Por Stakeholders
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Noventa años cumplió el MINSA y la salud en el Perú atraviesa una encrucijada histórica. A pesar de avances en aseguramiento universal y descentralización presupuestaria, persisten brechas estructurales que afectan de manera desproporcionada a las regiones más empobrecidas, urbano marginales, rurales y culturalmente diversas que resisten a pesar del sistema sanitario fragmentado y la pobreza y desigualdad.
En 2025, el Perú destinó aproximadamente el 4.1 % del PBI al sector salud. Para 2026, se proyecta un leve aumento a 4.3 %, vale decir que estamos aún lejos del 6 % recomendado por la OMS para garantizar cobertura universal efectiva. El presupuesto total para salud será de S/ 33 032 millones, representando el 12.8 % del presupuesto público nacional. Los gobiernos regionales recibirán un incremento del 8.6 % en sus asignaciones, lo que abre una ventana de oportunidad para cerrar brechas en el primer nivel de atención si se gestiona con enfoque territorial y participación ciudadana vinculante.
Las cifras son elocuentes. En regiones como Loreto, Ucayali y Lima Metropolitana, las coberturas de vacunación evidencian la fragilidad del primer nivel de atención y la falta de brigadas interculturales permanentes. La tuberculosis multi drogo resistente persiste en zonas urbanas densas como el Callao, mientras que la anemia afecta a más del 40 % de niños menores de tres años en Huancavelica, Puno y Loreto. El hambre infantil supera el 30 % en Apurímac, Ayacucho y Cajamarca, donde la desnutrición crónica sigue siendo una herida abierta.
«La vida digna no puede depender del lugar donde se nace».
Más de tres millones de peruanos no acceden a agua potable, especialmente en Amazonas, Loreto y Ucayali. Esta carencia impacta directamente en enfermedades infecciosas, diarreicas, anemia, desnutrición, donde el agua que beben es vector de enfermedad. La brecha de profesionales de salud es otro obstáculo estructural: en Madre de Dios, Loreto y Huancavelica hay menos de cinco médicos por cada 10 000 habitantes y la OMS señala que existan por lo menos diez. La concentración de especialistas en Lima genera saturación en el tercer nivel y derivaciones innecesarias desde el primer nivel, el cual debería tener mayor capacidad resolutiva. Aún hoy no existe una planificación prospectiva presupuestada para garantizar el número de profesionales que necesitamos formar para el primer y segundo nivel de atención por región según su perfil epidemiológico y social.
La pobreza monetaria y multidimensional agravan las desigualdades estructurales en salud. En Huancavelica, Loreto y Cajamarca, más del 40 % de la población enfrenta carencias simultáneas en salud, educación, vivienda y empleo. Por lo sustentado, urge territorializar el presupuesto sanitario según estos indicadores; ello permitiría una redistribución más justa y eficaz.
Garantizar el derecho a la salud implica acción territorial: requiere voluntad política regional y nacional, planificación multianual, inversión en talento humano local, interoperabilidad de sistemas, articulación intersectorial y movilización social para cambiar la cultura curativa de la salud en cultura de promoción, prevención y cuidado oportuno que atienda la diversidad humana. La vida digna no puede depender del lugar donde se nace. La descentralización no es solo técnica: es ética, política y profundamente humana, es la base de la justicia social que todo demócrata aspira.
