“El desafío más urgente es institucionalizar una verdadera cultura de integridad”

¿Cuál es el principal objetivo del IX Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción que se celebrará en septiembre en Perú?

El objetivo central es ofrecer un espacio de diálogo y aprendizaje donde confluyan los sectores público, privado, académico y de la sociedad civil para debatir sobre las mejores prácticas, innovaciones y desafíos en materia de cumplimiento normativo y lucha contra la corrupción. Queremos que el Congreso siga siendo el gran punto de encuentro en el Perú que inspire acciones concretas y que refuerce el compromiso con la integridad en todos los niveles, combinando cuestiones técnicas con aspectos éticos, con una visión de presente y futuro.

¿Cuáles son los principales temas que se abordarán en esta edición del congreso, y por qué son particularmente relevantes para el Perú en este momento?

Se abordarán temas que siguen siendo clave como la integridad pública y los riesgos de corrupción en sectores estratégicos, pero también algunos de máxima novedad como el impacto y el uso de la inteligencia artificial en la ética y el cumplimiento, las nuevas tendencias internacionales en materia de compliance y estándares globales, la protección de datos personales, la ciberseguridad, así como la relación entre sostenibilidad, economía circular y gobernanza.

Estos temas son especialmente relevantes para el Perú en un contexto donde la confianza institucional necesita fortalecerse, y donde la sociedad demanda más transparencia y responsabilidad tanto del sector público como del privado.

¿A quién está dirigido el congreso y por qué sería importante que el sector privado y público participen activamente?

Está dirigido a oficiales de cumplimiento, directivos de empresas, abogados, consultores, funcionarios públicos, académicos y en general a todos los profesionales que tienen un rol en la toma de decisiones, también es de interés para estudiantes de posgrado ya que la temática ya se ha convertido en una competencia transversal exigida en el mercado laboral para acceder a posiciones relevantes.

Es vital que tanto el sector privado como el público y la sociedad civil participen, porque la corrupción no distingue fronteras. Solo con un trabajo conjunto se puede construir una cultura de integridad sostenible que genere confianza en la ciudadanía y mejore la competitividad del país.

“El compliance y la lucha contra la corrupción no son solo obligaciones legales”.

En los últimos años, ¿cómo ha evolucionado la percepción y el impacto de la corrupción en el Perú?

La percepción ciudadana sobre la corrupción en el Perú sigue siendo elevada y continúa afectando de manera significativa la confianza en las instituciones. Sin embargo, también es justo reconocer que hemos avanzado: hoy existe un debate público más abierto, se denuncian más casos y la presión social por exigir transparencia es cada vez más fuerte.

Tras nueve años de realizar este Congreso, hemos sido testigos e impulsores directos de un cambio importante: la corrupción dejó de ser un tema “tabú”, oculto bajo la alfombra, para convertirse en un asunto central en la agenda pública y privada. Hoy se discute en los foros más diversos y se abordan soluciones desde múltiples sectores. Además, miles de organizaciones, tanto públicas como privadas, ya cuentan con oficiales de cumplimiento, integridad o Compliance Officers, un rol que simplemente no existía en el Perú hace menos de una década; fíjese, incluso Perú está liderando a nivel mundial el número de certificaciones ISO antisoborno, algo que hubiera sido impensable hace unos años.

¿Qué sectores del país considera que son más vulnerables frente a la corrupción actualmente?

Históricamente, los sectores vinculados a la contratación pública, infraestructura, recursos naturales y servicios básicos han sido y siguen siendo los más vulnerables. No obstante, la corrupción puede infiltrarse en cualquier sector si no existen controles adecuados, transparencia en la gestión y un compromiso ético desde la alta dirección.

¿Cuáles son los desafíos más urgentes que enfrenta el Perú en materia de compliance y lucha anticorrupción?

El desafío más urgente es institucionalizar una verdadera cultura de integridad. No basta con tener normas o programas en papel; se requiere liderazgo, voluntad política y empresarial, así como sistemas eficaces de prevención, detección y sanción. También es fundamental la capacitación constante de profesionales y funcionarios para estar a la altura de las nuevas amenazas, como los delitos financieros y la manipulación tecnológica.

De cara a las elecciones generales de 2026, ¿cómo influye la lucha anticorrupción en el fortalecimiento democrático del Perú?

La lucha anticorrupción es un pilar esencial para el fortalecimiento democrático. Un país en el que la ciudadanía percibe a sus instituciones como corruptas es un país en el que inevitablemente se erosiona la confianza en la democracia. Si logramos que las elecciones de 2026 estén marcadas por la transparencia y la ética, estaremos dando un paso decisivo hacia la consolidación de un sistema político más estable y confiable.

