La COP30, que se desarrolló en Brasil, ha puesto al agua en el centro de la conversación climática global. No es casualidad. La región amazónica, sede del evento, es la mayor reserva hídrica del planeta y, al mismo tiempo, uno de los territorios más amenazados por la deforestación, la degradación de suelos y los efectos crecientes del cambio climático. Los debates de estos días reflejan una preocupación común: sin seguridad hídrica no existe una base real para la adaptación climática ni para un desarrollo sostenible que incluya a todos los sectores.
Desde mi experiencia en sostenibilidad, he comprobado que la gestión del agua revela el verdadero nivel de madurez institucional de un país. Un territorio que gestiona bien su recurso hídrico protege simultáneamente su salud pública, su productividad agrícola, su industria, sus ecosistemas y, sobre todo, la confianza entre actores. Esa mirada integral aún es un reto pendiente en el Perú y en varios países de la región.
La evidencia es clara: sequías más severas, inundaciones inesperadas y cuencas que pierden capacidad de regulación. El ciclo natural del agua está cambiando, y lo hace más rápido de lo que nuestros sistemas de gestión están preparados para enfrentar. Por eso, la discusión de la COP30 insistió en fortalecer la resiliencia y la gobernanza hídrica como pilares para sostener cualquier estrategia climática.
El Perú vive una paradoja hídrica especialmente desafiante. La costa —donde se concentra la mayor actividad económica— depende de glaciares que retroceden aceleradamente. La sierra conserva prácticas ancestrales de manejo del agua, pero carece de la infraestructura que permita escalar su productividad de manera sostenible. La Amazonía, abundante en agua, enfrenta presiones por deforestación, actividades informales y contaminación. Cada región muestra una problemática distinta, pero todas se conectan en un punto común: la necesidad de gestionar el agua a escala de cuenca y con visión de largo plazo.
«El Perú puede ser un referente si logra articular esfuerzos y consolidar una visión de cuenca verdaderamente integrada».
En este contexto, la gobernanza hídrica se convierte en el primer pilar fundamental. No se trata solo de normas o entidades, sino de la capacidad real de articular a quienes tradicionalmente han trabajado de manera aislada: Estado, empresas, comunidades, academia y organizaciones de usuarios. Donde esa articulación funciona, los conflictos se reducen y los proyectos se sostienen en el tiempo. Donde no existe, los avances se diluyen rápidamente.
El segundo pilar es la infraestructura y las soluciones basadas en la naturaleza. La COP30 resaltó cómo las intervenciones en cabeceras de cuenca —bofedales, humedales, reforestación y recarga de acuíferos— son tan importantes como las grandes obras hidráulicas. Estas acciones fortalecen la resiliencia hídrica y determinan la calidad y la disponibilidad del agua en las zonas urbanas y productivas. El manejo de cuencas altas ya no puede seguir siendo una tarea marginal; es la raíz del sistema.
El tercer pilar es la eficiencia. En Perú, las pérdidas de agua en redes urbanas superan el 30 %, la agricultura sigue dependiendo del riego por gravedad y la reutilización de aguas tratadas es mínima. En estas circunstancias, ser eficientes ya no es una buena práctica: es un imperativo ético, económico y climático.
La COP30 representó una oportunidad histórica para América Latina: mostrar que la región puede liderar una agenda hídrica que combine desarrollo, inclusión y protección ecosistémica. El Perú, con toda su complejidad geográfica y social, puede ser un referente si logra articular esfuerzos y consolidar una visión de cuenca verdaderamente integrada.
Gestionar el agua es gestionar nuestro futuro. Y, como instituciones —desde el Estado, las empresas y la academia—, tenemos la responsabilidad de impulsar decisiones que aseguren que las próximas generaciones reciban un recurso más limpio, más seguro y mejor administrado que el que hoy está en riesgo.









