Cuando nadie confía en nadie

La crisis institucional que vive el Perú suele explicarse como un problema político: gobiernos débiles, un Congreso desacreditado, corrupción recurrente y un sistema de justicia cuestionado. Pero esa explicación es incompleta. Detrás de esta fragilidad institucional existe un fenómeno más profundo: una crisis estructural de confianza. En el Perú no solo se desconfía del Estado; también se desconfía de las empresas, de los partidos políticos, de los medios y, muchas veces, de los propios ciudadanos. Cuando la desconfianza se vuelve la regla, las instituciones inevitablemente se debilitan.

Las instituciones funcionan sobre la base de expectativas compartidas. Para que una sociedad opere adecuadamente, las personas deben creer que las reglas se aplican de manera relativamente justa y que los demás también estarán dispuestos a cumplirlas. Cuando esa expectativa desaparece, se rompe el incentivo para cooperar. Si se asume que nadie respeta las normas, la reacción racional de muchos será hacer lo mismo.

En el Perú, este fenómeno ha terminado generando un círculo vicioso difícil de romper. La desconfianza alimenta el incumplimiento de reglas; el incumplimiento refuerza la percepción de que el sistema no funciona; y esa percepción profundiza aún más la desconfianza. El resultado es un equilibrio social negativo en el que las instituciones pierden capacidad de ordenar la vida colectiva.

En este contexto, la relación entre sociedad y empresa refleja también ese déficit de confianza. Una parte importante de la opinión pública observa a la empresa con sospecha. Con frecuencia se instala la idea de que la empresa obtiene sus utilidades a costa de las personas, como si el beneficio empresarial fuese, en sí mismo, una forma de abuso. Bajo esa lógica, el lucro aparece como algo moralmente cuestionable, más cercano a la explotación que a la generación de valor.

«Cuando nadie confía en nadie, las reglas dejan de ordenar la vida colectiva y las instituciones se vuelven frágiles».

Esta percepción revela una incomprensión más profunda sobre el papel económico y social de la empresa. En una economía moderna, las empresas no solo producen bienes y servicios; también generan empleo, inversión e innovación, y articulan cadenas de valor que multiplican esos efectos y contribuyen a la recaudación tributaria. La utilidad empresarial no es simplemente un beneficio privado: es la señal de que una actividad económica está generando valor de manera sostenible, siempre que esa utilidad no se construya externalizando costos sobre la sociedad o el entorno.

Paradójicamente, esa misma sociedad que mira con desconfianza a la empresa privada suele mostrar mayor tolerancia frente a empresas públicas ineficientes o deficitarias, como lo demuestra el caso de Petroperú. Las pérdidas de una empresa estatal rara vez generan la misma reacción crítica que las utilidades de una empresa privada. Sin embargo, esas pérdidas finalmente también son financiadas por los ciudadanos a través de recursos públicos.

Nada de esto significa desconocer que las empresas también deben actuar con responsabilidad. En sociedades con altos niveles de desigualdad y conflictividad social, el comportamiento empresarial es observado con mayor escrutinio. La integridad corporativa, la transparencia y el respeto por las personas y el entorno son condiciones indispensables para construir legitimidad. Pero esa legitimidad no puede surgir en un entorno donde la desconfianza es la norma.

Cuando nadie confía en nadie, las reglas dejan de ordenar la vida colectiva y las instituciones se vuelven frágiles. Reconstruir la confianza no es solo una tarea del Estado ni de las empresas. Es, sobre todo, un desafío cultural que involucra a toda la sociedad. Cuando nadie confía en nadie, el costo no lo paga solo el Estado o la empresa: lo paga la sociedad entera, en silencio y durante mucho tiempo.