Por Armando Casis - Director de Sostenibilidad de ESAN
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En las últimas décadas, la manera de entender las inversiones ha cambiado profundamente. Lo que antes era visto como un campo reservado a la rentabilidad pura y dura, hoy integra una mirada mucho más amplia, donde el impacto social, ambiental y ético importa tanto como los números.
Este cambio de enfoque responde a un contexto global marcado por el aumento de desastres climáticos, la persistencia de problemas sociales y una creciente preocupación por la gobernanza. En este escenario, las finanzas sostenibles y los nuevos instrumentos financieros han cobrado una importancia creciente entre los principales actores del sistema financiero mundial.
Justamente, las finanzas sostenibles representan una tendencia global en expansión, que comienza a consolidarse también en países como el Perú. Aunque el término puede sonar técnico, su esencia es clara: movilizar recursos hacia actividades económicas que protejan el medio ambiente, promuevan el bienestar social y sean financieramente viables.
Esta idea no nació de un día para otro. Ya en los años 90, algunos fondos comenzaron a excluir sectores considerados dañinos —como armamento o tabaco— en lo que se conoció como inversión socialmente responsable. Más adelante, con el auge del enfoque ESG (ambiental, social y de gobernanza), el concepto se volvió más sofisticado y ambicioso.
«Las finanzas sostenibles representan una tendencia global en expansión, que comienza a consolidarse también en países como el Perú».
En paralelo, el mundo vivía crisis climáticas, escándalos corporativos y una creciente demanda por transparencia. Todo esto hizo que la inversión sostenible dejara de ser una opción marginal para convertirse en parte del debate central sobre el futuro económico global. Así, en 2007, el Banco Europeo de Inversiones lanzó el primer bono verde. Luego lo hizo el Banco Mundial. Y desde entonces, el crecimiento ha sido exponencial. La Unión Europea marcó un antes y un después al establecer normas claras, como la Taxonomía de Finanzas Sostenibles y el reglamento SFDR, que buscan evitar el greenwashing y dar confianza a los inversionistas. Otros países no se quedaron atrás: China desarrolló su propio estándar y naciones emergentes como México o Colombia ya cuentan con marcos regulatorios sólidos.
¿Y el Perú? Aunque llegó más tarde a esta conversación, ha logrado avances notables. En 2014, la empresa Energía Eólica S.A. emitió el primer bono verde corporativo de América Latina. En 2018, la Bolsa de Valores de Lima publicó una guía para este tipo de instrumentos. Y en 2023, el gobierno sorprendió con la emisión de su primer bono soberano sostenible en soles, por más de S/ 16 000 millones.
Ese mismo año, el Ministerio del Ambiente lanzó una Hoja de Ruta de Finanzas Verdes, comprometiéndose a desarrollar una taxonomía nacional antes de 2025. Este instrumento, aunque suene técnico, es crucial: define qué actividades pueden considerarse sostenibles y facilita que los recursos lleguen a donde realmente pueden generar impacto.
Pero no todo está hecho. Aún faltan incentivos fiscales, herramientas de medición confiables y más claridad para el mercado. Sin una taxonomía oficial, los inversionistas se mueven con cierta incertidumbre. Además, hay que reforzar la capacitación en bancos, empresas y entidades públicas para que el enfoque sostenible deje de ser algo “adicional” y se vuelva parte del corazón del sistema financiero.
El Perú, sin embargo, tiene algo valioso: un ecosistema financiero cada vez más involucrado. Desde bancos que ofrecen hipotecas verdes y microcréditos biofinancieros, hasta reguladores como la SMV que promueven buenas prácticas, el país ha demostrado que puede liderar en la región.
El sector financiero también puede contribuir a la transición hacia una economía circular y baja en carbono financiando sectores, empresas y proyectos sostenibles y ayudando a acelerar la transición. Es el área de las finanzas la que asigna y moviliza el capital necesario para lograr esta transición.
En definitiva, las finanzas sostenibles no son solo una moda o una exigencia internacional. Son una oportunidad concreta para construir una economía más resiliente, inclusiva y preparada para el futuro. Lo difícil no es sumarse a esta tendencia, sino sostener el compromiso en el tiempo y traducir las buenas intenciones en resultados tangibles.
