Derechos humanos - Desarrollo económico
INCORE 2025: Educación, salud y agua marcan la ruta de la competitividad regional en el Perú
Por Osmaro Villanueva
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El Índice de Competitividad Regional (INCORE), elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) desde hace 13 años, se ha consolidado como una de las principales herramientas para medir el desempeño de las 25 regiones del Perú. En su edición 2025, el índice evaluó 42 indicadores agrupados en seis pilares: entorno económico, laboral, infraestructura, salud, educación e instituciones.
Los resultados revelan un país con contrastes persistentes. Moquegua (7.38 puntos) se mantiene como la región más competitiva del Perú por cuarto año consecutivo, seguida de cerca por Lima Metropolitana y Callao (7.35 puntos), que lideran en infraestructura y educación. En el tercer lugar se ubica Arequipa, mientras que Tacna e Ica completan el grupo de las cinco más competitivas.
En el otro extremo, Loreto ocupa el último lugar (3.4 puntos), posición que mantiene desde hace una década, arrastrada por déficits en salud y educación. Le siguen Ucayali (4.0) y Puno (4.2), regiones con altos niveles de pobreza y severas carencias en servicios básicos.
“El INCORE es una herramienta para analizar cómo una región puede aprovechar sus recursos para generar bienestar, pero también evidencia las brechas que persisten año tras año”, señala Luciana Cáceda, economista senior del IPE y coautora de la edición 2025. Estas brechas, explica, no solo condicionan la productividad, sino que impactan directamente en las oportunidades de desarrollo de millones de peruanos.
Educación: el capital humano como motor de competitividad
La educación es uno de los pilares centrales del INCORE, no solo porque mide logros inmediatos en infraestructura y rendimiento, sino porque se proyecta en el largo plazo a través del capital humano. En la edición 2025, Lima Metropolitana y Callao lideran el pilar con un puntaje de 8.6, consolidándose en el primer lugar desde 2020. La región se ubica en la cima de cuatro de los siete indicadores evaluados, lo que refleja un desempeño sólido en materia de acceso y calidad.
El informe destaca que el 89% de los estudiantes en Lima culminan la secundaria, frente al 84% registrado el año anterior. Asimismo, los resultados en matemáticas muestran una recuperación significativa: el porcentaje de estudiantes de cuarto de primaria con rendimiento satisfactorio aumentó de 26% a 34%. En lectura, Lima se ubica en el cuarto puesto a nivel nacional.
Sin embargo, no todas las regiones muestran un panorama alentador. Tumbes protagoniza el mayor retroceso de la última década, al pasar del sexto puesto en 2016 al décimo tercer lugar en 2025. El deterioro responde a problemas en infraestructura escolar —especialmente en la cobertura de agua y desagüe en locales educativos públicos— y a un estancamiento en los logros de aprendizaje en primaria.
Cáceda enfatiza que la educación es determinante para la competitividad a largo plazo: “El capital humano es clave: la educación tiene un impacto directo en el crecimiento futuro de las regiones, porque define las capacidades de las nuevas generaciones para insertarse en el mercado laboral formal y productivo”.
En este sentido, los resultados del INCORE también revelan la magnitud de las desigualdades. Mientras Lima se consolida con indicadores cercanos a estándares internacionales, regiones como Loreto y Cajamarca enfrentan severas brechas en infraestructura escolar y bajos niveles de logro educativo, lo que las mantiene rezagadas en el pilar.
Salud: avances en cobertura, pero la anemia sigue golpeando
El pilar de salud presenta una paradoja. Por un lado, se ha convertido en el más competitivo del INCORE 2025, con un puntaje promedio nacional de 6.1, el más alto desde que se mide este componente. Por otro lado, persisten problemas estructurales como la anemia infantil, que limitan las posibilidades de desarrollo de las nuevas generaciones.
Moquegua se ubica en el primer lugar en salud (8.4 puntos) por quinto año consecutivo. La región lidera en indicadores como cobertura de personal médico público y desnutrición crónica, además de mostrar un avance notable en vacunación: del puesto 15 al 9, al elevar su cobertura de 62% a 71% en el último año. No obstante, enfrenta un retroceso preocupante en anemia infantil, que aumentó de 33% a 39%, ubicándola en el puesto 13 a nivel nacional en este indicador.
Un caso distinto es el de Pasco, que protagoniza uno de los avances más importantes de la década. Su puntaje en salud pasó del puesto 21 al 7, gracias a una reducción sostenida de la anemia infantil: de 43.8% en 2016 a 36.2% en 2025, en un contexto en el que la tendencia nacional fue al alza. Este avance explica en gran parte el salto de Pasco del puesto 22 al 14 en el ranking general de competitividad.
En contraste, regiones como Loreto y Amazonas registran cifras alarmantes: alrededor del 50% de los niños entre 6 y 35 meses sufren anemia. Este problema, advierte Cáceda, trasciende la salud: “La anemia repercute en el rendimiento educativo y limita el desarrollo a largo plazo de las personas. No es solo un tema de salud pública, es un desafío social y económico que condiciona el futuro de las regiones”.
