El desarrollo sostenible asoma en campaña

En el VI Congreso de Emprendedores Amazónicos, celebrado en junio del presente año en la Universidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María), seis precandidatos a la presidencia del Perú fueron invitados a compartir, de forma virtual, sus propuestas para el desarrollo sostenible de la Amazonía. En videos de alrededor de diez minutos, cada uno expuso sus ideas sobre una de las regiones más complejas del país. Sin embargo, más allá del evento mismo, sus intervenciones pasaron desapercibidas tanto para los medios nacionales como para el gran público. 

Ese silencio revela el lugar periférico que sigue ocupando la Amazonía en el debate público, incluso cuando se la alude en pleno contexto preelectoral. En las siguientes líneas, revisaremos qué dijeron los potenciales candidatos presidenciales en materia de sostenibilidad y Amazonía, a fin de comprender de qué forma estos temas vienen integrándose en las propuestas de política pública para el próximo gobierno desde distintas plataformas políticas.

Expansión estatal y tecnocracia

Alfredo Barnechea, presentado como jefe del plan de gobierno de Acción Popular, inició remarcando sus propuestas de integración territorial de la Amazonía a través de grandes obras. La Carretera Marginal de la Selva —proyecto central de la narrativa belaundista— es presentada como punto de partida de una segunda etapa de expansión estatal hacia el oriente peruano: la culminación de la Marginal hasta Tarija, la construcción de un tren transcontinental, y la interconexión fluvial entre Atalaya y Cusco. Su discurso, marcadamente orientado a la industrialización, incluyó también iniciativas productivas y tecnológicas como una reforestación orientada a la agroexportación, la creación de un Instituto Nacional de la Biodiversidad en Tarapoto con apoyo de la UE; y el establecimiento de una red de institutos científicos en innovación y cambio climático.

Pese a estas últimas referencias, la dimensión ambiental aparece como enunciados generales dentro de una propuesta centrada en megaproyectos de infraestructura, sin un desarrollo claro sobre cómo se garantizaría la viabilidad de las intervenciones. Por ejemplo, medidas como el uso de los recursos hídricos o la construcción de una hidroeléctrica fueron mencionados sin explicar cómo se implementaría su aprovechamiento, a diferencia de otras secciones que sí incluyeron proyecciones específicas. Finalmente, tampoco abordó las condiciones necesarias para una industrialización verdaderamente sostenible o efectiva en la Amazonía: capacidades locales, infraestructura existente, impactos socioambientales o las particularidades históricas e institucionales de la región.

“Ese silencio revela el lugar periférico que sigue ocupando la Amazonía en el debate público”.

Por el lado de Rafael Belaunde, presidente de Libertad Popular, se evidenció un planteamiento con fuerte énfasis tecnocrático, basado en el aprovechamiento del potencial económico de la Amazonía a través de la agroexportación, la infraestructura y el turismo. Partiendo de un diagnóstico territorial detallado, propuso convertir áreas agrícolas en zonas orientadas a la agroexportación, mediante obras viales, ferroviarias y energéticas, planteando equilibrar prosperidad y consideraciones ambientales. Además de referirse a casos concretos de rutas y puentes deteriorados, propuso conectar territorios aislados con el circuito logístico nacional, así como propuso interconectar Iquitos a la red eléctrica nacional desde Moyobamba, concretar la construcción del puente Nación Asháninka, realizar una nueva carretera desde Atalaya hasta Satipo, prolongar la Marginal de la Selva, y concretar un tren bioceánico que una Cruzeiro do Sul (Brasil), Pucallpa y el puerto de Chancay. A esto sumó el mejoramiento de aeropuertos y la infraestructura hotelera para impulsar el turismo vivencial, así como mejoras en la cobertura de agua potable, especialmente en zonas como Belén (Iquitos). 

Aunque la sostenibilidad figura en su discurso, la propuesta de Belaunde se construye principalmente desde una lógica técnica centrada en infraestructura, con abundantes cifras, rutas y referencias específicas que proyectan una familiaridad y conocimiento operativo del territorio. Sin embargo, ese énfasis en lo operativo deja poco espacio para la integración de temas como la institucionalidad ambiental, el manejo sostenible del suelo o la coordinación con actores locales. El resultado es una propuesta con solvencia técnica (incluso excesivamente elaborada en lo audiovisual) pero que no termina aún por cristalizarse.