Es hora de exigir, de una vez por todas, que los partidos políticos y las candidaturas trabajen bajo modelos de compliance auditados, con informes de resultados transparentes y accesibles para la ciudadanía. Persisten graves problemas en el país relacionados con la financiación de campañas y la influencia de los lobbies. En muchos casos, el verdadero riesgo no es que un gobernante se corrompa al llegar al poder, sino que ya arrastré prácticas corruptas desde el inicio de su carrera política, incluso antes de eso.

¿Qué papel pueden jugar el compliance y la transparencia en los procesos electorales y en la selección de candidatos éticos?

El compliance y la transparencia pueden y deben convertirse en garantes de la integridad en los procesos electorales. Si los partidos políticos y las candidaturas adoptan modelos de compliance auditados, con mecanismos claros de control financiero y con reportes abiertos a la ciudadanía, no solo se reduce el riesgo de corrupción en las campañas, sino que también se refuerza la confianza en quienes aspiran a gobernar.

La selección de candidatos éticos no puede quedar únicamente en un discurso; debe sustentarse en reglas claras de integridad, en sistemas de prevención y en una rendición de cuentas verificable. En un país como el Perú, donde la financiación política y la influencia de lobbies han generado enormes distorsiones, aplicar estándares de compliance en los procesos internos de los partidos sería un paso clave para garantizar que quienes lleguen al poder lo hagan libres de compromisos oscuros y con un verdadero compromiso con el interés público.

¿Qué recomendaciones darían desde la World Compliance Association para fortalecer la integridad en las instituciones públicas de cara al 2026?

Desde la World Compliance Association recomendamos, de cara al 2026, reforzar los programas de integridad pública con tres ejes fundamentales: prevención, transparencia y rendición de cuentas. La prioridad debe ser institucionalizar sistemas de compliance en todas las entidades públicas, con controles claros y responsables identificados que rindan cuentas de manera periódica.

También es clave garantizar la independencia de los órganos de control y dotarlos de recursos suficientes para cumplir su labor sin presiones políticas. A esto se suma la necesidad de fomentar la participación ciudadana y el acceso abierto a la información pública, porque la integridad se fortalece cuando la sociedad puede vigilar y exigir resultados.

¿Cuál es el rol actual de la World Compliance Association, tanto a nivel global como en el capítulo Perú, en la promoción de la cultura de cumplimiento?

La WCA es una organización internacional que busca promover la cultura de cumplimiento a través de formación, investigación, certificación y espacios de debate como este Congreso. A nivel global, trabajamos en la difusión de estándares internacionales y en la creación de comunidades de conocimiento. En Perú, el capítulo local se ha consolidado como un referente en la articulación con el sector público y privado, apoyando iniciativas legislativas, académicas y de capacitación.

¿Qué avances o logros concretos pueden destacar desde el capítulo Perú en la lucha contra la corrupción?

Podemos destacar varios avances importantes desde el capítulo Perú. En primer lugar, hemos impulsado espacios de diálogo multisectorial donde convergen sector público, privado, academia y sociedad civil, lo que ha permitido poner la integridad en el centro de la conversación. Asimismo, hemos contribuido a la capacitación de miles de profesionales en compliance y a la promoción de buenas prácticas en organizaciones locales e internacionales, visibilizando al compliance como una herramienta efectiva contra la corrupción.               

En el ámbito regulatorio, hemos participado activamente en debates legislativos y técnicos, impulsando medidas clave como la inclusión de la puntuación de las normas anticorrupción en procesos de licitación, el fomento de la legislación sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica, y la colaboración con entidades públicas para desarrollar marcos de integridad más sólidos.

¿Qué expectativas tienen sobre el impacto del IX Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción en las políticas públicas o prácticas empresariales del país?

Esperamos que este Congreso no solo sea un foro de discusión, sino que siga siendo un catalizador de cambios. Que las ideas, experiencias y casos de éxito compartidos se traduzcan en mejoras concretas en políticas públicas, marcos normativos y prácticas empresariales. La expectativa es que cada asistente salga con una visión renovada y con herramientas prácticas para implementar en su entorno.

¿Cuál es el mensaje central que desean transmitir a los ciudadanos, empresas e instituciones con este IX Congreso?

El mensaje es claro: la integridad es una tarea de todos. El compliance y la lucha contra la corrupción no son solo obligaciones legales, sino compromisos éticos que determinan el futuro de nuestras organizaciones y de nuestro país. Si trabajamos juntos, desde cada rol que nos corresponde, podemos construir un Perú más justo, competitivo y confiable.