Por Stakeholders
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El distrito de Lobitos, en la provincia piurana de Talara, se vio nuevamente afectado por un derrame de petróleo que despertó preocupación ambiental y sanitaria entre los vecinos. El incidente, ocurrido en el pozo 383 del Lote VI —una instalación aparentemente inactiva operada por la empresa estatal Petroperú—, ha motivado el despliegue de equipos de emergencia, una investigación oficial y hasta la suspensión de clases escolares.
Según informó Petroperú, el incidente fue detectado tras la aparición de fluidos de producción, como petróleo crudo, agua y lodos, en las inmediaciones del pozo. En respuesta, la compañía activó de inmediato su plan de contingencia y movilizó a su personal técnico para contener la emergencia y mitigar el impacto ambiental. Al cierre del martes 8 de julio, la empresa reportó un 95 % de avance en las labores de limpieza.
Sin embargo, las acciones iniciales de respuesta no estuvieron exentas de dificultades. La petrolera denunció que vecinos del lugar impidieron el ingreso de los equipos técnicos, lo que generó un retraso en la atención del derrame y aumentó el riesgo de afectación al ecosistema. Asimismo, en un comunicado, Petroperú alertó que encontró señales de manipulación en la válvula del pozo y daños en la malla perimetral de seguridad, por lo que solicitó la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) para investigar las causas reales del evento.
“El área afectada ya se encuentra limpia en un 95 %, luego de las labores realizadas por personal especializado de la empresa, las mismas que continuarán hasta que la zona quede totalmente limpia”, indicó Petroperú, reiterando su compromiso con el cuidado ambiental y el buen relacionamiento con las comunidades cercanas a sus operaciones.
Desconfianza de los pobladores ante Petroperú
A pesar de la versión oficial, la población local ha expresado su escepticismo y desconfianza. Dirigentes, pescadores y vecinos de Lobitos acusan a Petroperú de negligencia y señalan que el derrame es responsabilidad directa de la empresa. La aparición de petróleo en el suelo del colegio José Pardo y Barreda fue el punto de quiebre: ante el riesgo para la salud de los estudiantes, las autoridades locales decidieron suspender las clases presenciales como medida preventiva.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) se hizo presente en la zona y comenzó un proceso de supervisión para evaluar la magnitud del impacto, determinar las causas del derrame y establecer posibles responsabilidades. Un representante de OEFA informó que el área afectada por el derrame se extiende a lo largo de 500 metros lineales, desde el norte hacia el sur.
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“Hemos dimensionado el área, hemos visto los puntos más relevantes y también hemos conversado con la población acerca de lo que ha pasado”, señaló el vocero del organismo.
Este nuevo derrame ocurre en un contexto de creciente desconfianza hacia la petrolera estatal, cuya situación financiera también ha encendido las alertas en el Ejecutivo y el Congreso. Mientras algunos sectores evalúan nuevas medidas de apoyo económico, otros advierten sobre la necesidad de una fiscalización más estricta para evitar que eventos como este se repitan.
La población de Lobitos, por su parte, exige que se tomen acciones inmediatas y responsables que garanticen la protección de su salud, del medioambiente y de sus derechos como ciudadanos. Aún cuando el crudo parece retirado, la mancha de la desconfianza y la indignación permanece.
