Por Osmaro Villanueva
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Por primera vez desde que se tiene registro, el valor del oro extraído ilegalmente en el Perú podría equiparar —e incluso superar— a las exportaciones formales del metal precioso. Así lo advierte el Instituto Peruano de Economía (IPE), alertando que de no aplicarse una estrategia estatal contundente, este fenómeno alcanzará dimensiones históricas.
“Estas exportaciones de oro ilegal alcanzarían los 12 000 millones de dólares en 2025. Y eso significa que es 60% más de lo que se exportó ilegalmente en 2024”, señala María Alejandra Ormeño, jefa de Políticas Públicas del IPE, en diálogo con Stakeholders. El dato es demoledor: desde 2019, las exportaciones ilegales de oro se han cuadruplicado, mientras que las formales solo se han duplicado.
Un incentivo global para una economía ilegal en expansión
El alza internacional del precio del oro, que en los últimos cinco años ha crecido un 70% y hoy supera los USD 3,000 por onza, debería ser un estímulo para la minería formal. Sin embargo, la realidad muestra lo contrario. “Este mayor precio, cuando no se tienen los controles suficientes, incita a las actividades ilegales”, advierte Ormeño.
A este factor externo se suma un problema interno: la incapacidad del Estado para implementar políticas efectivas. “Si tú tienes un Estado incapaz de poner políticas y hacer frente a esta creciente economía ilegal, entonces se va a seguir fomentando”, sostiene.
El REINFO
Creado en 2017, el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) fue concebido para dar un plazo a los mineros artesanales con miras a su formalización. Sin embargo, las sucesivas ampliaciones han generado el efecto contrario. “Lo que se está dando es como un blindaje para que muchos de los mineros produzcan de manera ilegal y estén amparados por el régimen sin ningún tipo de responsabilidad penal”, explica la especialista.
Los datos son reveladores: más de 50,000 registros ya estaban suspendidos por más de un año, y apenas el 2% de los inscritos en el REINFO permanecen activos.
Crimen organizado y violencia: la otra cara del oro ilegal
La minería ilegal ya no es solo un problema económico y ambiental; está directamente vinculada con la violencia y el crimen organizado. El caso de Pataz, en La Libertad, es emblemático. “Las bandas delincuenciales ya están completamente vinculadas con la minería ilegal y en muchos casos ya no es un problema únicamente económico, sino también un problema social y de inseguridad ciudadana”, afirma Ormeño.
Entre 2019 y 2024, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes se duplicó en regiones con alta presencia de minería ilegal, como La Libertad, Madre de Dios y Arequipa. Estas tres regiones concentran un tercio de los registros suspendidos del REINFO y el 40% de los yacimientos de oro del país.
La “blanqueada” del oro y un negocio sin precedentes
Un aspecto crítico es la cadena de trazabilidad. El número de empresas procesadoras y comercializadoras de oro se ha triplicado en la última década. “Solo en 2025 se crean 82 nuevas procesadoras y 58 comercializadoras nuevas al mes. Esto es un ritmo claramente sin precedentes”, advierte la representante del IPE.
Muchas de estas empresas son formales en el papel, pero reciben oro extraído ilegalmente. Una vez que ingresa al circuito legal, el mineral “se blanquea”, ocultando su origen violento y ambientalmente destructivo.
Según un reciente informe del Gobierno, esta actividad ilícita ha ocasionado una pérdida superior a los S/7,500 millones en impuestos no pagados entre los años 2023 y 2025. Esta cifra refleja un grave perjuicio para la economía nacional, al privar al Estado de recursos fundamentales que pudieron destinarse a infraestructura educativa, sanitaria y de seguridad.
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Aunque menos visible, la minería ilegal también avanza sobre el cobre, especialmente en el corredor minero del sur que abarca Arequipa, Cusco y Apurímac.
Si bien el IPE aún no tiene cifras exactas, Ormeño advierte que se están dando “indicadores que muestran que la minería ilegal también se está dando en el tema de cobre”, lo que podría replicar el patrón de violencia y criminalidad del oro.
Un negocio que eclipsa a otras economías ilícitas
La magnitud económica de la minería ilegal de oro es tal que supera ampliamente a otras actividades ilícitas. Según estimaciones del IPE, las exportaciones de oro ilegal son “cuatro veces más que las de cocaína y las de tala ilegal”, subraya Ormeño.
El contraste es abismal: entre enero de 2015 y junio de 2025, la minería ilegal generó USD 78,000 millones, mientras que el tráfico ilícito de drogas alcanzó cerca de USD 20,000 millones y la tala ilegal apenas USD 871 millones, según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú.
Incluso frente a la economía formal, el oro ilegal es arrollador. “No hay ninguna región que supere en exportaciones no tradicionales a las del oro ilegal”, afirma la especialista.
Data oficial lo confirma: Las exportaciones regionales no tradicionales aumentaron un 10,8 %, alcanzando más de USD 12,2 mil millones en 2024. Entre las regiones con mayor volumen de exportaciones destacan Piura, con USD 2 782 millones; Ica, con USD 2 729 millones; La Libertad, con USD 2 631 millones; Lambayeque, con USD 917 millones y Arequipa, con USD 590 millones. Ninguna región mueve en bienes y servicios lo que el oro ilegal genera.
Recomendaciones y acciones urgentes
Para enfrentar esta amenaza, el IPE propone fortalecer la trazabilidad, cerrar vacíos legales y coordinar controles transfronterizos con países vecinos como Bolivia, Ecuador y Brasil, por donde también fluye el contrabando.
El retiro reciente de 50,000 registros suspendidos del REINFO es un paso en la dirección correcta, pero insuficiente. “Quedan 30,000 registros que todavía deberían revisarse y es necesario tener plazos estrictos en el tema de formalización”, señala Ormeño, quien además pide un rol fiscalizador más articulado que involucre al MINEM, MININTER, SUNAT, Aduanas y organismos ambientales.
La advertencia es clara: la minería ilegal de oro no es un fenómeno aislado ni pasajero. Es un negocio criminal que crece más rápido que la capacidad de respuesta del Estado, que erosiona las finanzas públicas, degrada el medio ambiente y alimenta la violencia en amplias zonas del país.
