Por Ing. Cary Vílchez - Presidenta del Capítulo de Ingeniería Ambiental del Colegio de Ingenieros del Perú
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En las dos últimas décadas, el Perú ha desarrollado un cambio digital intensivo. Se han abierto claras y nuevas oportunidades al comercio y a la conectividad, casi sin fronteras. No obstante, existe una dimensión crítica que hemos pasado por alto: ¿qué ocurre cuando estos dispositivos llegan al fin de su vida útil? O aún sin ocurrir ello, los nuevos modelos compiten con gran ventaja (por sus nuevas versatilidades) con la ansía de cambiar los “antiguos” por los de modelo 2025, acelerando el consumo por nuevas unidades.
Los resultados son catastróficos. Según el Global E-Waste Monitor 2024, cada peruano ha generado en promedio 6,3 kg de residuos electrónicos (RAEE) en 2024. De dicha cifra solo menos del 3 % ha sido reciclado o tratado adecuadamente. El resto terminó en rellenos sanitarios, botaderos informales o incluso desmantelado de forma artesanal, liberando metales pesados y contaminantes peligrosos. Al igual que en toda Latinoamérica y el Caribe, el Perú está consumiendo tecnología a ritmos acelerados, pero no cuenta con la capacidad técnica, normativa ni cultural para gestionar sus consecuencias. En un inicio se establecieron puntos de acopio para equipos electrónicos, básicamente provenientes de la telefonía celular, pero este sistema se ha tornado en una contramarcha por aspectos logísticos (cantidades y lugares de disposición final), favorecida por la falta de promoción del Estado en su manejo.
«Según el Global E-Waste Monitor 2024, cada peruano ha generado en promedio 6,3 kg de residuos electrónicos (RAEE) en 2024».
Los compromisos de sostenibilidad ESG colocan a las empresas en el centro de este debate. No se trata únicamente de una cuestión ambiental, es estrategia, reputación, compliance, trazabilidad y ojalá competitividad, porque vemos que esta última aún no se hace presente entre las firmas electrónicas en Perú a este respecto de los RAEE. Es también un problema de flujo de caja y contabilidades, activos y pasivos; debido a que en algunas empresas aún existen demoras y obstáculos para derivar el bien sujeto a ser reciclado, considerando la cadena de valor. Es decir, la entrega de cientos y miles de estos aparatos electrónicos (CPU, pantallas, teléfonos, etc.), por ejemplo, a recicladores oficiales o, a falta de estos, a informales. Sin mencionar la existencia de una etapa de intermediación de la corrupción en este intercambio o “entrega” de bienes.
Podemos resumir el problema en múltiples frentes. Primero, el marco normativo aún es insuficiente, y su aplicación es escasa. Aunque existen disposiciones como el Decreto Supremo N°001-2012-MINAM, que establece una Responsabilidad Extendida del Productor (REP), en la práctica son pocas las empresas tecnológicas o importadoras que cumplen con dichas obligaciones. Los sistemas de acopio y logística inversa están subdesarrollados, y muchas municipalidades carecen de los recursos o capacidades técnicas para apoyar estos procesos. Segundo, la informalidad en el manejo de dichos residuos. Miles de niños y adolescentes desmantelan televisores, CPU, celulares y otros dispositivos sin medidas de seguridad. Esta práctica, aunque marginal en términos económicos, tiene un alto costo en salud pública y daño ambiental. Plomo, mercurio, cadmio y otras sustancias peligrosas son liberadas al aire, agua y suelo, afectando comunidades enteras.
Tercero, la ciudadanía desconoce el valor real de los residuos tecnológicos. Existe una falsa percepción de que un celular o laptop “obsoletos” o dañados son simplemente basura. Pero estos residuos contienen componentes reutilizables y metales preciosos como oro, plata, litio y cobre. En modelos eficaces de economía circular, estos materiales pueden reintegrarse a las cadenas de valor, generando ingresos, empleo verde y ahorro de recursos.
Cuarto, importadores, fabricantes, operadores logísticos, recicladores formales, Gobiernos locales y usuarios finales están desvinculados. Sin incentivos y obligaciones, seguiremos atrapados en un círculo vicioso.
Estar preparado desde ahora será una ventaja competitiva. El Perú enfrenta un dilema ineludible: ¿cómo seguir avanzando en digitalización, sin colapsar bajo el peso de lo que desechamos? Este es un dilema ambiental, pero también empresarial, social y económico.