Titulación de tierras y tecnicismos

En el caso de Hernando de Soto, quien intervino a nombre del Instituto Libertad y Democracia, su participación giró exclusivamente en torno a una propuesta: la titulación de tierras en la Amazonía como vía para facilitar el acceso al crédito, convertir recursos en activos productivos y conectar a las comunidades amazónicas con el mundo globalizado. A través de una exposición con pretensiones didácticas, De Soto sostuvo que todo ente necesita una «membrana» para interactuar con su entorno, y esa membrana serían los títulos de propiedad. Afirmó que, sin derechos de propiedad plenos, los habitantes amazónicos no pueden integrarse a los circuitos económicos formales ni atraer inversión, profundizando en detalles sobre los obstáculos que impiden esta formalización: más del 80 % del territorio amazónico sin coordenadas registradas, títulos no oponibles a terceros, trámites costosos e inaccesibles, entre otros.

Más allá de este diagnóstico reiterativo, su propuesta concreta se limitó a la necesidad de titular la tierra, sin acompañarla de medidas adicionales como, por ejemplo, la integración de su enfoque de propiedad con la diversidad cultural y jurídica de las comunidades indígenas, o de desarrollar otras medidas de política pública. Su intervención, además, no estuvo vinculada a una plataforma partidaria definida —tras su reciente renuncia a Progresemos—, lo que refuerza la percepción de un planteamiento más personal y centrado en sus temáticas habituales.

En el caso de Keiko Fujimori, presidenta de Fuerza Popular, su presentación consistió en un discurso cuidadosamente elaborado, con un lenguaje técnico (por ejemplo, alusión directa a la economía circular) y enfocado en transmitir una visión estructurada del desarrollo amazónico. Partió de un diagnóstico amplio sobre la riqueza amazónica, para luego plantear una serie de propuestas orientadas a una bioeconomía basada en cadenas de valor de productos maderables y no maderables, sistemas agroforestales, ecoturismo comunitario y reforestación de zonas degradadas. Asimismo, propuso medidas como ampliar la conectividad digital, promover la electrificación limpia, titular territorios indígenas y agrícolas, articular saberes ancestrales con innovación tecnológica y alianzas estratégicas con países del Asia Pacífico a través de proyectos de infraestructura. A nivel institucional, propuso la transformación digital del Estado, el fortalecimiento de gobiernos abiertos, lucha contra la corrupción y una mayor presencia en el territorio.

Sin embargo, más allá de lo amplio y superficial de su programa, la propuesta contiene observaciones. Aunque se mencionaron con claridad amenazas como la minería ilegal, el narcotráfico o la deforestación, las respuestas planteadas fueron sumamente generales (“mayor presencia del Estado”) o aludiendo a su relato político de crítica al Poder Judicial en términos velados (“una justicia imparcial”), desvirtuando un aspecto técnico. En particular, su postura respecto a la cooperación internacional que interviene en el territorio fue ambivalente: por un lado, celebró el rol de los entes cooperantes, pero por otro, denunció contubernios y sesgos de las ONG financiadas con dichos fondos. Su credibilidad también está en entredicho, considerando el rol activo que Fuerza Popular ha tenido junto con otras bancadas parlamentarias promoviendo medidas como la prórroga del REINFO, mecanismo que ha terminado por legitimar la minería informal en el país, incluida la Amazonía. 

Sostenibilidad y capital humano

La intervención de Wolfgang Grozo, presidente de Integridad Democrática, destacó por su tono disruptivo. Luego de denunciar al Estado como responsable directo del abandono de la Amazonía, su intervención giró en torno a tres ejes: seguridad, inclusión económica y una visión de largo plazo con elementos de sostenibilidad. Planteó fortalecer fiscalías especializadas contra el crimen ambiental, la trata y el narcotráfico; dotar a la policía amazónica de tecnología e inteligencia, y garantizar una justicia presente. A nivel económico, propuso facilitar la formalización a través de alianzas entre cámaras de comercio y gobiernos regionales, mejorando el acceso a crédito, asistencia técnica y compras públicas. Finalmente, presentó una visión al 2055 centrada en propuestas como bonos de carbono para comunidades indígenas, startups verdes lideradas por jóvenes amazónicos, conectividad satelital y la construcción de un tren ecológico transamazónico. A lo largo de su intervención, su tono crítico fue acompañado de un estilo performativo que buscó conectar emocionalmente con el público, al igual que el cierre simbólico con palabras en asháninka y awajún.

