Por Denisse Torrico
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El 13 de agosto de 2025, la presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley de Amnistía que concede perdón a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa implicados en la lucha contrasubversiva (1980–2000).
La mandataria celebró la fecha como “un día histórico” y aseguró que la norma “rinde justicia y honra” a quienes combatieron al terrorismo. Sin embargo, la medida ha generado una ola de críticas nacionales e internacionales por su impacto en derechos humanos, memoria y justicia.
Para Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el país enfrenta un retroceso sin precedentes tras la aprobación de esta ley. Sostiene que lejos de propiciar reconciliación, esta norma “le dice a las víctimas que lo que vivieron no existió” y busca “borrar el pasado”.
“Premia a quienes no merecen reconocimiento. La ley perpetúa la impunidad y desconoce el derecho de las víctimas a la justicia. Su promulgación, en presencia de condenados por violaciones a los derechos humanos, es inmoral y simbólicamente devastadora”, señala.
Víctimas y memoria ignoradas
Pariona, quien proviene de una comunidad afectada por la violencia política en 1988, recordó que la norma desconoce décadas de trabajo judicial y pruebas acumuladas: documentos, testimonios, investigaciones, incluso confesiones militares.
“Lo que se les dice a las víctimas es que lo que vivieron no existió. Es un golpe a su dignidad y a su verdad. Muchas familias caminaron años para obtener una sentencia; hoy el Estado les da la espalda”, afirmó.
La dirigente cuestionó que la promulgación se haya realizado en presencia de condenados por crímenes de lesa humanidad, como el exintegrante del Grupo Colina, Rivera Lasso, involucrado en la masacre de La Cantuta.
Cabe mencionar que más de 600 casos en curso y 150 sentencias peligran por Amnistía de Dina Boluarte. La norma podría liberar a figuras como Santiago Martín Rivas, líder del Grupo Colina; Telmo Hurtado, conocido como “el carnicero de los Andes”; y mandos militares implicados en masacres como las de Barrios Altos, La Cantuta, Cayara y Accomarca.
Obstáculos y rutas legales
Pariona subrayó que la norma contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos y desconoce sentencias de la Corte Interamericana (CIDH), que prohíben amnistías en casos de violaciones graves.
“La Corte ha convocado a una audiencia el 21 de agosto y agotaremos todos los mecanismos internacionales para revertir esta ley. Los jueces nacionales también tienen competencia para no aplicarla, como ocurrió en la época de Fujimori”, explicó.
La fiscal superior Rosario Quico Palomino también advirtió que solicitarán a la Fiscalía de la Nación una acción de inconstitucionalidad, aunque la propia Pariona desconfía del Tribunal Constitucional.
“La mayoría de sus miembros responde a intereses políticos y podría declarar la ley constitucional. Nuestra estrategia se enfocará en la Corte Interamericana y en jueces nacionales independientes”.
En paralelo, los congresistas Edgard Reymundo y Alfredo Pariona presentaron proyectos de ley para derogar la amnistía, señalando que esta vulnera derechos fundamentales y debilita procesos judiciales claves.
Un país bajo observación internacional
La imagen internacional del Perú ya sufre consecuencias. La CNDDHH alerta que la aprobación de la norma coloca al país en riesgo de ser incluido en el capítulo 4B del sistema interamericano, junto a Venezuela, Nicaragua y Cuba. “Es un aislamiento político y ético que deteriora nuestra democracia”, advierte Pariona.
La secretaria de la CNDDHH también enfatizó que detrás de la ley existen motivaciones políticas. “Hay un uso electoral de la narrativa de defensa de las Fuerzas Armadas y la Policía, sectores que hoy sostienen a la presidenta. Esta es una estrategia para reforzar alianzas políticas a costa de la justicia y la memoria del país”.
La otra cara: defensores de la ley
Fuerza Popular y congresistas de derecha, como Jorge Montoya y Fernando Rospigliosi, defienden la norma como un acto de justicia hacia quienes enfrentaron al terrorismo. Alegan que más de 1.200 familias de militares y policías han soportado años de procesos judiciales.
No obstante, para organismos de derechos humanos, esta narrativa invisibiliza a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas cometidas en el mismo periodo.
Entre los potenciales beneficiados por la medida están mandos militares que han eludido la acción de la justicia, como el general José Valdivia Dueñas, quien mandaba las fuerzas que en mayo de 1988 acabaron con la vida de 29 personas en Cayara, Ayacucho.
Otros, como Santiago Martín Rivas, encarcelado por liderar el llamado Grupo Colina, el comando que perpetró las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, podrían salir de prisión sin haber cumplido su condena ni indemnizado a las víctimas.
