Por Stakeholders
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En una decisión histórica, el Consejo Regional de Puno aprobó el pasado 24 de abril una ordenanza que declara al lago Titicaca como sujeto de derecho. La medida, impulsada por la Red de Mujeres Lideresas Unidas en Defensa del Agua y el Lago Titicaca, otorga personalidad jurídica al lago más alto del mundo, reconociéndole derechos como existir, ser restaurado y regenerado.
La ordenanza regional, resultado de más de cuatro años de trabajo comunitario, establece un marco legal ecocéntrico para garantizar la preservación y recuperación del ecosistema, duramente afectado por la contaminación de aguas residuales, residuos sólidos y metales pesados.
Sin embargo, el Gobierno central, a través de un comunicado firmado por los ministerios de Ambiente, Justicia y Derechos Humanos, Cultura, y Desarrollo Agrario y Riego, expresó su rechazo. Argumentan que la norma vulnera la Constitución y genera un conflicto de competencias entre niveles de gobierno. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) también manifestó su disconformidad.
Desde el Ejecutivo se cuestiona que una autoridad regional otorgue derechos a un ecosistema sin respaldo legal nacional, calificando la ordenanza de “ineficaz jurídicamente”.
La cuenca del Titicaca lleva más de una década en proceso de recuperación. Desde 2013, una Comisión Multisectorial liderada por el Ministerio del Ambiente intenta coordinar acciones frente a la grave contaminación del lago. Sin embargo, los avances son limitados. De las diez plantas de tratamiento de aguas residuales priorizadas, solo seis están en ejecución, según exfuncionarios.
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La situación ecológica del Titicaca es crítica: metales pesados, residuos industriales y aguas servidas han alterado su biodiversidad. La emblemática rana gigante del Titicaca se encuentra en peligro de extinción y eventos de floración de algas han matado a cientos de peces y anfibios.
El debate no es aislado. En 2024, un juzgado reconoció al río Marañón como sujeto de derechos. Son casos que reflejan un cambio de paradigma hacia una visión ecocéntrica que desafía los marcos legales tradicionales.
Mientras el conflicto entre el Gobierno regional de Puno y el Ejecutivo continúa, el lago Titicaca sigue a la espera de acciones efectivas que frenen su deterioro. La ordenanza no solo abre una puerta legal, sino que pone en el centro del debate la urgencia de proteger un ecosistema vital para Perú y Bolivia.
