Por Osmaro Villanueva
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El Instituto Peruano de Economía (IPE) advirtió que poner en marcha una mina en Perú puede tomar, en promedio, 40 años desde que se descubre un yacimiento hasta que inicia operaciones. En el caso del cobre, el proceso es todavía más prolongado: 62 años, muy por encima del promedio global de 28 años que reporta S&P Global.
El estudio, titulado “De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú”, elaborado a pedido del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), revela que la excesiva tramitología, los cuellos de botella institucionales y el avance de la minería ilegal han convertido al país en uno de los destinos más lentos y complejos para desarrollar proyectos mineros, pese a su enorme potencial geológico.
La paradoja del tiempo y la riqueza
Según el análisis, el 60% del tiempo que demora un proyecto corresponde únicamente a la fase de exploración y estudios de factibilidad. El 40% restante se consume en obtener permisos ambientales, autorizaciones adicionales y en la construcción de la mina.
En muchos casos, los plazos legales establecidos se extienden largamente debido a la falta de capacidad en las entidades públicas responsables, como SENACE o la ANA. A esto se suma la dificultad de alcanzar consensos con las comunidades y el marco normativo que impone más trámites que otros países mineros competidores.
El panorama internacional confirma que este es un problema global, pero más agudo en Perú. Hace 50 años, el 20% de los proyectos mineros entraba en operación en apenas una década. Hoy, esa cifra se redujo al 3%.
Competitividad en caída
La demora ha deteriorado la posición del Perú en el ranking mundial de atractividad para la inversión minera. De los 29 proyectos de cobre más grandes del mundo que están paralizados, 9 se encuentran en territorio peruano, lo que representa el 22% de la producción potencial global en espera.
Mientras países como Chile o la República Democrática del Congo aprovechan el boom de precios de los metales para atraer capitales, en el Perú la inversión minera se mantiene estancada en 2% del PBI desde 2020, menos de la mitad de lo que alcanzó en el ciclo anterior.
El Instituto Fraser, que mide competitividad minera, ha alertado sobre esta pérdida de atractivo por la incertidumbre política, la debilidad institucional y la falta de políticas consistentes de largo plazo.
Impacto en las regiones y en la pobreza
La minería es uno de los motores más potentes de la economía nacional. El sector genera 2,1 millones de empleos directos e indirectos, equivalente al 8,2% de la PEA. Pero, además, tiene un efecto transformador a nivel regional.
El caso de Apurímac es emblemático: gracias al arranque de operaciones mineras, pasó de ser la región más pobre del país a ocupar el puesto 16 en PBI per cápita en 2024, triplicando su economía en pocos años. En contraste, Cajamarca, pese a su enorme potencial aurífero, vio caer en 64% su producción de oro y hoy es la región más pobre del país.
El IPE sostiene que si se ejecutara toda la cartera de proyectos mineros en Perú, el aporte económico sería más de dos veces el PBI actual. Ese dinamismo permitiría replicar la reducción de más de 20 puntos porcentuales de pobreza que se logró entre 2007 y 2019, cuando la tasa cayó de 42% a 20%.
¿Qué hacer para revertir la tendencia?
El IPE plantea tres líneas de acción urgentes:
- Simplificación administrativa: agilizar permisos y fortalecer entidades como SENACE y la ANA para evitar cuellos de botella.
- Relación con comunidades: establecer mecanismos de diálogo más eficaces que reduzcan la conflictividad social.
- Lucha contra la minería ilegal: combatir con firmeza a la minería informal, que erosiona ingresos fiscales, genera daños ambientales y alimenta redes de criminalidad.
El instituto advierte que reducir los plazos de concesión sin resolver estos problemas estructurales solo abrirá la puerta para que crezca la minería ilegal.
Una oportunidad que se escapa
En momentos en que la transición energética y la demanda mundial de cobre y otros metales críticos abren una ventana histórica para los países productores, el Perú corre el riesgo de quedarse al margen.
“El reto ya no es solo descubrir nuevos yacimientos, sino lograr que se conviertan en minas operativas en plazos competitivos. Resolver esta traba es vital, porque la minería no solo es motor de crecimiento, sino también una herramienta de inclusión social y regional”, concluye el IPE.
