Por Jimena Sologuren - Presidente de PERUMIN 37
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Hoy, más que nunca, hablar de inversiones sostenibles no es una opción, es una necesidad. En un país como el Perú, diverso en cultura, geografía y con grandes desafíos estructurales, la sostenibilidad debe ser parte inherente de toda iniciativa económica que aspire a generar un impacto positivo y duradero. Toda inversión verdaderamente responsable incorpora una visión de sostenibilidad: no se trata solo de obtener rentabilidad, sino de hacerlo cuidando el entorno, promoviendo el bienestar social y asegurando la continuidad de los recursos.
El sector privado no es ajeno a esta visión. Por el contrario, hay ejemplos —poco visibilizados— que demuestran que cuando las empresas integran la sostenibilidad en su ADN, sus resultados se traducen en progreso compartido. La minería, por ejemplo, ha dado pasos importantes en esta ruta. No solo implementa estándares socioambientales en sus operaciones, sino que también impulsa inversiones con un alto impacto social y económico.
La minería formal es, de hecho, la actividad privada que más inversión social directa realiza en el Perú. Lo hace a través de programas orientados a educación, salud, infraestructura productiva y desarrollo de capacidades mediante mecanismos como inversión directa, donaciones u obras por impuestos.
En Arequipa, Cerro Verde ha recuperado la salud del río Chili, mejorando la calidad de vida local. En Cajamarca, Yanacocha avanza con la futura construcción de la represa de Chonta, un proyecto que busca asegurar el acceso al agua para las comunidades y actividades productivas del entorno. No es un gesto aislado, es una apuesta de largo plazo por la seguridad hídrica de la región.
«La minería formal es, de hecho, la actividad privada que más inversión social directa realiza en el Perú».
La minería formal articula con los diversos actores del territorio y del gobierno nacional, y fruto de este esfuerzo conjunto se logran avances importantes en la atención de la salud y educación que impactan directamente en mejorar la calidad de vida de miles de peruanos. En La Libertad, Poderosa, junto con el Comité de Desarrollo Comunal de Vijus (Pataz) elevó la categoría del centro de salud en beneficio directo de la población.
A ello se suman los miles de personas que han fortalecido sus habilidades productivas gracias a capacitaciones, asistencia técnica y transferencia de tecnologías, iniciativas que generan autonomía, fortalecen economías locales y mejoran la calidad de vida.
Desde la industria minera, buscamos maximizar nuestro impacto en el desarrollo del territorio donde operamos, no concentrando los esfuerzos sino articulando con el Estado, pues es fundamental entender que la responsabilidad del desarrollo no recae únicamente en el sector privado. Una gestión social efectiva requiere de la participación activa de todos los actores: autoridades, comunidades y ciudadanía. Los recursos públicos deben ser bien administrados, las decisiones locales deben enfocarse en el bienestar colectivo y las alianzas público-privadas deben ser promovidas con una visión de largo plazo.
Si logramos consolidar una cultura de sostenibilidad — basada en el diálogo, la transparencia y la colaboración— las oportunidades de desarrollo se multiplican. Hoy, el Perú tiene una cartera de inversión minera superior a los 60 000 millones de dólares. Estos proyectos no solo implican la construcción de unidades mineras, sino también caminos, empleo digno, compras locales, crecimiento empresarial regional y generación de capacidades. Son oportunidades concretas para transformar realidades.
El reto está en ver estas inversiones no como amenazas, sino como motores de cambio. La sostenibilidad no debe ser un eslogan, debe ser una práctica viva, con acciones medibles, alianzas genuinas y resultados tangibles. Hagámoslo posible.
