó el fortalecimiento de alianzas con otros acuerdos multilaterales ambientales y una mayor articulación con agencias del sistema de Naciones Unidas.

La secretaría del acuerdo, ejercida por la CEPAL, tendrá el encargo de reforzar la cooperación técnica y el intercambio institucional para apoyar a los países en su implementación.

Llamado a ampliar la adhesión regional

Durante el cierre, los representantes regionales insistieron en la necesidad de ampliar la adhesión al tratado. Actualmente, el Acuerdo de Escazú ha sido firmado por 24 países y cuenta con 19 Estados parte. El Perú lo suscribió, pero aún no lo ha ratificado.

El acuerdo fue adoptado en Costa Rica en 2018 y entró en vigor en 2021; es el primer tratado ambiental de la región y el único a nivel global que incluye disposiciones específicas para la protección de personas defensoras del ambiente.

El director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, Carlos de Miguel, enfatizó la necesidad de ampliar su alcance regional: “Necesitamos llegar a los 33 países de América Latina y el Caribe ya que así avanzamos todos juntos, llegaremos más lejos”.

La COP4 reunió a 472 participantes entre delegaciones oficiales, organismos internacionales, especialistas y sociedad civil. Esta última volvió a tener un rol central, en línea con el principio del acuerdo que promueve una participación activa en las decisiones ambientales de la región.

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