Los datos del INCORE confirman esta visión. En las regiones con mayores tasas de anemia y desnutrición, los logros educativos son sistemáticamente más bajos, lo que refuerza el círculo vicioso de baja productividad, pobreza y exclusión.
Agua e infraestructura básica
El acceso a agua potable y saneamiento es otro de los componentes que el INCORE mide dentro del pilar de infraestructura, y que se vincula directamente con sostenibilidad y salud pública. En la edición 2025, Lima Metropolitana y Callao mantienen el liderazgo en infraestructura (8.3 puntos), destacando en indicadores como acceso a agua clorada y uso de internet.
No obstante, Lima muestra un retroceso en el acceso a agua: la cobertura bajó de 95% a 93% de hogares en el último año, aún lejos del 97% alcanzado en 2020. Este descenso, aunque moderado, refleja la presión creciente sobre los servicios básicos en zonas periurbanas, donde la expansión poblacional dificulta la implementación de redes de conexión.
Las brechas más severas se concentran en el norte y la selva. Piura, Tumbes y Loreto enfrentan los niveles más bajos de acceso a agua apta para consumo humano y continuidad del servicio. En estas regiones, las interrupciones de varias horas al día son frecuentes, lo que limita la calidad de vida y restringe la competitividad regional.
En contraste, Moquegua, Tacna y Lima destacan entre las regiones con mayor acceso a agua clorada y saneamiento, lo que contribuye a su posicionamiento en los primeros lugares del índice. “El acceso a agua y saneamiento aporta directamente a ciudades limpias y al bienestar de la población; donde hay déficit, la competitividad se estanca”, explica Cáceda.
La desigualdad en este indicador refleja, además, un desafío de gestión territorial. En regiones amazónicas, la dispersión poblacional y las condiciones geográficas complejizan la provisión de servicios básicos, lo que evidencia la necesidad de soluciones diferenciadas según el contexto.
Competitividad, pobreza y sostenibilidad
Más allá de los pilares específicos, el INCORE 2025 confirma una correlación clara entre competitividad y pobreza. Las regiones con mayores puntajes en el índice tienden a registrar menores niveles de pobreza monetaria. Por ejemplo, cuatro de las cinco regiones más competitivas también se ubican entre las de mayor PBI per cápita. En contraste, de las ocho regiones con mayor pobreza en 2024, cinco están en el tercio inferior del ranking: Cajamarca, Loreto, Puno, Huánuco y Huancavelica.
Para Luciana Cáceda, este hallazgo evidencia que la competitividad no es un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar el bienestar: “Una región más competitiva genera mayores oportunidades de crecimiento para su población, mediante empleo formal e ingresos más altos, lo que a su vez impacta en la reducción de la pobreza”.
El informe también subraya la importancia de la articulación. Sin una gestión eficiente de los recursos, incluso las regiones con altos ingresos —como las beneficiadas por canon minero o petrolero— pueden quedar rezagadas en competitividad. “Si no hay articulación entre sector público, privado y sociedad civil, será muy difícil ejecutar políticas de bienestar”, advierte Cáceda.
Una hoja de ruta en clave electoral
La publicación del INCORE 2025 coincide con un contexto político especial: el inicio del proceso electoral que definirá nuevas autoridades regionales y nacionales. Para el IPE, el índice no solo es un diagnóstico, sino una herramienta de planificación. “En este contexto de elecciones, el INCORE puede servir para visibilizar brechas y orientar las prioridades de política pública de acuerdo con las particularidades de cada región”, sostiene Cáceda.
De cara al futuro, la economista subraya dos prioridades: educación y salud, pilares del capital humano, y agua e internet, componentes de infraestructura básica. “Son los factores que tendrán un impacto más fuerte en la competitividad a largo plazo, porque condicionan tanto la productividad como el bienestar de las personas”, afirma.
En paralelo, el IPE trabaja en la elaboración de un índice de sostenibilidad regional, que permitirá incorporar variables ambientales a la medición de competitividad. Este esfuerzo busca complementar la visión económica y social con un enfoque ambiental, clave en un país altamente vulnerable al cambio climático.
El INCORE 2025 confirma que el Perú avanza de manera desigual. Mientras regiones como Moquegua y Lima consolidan su liderazgo, la selva y parte del sur andino permanecen rezagados en educación, salud y acceso a agua. Estas brechas no son solo estadísticas: reflejan limitaciones concretas en el desarrollo humano y en la capacidad del país para crecer de manera sostenible.
“Si no se trabaja articuladamente, regiones como Loreto, Cajamarca y Amazonas seguirán en los últimos puestos de competitividad”, advierte Luciana Cáceda. El reto, entonces, es convertir la información del INCORE en políticas públicas efectivas que prioricen el cierre de brechas. La sostenibilidad de la competitividad regional dependerá, en última instancia, de cuánto se invierta en el capital humano y en los servicios básicos que garantizan calidad de vida.
