Por May Portuguez - Profesora investigadora Centrum PUCP
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Integrar los derechos humanos en la gestión empresarial no es un ideal, sino una necesidad estratégica y ética que responde a los desafíos sociales, ambientales y económicos de nuestro tiempo. Durante años, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) fue el marco más utilizado para explicar cómo las empresas se relacionaban con la sociedad. Sin embargo, en un contexto cada vez más exigente en términos de transparencia, sostenibilidad e inclusión, este enfoque ha dado paso a conceptos más integrales y exigentes, como la Conducta Empresarial Responsable (CER) y el enfoque de Empresas y Derechos Humanos.
Tal como señala la OCDE, estos marcos comparten una idea central: las empresas deben considerar el impacto de sus decisiones en las personas, el medio ambiente y las comunidades como parte fundamental de su actividad, y no como un aspecto secundario. Esto implica avanzar hacia una gestión que no solo cumpla con la ley, sino que contribuya de forma activa a prevenir daños, atender sus consecuencias y aportar al desarrollo sostenible.
«Avanzar hacia una conducta empresarial responsable es una oportunidad para repensar el rol de la empresa en la sociedad».
En este escenario, el Perú ha logrado avances importantes. Desde 2021, cuenta con un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA-EDH), que lo convierte en uno de los pocos países de América Latina con una política pública específica en la materia. Este plan se articula con compromisos internacionales, como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, y busca que tanto empresas públicas como privadas incorporen procesos de prevención de riesgos, establezcan mecanismos efectivos de reparación y refuercen su compromiso con una conducta empresarial ética. Además, el país dispone de leyes claves como la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Ley de Protección de Datos Personales, que fortalecen la protección de los derechos fundamentales en entornos empresariales.
No obstante, contar con normas no es suficiente. Uno de los principales desafíos es lograr que estos marcos se apliquen de manera real y cotidiana en las empresas. Muchas aún no logran conectar las políticas públicas con su cultura organizacional, especialmente en sectores donde predominan la informalidad, la tercerización y la escasa supervisión. A ello se suma la necesidad de mejorar los sistemas de monitoreo, facilitar el acceso a mecanismos de queja y reparación para las personas afectadas, y brindar apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan aplicar estos principios en su gestión diaria. El reto no es solo legal, sino también cultural y operativo.
Avanzar hacia una conducta empresarial responsable es una oportunidad para repensar el rol de la empresa en la sociedad. Algunas acciones fundamentales para lograrlo incluyen: definir políticas claras sobre derechos humanos; identificar y gestionar los riesgos en toda la cadena de valor; implementar mecanismos eficaces para prevenir y reparar impactos negativos; formar al personal en todos los niveles; y construir relaciones éticas y transparentes con proveedores y aliados. Estas acciones, integradas en un proceso de debida diligencia, permiten a las organizaciones actuar con coherencia, generar confianza y aportar al desarrollo sostenible.
Las empresas que adopten este enfoque no solo estarán mejor preparadas para enfrentar riesgos o cumplir con futuras regulaciones. También estarán contribuyendo activamente a construir una economía más justa, sostenible y competitiva. El momento de pasar del compromiso a la acción ha llegado.
