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Dos décadas de oro fuera de control: minería ilegal habría generado más de 3 mil toneladas
Un negocio millonario y fuera de control: el país acumula dos décadas de expansión minera ilegal sin un sistema oficial que mida ni contenga sus consecuencias.
Por Osmaro Villanueva
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En los últimos 20 años, se habrían producido entre 475.83 y 3,260.09 toneladas de oro no registrado, generando una riqueza estimada de entre US$23,361 y US$165,357 millones, según una sistematización de estudios realizada por la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible FCDS Perú. Incluso el cálculo más conservador supera ampliamente los presupuestos anuales de varios sectores del Estado. Sin embargo, hasta hoy, el país carece de un sistema integral de monitoreo y control sobre esta actividad.
Y el tiempo corre. Según las cifras oficiales del Ministerio de Energía y Minas (Minem), más del 78% de los inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) han sido suspendidos por no cumplir con la entrega de la Declaración Anual Consolidada (DAC), una herramienta que debería permitir conocer cuánta producción real existe en el país. Sin embargo, los vacíos de información, las inconsistencias y la permisividad normativa han contribuido a que la ilegalidad se expanda con cada subida en el precio del oro.
Un oro más caro, un delito más lucrativo
El oro no solo es brillante, también es impredecible. En enero de 2003, la onza de oro se cotizaba en 343.80 dólares. Para diciembre de 2023, había alcanzado los 2061.70 dólares, y en junio de 2025 ya bordea los 3374 dólares por onza, un incremento de casi 500% en poco más de dos décadas. Este alza vertiginosa ha multiplicado el atractivo de la minería ilegal, sobre todo en regiones como Madre de Dios, La Libertad, Puno, Piura, Arequipa y Amazonas, donde el oro se extrae muchas veces al margen de toda ley.
«Los estudios analizados nos dan una idea de la magnitud de la minería ilegal de oro en el Perú y es importante mencionar que todos se enfocan en las cifras y registros de producción y exportación de oro metálico; sin embargo, la producción y comercialización del oro metálico podría no ser la única fuente de salida del oro ilegal«, puntualiza el informe de la FCDS.
La consecuencia ha sido el fortalecimiento de economías subterráneas y redes criminales que operan impunemente, incluso disputando territorios con la minería formal. El caso más reciente —y escalofriante— fue el asesinato de 13 mineros en la provincia de Pataz, atribuido a organizaciones criminales que controlan zonas ricas en oro. La violencia ha escalado a niveles que recuerdan al narcotráfico en sus peores épocas: secuestros, asesinatos, explosivos y extorsiones forman parte del paisaje minero ilegal.
El Estado ausente y las cifras de oro ilegal que no cuadran
A pesar de la abrumadora evidencia sobre el crecimiento de la minería ilegal, el Estado aún no cuenta con un sistema confiable de medición, monitoreo ni trazabilidad. Las declaraciones oficiales de producción difieren radicalmente de las cifras de exportación. En Madre de Dios, por ejemplo, ninguna de las 776 unidades registradas en el Directorio Minero presentó su DAC en 2023, pero las estadísticas nacionales registran que 294 unidades produjeron casi 1.5 toneladas de oro. ¿Quién está mintiendo?
Más aún, el análisis de 15 estudios realizados entre 2003 y 2024 —incluyendo los de SBS, Macroconsult, MININTER, Convoca y Ojo Público— evidencia que el oro ilegal no se limita al metal en bruto. También se encuentra en joyería, desmontes y concentrados, rubros que no son monitoreados, lo que amplía aún más las rutas del contrabando y el lavado.
¿Qué se necesita para cambiar?
Combatir este flagelo requiere mucho más que operativos policiales o leyes parche. Se necesita un sistema robusto de trazabilidad del oro, que permita rastrear el metal desde su extracción hasta su exportación. Asimismo, urge cerrar el Reinfo en los plazos establecidos, desarrollar un sistema unificado de medición de la producción y fortalecer las capacidades de fiscalización ambiental y tributaria.
La magnitud del negocio es difícil de dimensionar. Con sus estimaciones máximas, el oro ilegal producido en 20 años equivale al 74.8% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional del 2023. Si fuera una empresa, superaría con creces a cualquier grupo económico del país. Y, sin embargo, no paga impuestos, no respeta derechos laborales y destruye ecosistemas enteros.
Lo más alarmante es que, mientras el oro siga subiendo, y el Estado siga mirando para otro lado, este negocio ilegal seguirá creciendo. Con él, la violencia, la contaminación, la impunidad.
Y el Perú, rico en oro, pero empobrecido en Estado.
