Por Renzo Rojas
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El Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022 – 2025 (PNISC 2022-2025), elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, es un instrumento que se establece como una estrategia para transformar la provisión de infraestructura pública en una herramienta de desarrollo sostenible e inclusivo. En este se priorizan 72 proyectos que pertenecen a sectores como transportes, educación, electricidad, comunicaciones, entre otros.
Christian Contreras, coordinador del Programa de Infraestructura en The Nature Conservancy Perú, señala que es positivo que el país cuente con un documento de este tipo que incorpore dimensiones de sostenibilidad y el enfoque territorial. A la fecha, existen dos versiones (2019 y 2022) y el Gobierno está ahora trabajando en una nueva actualización que se presentaría este año.
“Este plan debería promover un amplio debate nacional para contar con una visión de país de largo plazo en materia de infraestructura, con una participación ciudadana efectiva en la que cada región hable desde su propia realidad, desde sus propias necesidades y aspiraciones. Así, la infraestructura debería satisfacer las necesidades de la población de manera eficiente y respetuosa con el medio ambiente, a la vez que se promueva la resiliencia y la mejora de la calidad de vida”, indica.
Para Contreras, en el país existen múltiples desafíos para contar con una infraestructura sostenible. En principio, es condición necesaria ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de infraestructura en todo el territorio nacional, los cuales prioricen el cierre de brechas y que a su vez permitan impulsar la competitividad y dinamismo económico de los territorios.
“Asimismo, necesitamos empezar una transición hacia una infraestructura sostenible, para lo cual será necesario trabajar en un marco de sostenibilidad que deben tener los proyectos de infraestructura, a través de integrar criterios de sostenibilidad ambiental y social y de resiliencia climática desde el diseño de los proyectos, lo cual es una consideración de máxima urgencia en tiempos definidos por retos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación ambiental y la desigualdad social”, menciona.
Otro punto importante, continúa, es que se debe considerar el enfoque territorial, lo cual significa planear desde el territorio, incluyendo la identificación de sus potencialidades y las limitaciones que les dificultan desarrollarse. Todo ello promoviendo una participación ciudadana efectiva, fortaleciendo la transparencia y el acceso a la información, así como la rendición de cuentas.
“Además, la infraestructura de hoy no responde a una visión de largo plazo. Los planes y políticas sectoriales o territoriales no tienen horizontes de largo plazo, con vigencias que van por lo general al año 2030. Finalmente, se requiere mejorar la coordinación entre los diversos sistemas administrativos del Estado relacionados con la inversión pública; específicamente, el sistema de inversión pública, el de presupuesto y el de planeamiento estratégico”, detalla.
En la práctica, en el caso de la ciudad de Lima, considerando sus características geográficas y ubicación estratégica, se debe promover su rol como una metrópoli competitiva, resiliente y de proyección internacional, como Hub nacional y regional, nodo logístico, comercial, industrial y de transporte, que combine cultura, negocios, gastronomía y naturaleza.
“Para ello, va a requerir optimizar la articulación entre el principal aeropuerto del país y los mega puertos de Chancay y el Callao, con su respectiva infraestructura complementaria para alcanzar su pleno potencial, así como con los principales puertos, aeropuertos y corredores viales y ferroviarios del país y de la región”, concluye.