Aunque su presentación logró visibilizar a su agrupación política en un primer escenario público, su propuesta adolece de una estructura más sólida. Las iniciativas planteadas carecen de desarrollo institucional o técnico, y no hay claridad sobre los mecanismos de implementación o coordinación. Su enfoque de sostenibilidad quedó subordinada a un marco general de seguridad y reactivación económica, sin mención específica a otras políticas de soporte. 

“Fue notorio que las dimensiones ESG no recibieron la misma atención que los aspectos productivos”.

La propuesta de Alfonso López Chau, presidente de Ahora Nación, planteó un “proyecto amazónico” que integre justicia ambiental, transformación productiva y una educación intercultural bilingüe con alto componente científico y tecnológico. Uno de los ejes principales de su propuesta fue el fortalecimiento del capital humano amazónico a través de incorporación de espacios de innovación con laboratorios STEM en las escuelas, fomentar carreras científicas entre niñas y niños indígenas, crear una universidad de alto rendimiento para estudiantes amazónicos de último año, y otorgar becas para maestrías, doctorados y doble titulación. Este énfasis educativo busca resaltar su experiencia previa como rector universitario y la integración del conocimiento ancestral con la ciencia y tecnología de vanguardia. En lo económico, propuso una “transformación productiva con justicia ambiental”, apostando por la industrialización descentralizada de la Amazonía con base en hidrógeno verde, y la creación de un fondo soberano de reserva amazónica que invierta estratégicamente en servicios públicos. También incluyó propuestas de infraestructura como trenes amazónicos, conectividad, postas médicas y escuelas, bajo un esquema de shock de inversiones. Finalmente, propuso seguir el precedente que dejó el reconocimiento del río Marañón como sujeto de derechos.

Si bien su planteamiento tecnocrático destaca por integrar temas estratégicos y novedosos —como el uso del hidrógeno verde, la idea de un fondo soberano o el reconocimiento jurídico a los ríos—, su intervención también tuvo algunas carencias. La escala, sostenibilidad y viabilidad de muchas de sus propuestas no fueron del todo claras, y en ocasiones se expresó más en términos de deseos que de rutas de implementación. 

Una visión articulada

Un análisis global de las seis intervenciones permite identificar la existencia de varios puntos en común: un diagnóstico coincidente sobre las urgencias de la Amazonía, y una apuesta por su potencial como motor de desarrollo nacional. La infraestructura, en particular la ferroviaria, fue una de las principales apuestas compartidas como vía para conectar territorios, dinamizar economías y facilitar inversión, importante en un país que suele carecer de consensos. El formato establecido por el evento favoreció un enfoque tecnocrático, con propuestas articuladas desde la planificación, la transformación productiva y la innovación.

Sin embargo, reconociendo que el formato de diez minutos impone limitaciones, fue notorio que las dimensiones ESG no recibieron la misma atención que los aspectos productivos. En el plano ambiental, las propuestas fueron en general débiles en lo que respecta al fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, la gestión sostenible del territorio o la remediación de ecosistemas afectados. Desde la dimensión social, fue escasa la mención a la reducción de brechas, el reconocimiento cultural, el enfoque intercultural o mecanismos concretos para mejorar la calidad de vida en comunidades locales, considerando particularmente los impactos de las actividades ilegales sobre la alimentación y la salud materno-infantil. Si bien hubo referencias generales a educación o conectividad, pocas se conectaron con una estrategia articulada de desarrollo humano. Finalmente, en cuanto a la gobernanza, se ignoraron temas como la reforma del Estado a nivel subnacional, articulación con actores locales, o mecanismos efectivos de participación y control ciudadano. Tampoco se incluyeron respuestas frente a redes criminales transnacionales o iniciativas claras para fortalecer la institucionalidad democrática.

La indispensable promoción de la inversión en la Amazonía requiere de visión articulada del desarrollo sostenible y que tenga como eje a la ciudadanía y su calidad de vida. El verdadero desafío, como ha quedado demostrado una y otra vez en la política peruana, es pasar del discurso a la ejecución, superando esa disonancia cognitiva a la que tanto hemos estado acostumbrados. Solo así se podrá superar la lógica fragmentada y exclusivamente extractiva que ha predominado históricamente, y avanzar hacia un modelo de desarrollo inclusivo y con sentido de futuro.