Por José Luis Ruiz - Profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico
Lectura de:
La transición energética en el Perú se ha consolidado como un eje estratégico para garantizar seguridad energética, reducir emisiones de gases de efecto invernadero y promover un desarrollo económico inclusivo. Con una matriz energética históricamente dependiente de hidrocarburos y centrales hidroeléctricas, el país debe avanzar hacia la diversificación con proyectos solares, eólicos y geotérmicos, aprovechando el vasto potencial de su territorio.
Potencial y proyectos en energías renovables
El Perú destaca por condiciones excepcionales para energías renovables: la radiación solar en la región sur, la buena calidad del viento para fines energéticos en múltiples puntos del litoral y el potencial para aprovechar caídas de agua con hidroeléctricas a pequeña escala. El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) anunció la identificación de una cartera de 153 proyectos con distinto grado de avance, incluyendo 53 solares, 42 eólicos y 58 hidroeléctricos, con inversiones que superan los US$31 000 millones. Cabe indicar que estos proyectos aportarían una generación de 26 GW, una fracción pequeña del potencial estimado para estas tres fuentes renovables en más de 1000 GW.
También hay lugar para la innovación y adaptación a las condiciones del territorio. Por ejemplo, Statkraft Perú impulsa el proyecto Emma en Piura, que combina energía eólica y solar y LupI en Moquegua, que se convertirá en la planta solar más alta del mundo a 4500 m s.n.m., demostrando adaptabilidad a condiciones extremas.
«El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) anunció la identificación de una cartera de 153 proyectos con distinto grado de avance».
Impacto socioeconómico y ambiental
La transición energética no solo reduce emisiones (el sector eléctrico aporta el 8 % de las emisiones nacionales), sino que impulsa el desarrollo local. Los cientos de miles de sistemas fotovoltaicos instalados en zonas rurales han mejorado acceso a educación, salud y actividades productivas, reduciendo la migración urbana. En la minería, proyectos solares han disminuido el uso de diésel, mientras que, en agroindustrias, sistemas off-grid optimizan refrigeración de productos. En todos los casos, estas inversiones en el medio rural tienen un impacto positivo en la generación de puestos en construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras.
Desafíos para una transición efectiva
A pesar del progreso, persisten barreras críticas. Se requiere actualizar la normativa del sector para atraer inversiones en renovables y facilitar la integración de tecnologías emergentes como almacenamiento en baterías o hidrógeno verde. La obtención de permisos y terrenos retrasa proyectos, con trámites que pueden extenderse hasta tres años. Además, la dependencia de combustibles fósiles en nuestra matriz energética y la falta de incentivos fiscales claros frenan la inversión privada.
La cadena de suministro global también impacta: el 70 % de los paneles solares y turbinas eólicas se importan de Asia, encareciendo costos. A esto se suman limitaciones en infraestructura de transmisión, especialmente en la Amazonía, donde Iquitos aún depende de centrales diésel.
El éxito de la transición requiere una agenda multisectorial. El MINEM debe continuar impulsando la Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde y promover reformas para agilizar licencias y actualizar normas para permitir contratos de largo plazo con generadores renovables. La electrificación del transporte y la industria es clave, más allá de los pilotos de movilidad eléctrica o la adopción de energía solar en las operaciones de algunas empresas industriales.
El Perú puede construir su futuro sobre la base del aprovechamiento de sus recursos energéticos renovables, pero necesita acelerar reformas y cerrar brechas de financiamiento. Los flujos de financiamiento sostenible pueden ser claves para que el país pueda combinar su riqueza natural con innovación tecnológica para contribuir a la mitigación del cambio climático, la equidad social y la resiliencia económica, consolidando una transición justa e inclusiva.
