Por Yuri Cutipé - Psiquiatra de niños y adolescentes y salubrista, y exdirector de Salud Mental del Minsa
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En la última década, Perú ha sido reconocido por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud por la implementación de un modelo de atención en salud mental comunitaria. Este enfoque ha permitido acercar los servicios a la población y promover la integración social de las personas afectadas. Sin embargo, el reconocimiento internacional debe ser un incentivo para profundizar y ampliar estos esfuerzos, asegurando que la innovación llegue a todas las poblaciones del país. Ser ejemplo regional obliga al Estado a sostener y profundizar la reforma, no a reducirla a una etiqueta instrumental durante las campañas electorales.
A pesar de los avances, las cifras muestran una distancia entre los objetivos y la cobertura efectiva. Se ha pasado de una cobertura histórica de menos del 10 % de la demanda potencial a cerca del 30 %. El sistema público ha diseñado e implementado 294 Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC), unidades de hospitalización breves en 42 hospitales del Minsa y 94 hogares protegidos, además de haber dotado a más de 1500 establecimientos de salud del primer nivel de atención con profesionales de psicología y ha aumentado significativamente las atenciones registradas en los últimos años; sin embargo, la oferta sigue siendo insuficiente frente a la demanda y su financiamiento permanece limitado (2.6 % del presupuesto de salud del Perú) en términos relativos al tamaño del problema de salud pública (cada año 14 % de la población sufriría de un problema de salud mental de necesidad de atención profesional, población que incluye a asegurados SIS, de ESSALUD y otros seguros).
«La legitimidad técnica que Perú ha construido exige ahora la ambición política».
Cerrar la brecha requiere decisiones concretas que rara vez figuran en programas presidenciales: establecimiento de metas de cobertura territorial claras, financiamiento multianual condicionado a resultados, mecanismos de fiscalización del gasto regional y una política de recursos estratégicos que garantice la dotación continua de medicamentos, así como de recursos humanos que asegure la formación y retención de equipos en todo el país. Se estiman que la población peruana requiere algo más de 300 CSMC adicionales para acercarse a la cobertura recomendada (1 CSMC para 50 000 habitantes), mientras que la asignación presupuestal en salud mental sigue lejos de estándares internacionales (5 % del presupuesto del sector salud en países de ingresos medios, según OMS y el Banco Mundial) y presenta variaciones regionales que reproducen inequidades.
Priorizar la salud mental no es solo una cuestión de justicia social, sino también de desarrollo nacional. Los tomadores de decisiones y líderes tienen la responsabilidad de colocar este tema en el centro del debate electoral y de las futuras agendas gubernamentales. La evidencia, el reconocimiento internacional y la demanda ciudadana exigen respuestas concretas y urgentes. Las elecciones deben servir para preguntar y exigir planes concretos sobre cómo cada candidatura piensa cerrar las brechas operativas y el aumento progresivo del presupuesto en los próximos 5 años, así como asegurar continuidad institucional y priorizar la salud mental como eje de desarrollo humano y cohesión social. La legitimidad técnica que Perú ha construido exige ahora la ambición política para que ninguna persona quede atrás por falta de acceso a cuidados que ya demostraron ser eficaces cuando cuentan con recursos, equipo y gobernanza adecuada.
