Por Stakeholders
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Con la publicación de la Ley 32315 en el boletín Normas Legales de El Peruano, el Congreso de la República ha dado luz verde a un ambicioso plan para llevar el gas natural a miles de hogares y empresas que hoy dependen de combustibles más costosos y contaminantes. La norma desplegará una serie de iniciativas diseñadas no sólo para reducir las brechas de acceso energético, sino también para proteger el medio ambiente y garantizar un suministro estable de hidrocarburos.
La nueva ley encomienda al Ministerio de Energía y Minas (Minem) el diseño y ejecución de proyectos de distribución de gas natural a través de redes de ductos, con la opción de convocar a concursos públicos para adjudicar la obra a firmas privadas. Si un proceso de licitación quedara desierto, el Minem podrá delegar directamente a empresas estatales la construcción y operación de las infraestructuras necesarias.
Para financiar estas obras, la norma habilita recursos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) y del Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos (SISE), siempre según la disponibilidad presupuestal y el Plan de Acceso Universal a la Energía que apruebe la cartera. Con ello se busca acelerar la instalación de redes y puntos de almacenamiento en zonas urbanas y rurales donde el acceso al gas natural aún resulta limitado.
Un pilar central de la ley es el establecimiento de un mecanismo de compensación que iguale el precio final del gas natural para todos los usuarios regulados, sin importar su ubicación. Esta medida beneficiará también a los conductores de vehículos a gas (GNV), quienes recibirán el subsidio directamente, independientemente de la modalidad de suministro.
En paralelo, se crea la Agencia de Inventarios de Combustibles (AIC), una entidad sin fines de lucro y de personería de derecho público, integrada por el Minem y los principales operadores de hidrocarburos. Su misión será gestionar las instalaciones de almacenamiento estatales, y las que se construyan, para asegurar el abastecimiento continuo de combustibles líquidos, GLP y gas natural, reduciendo así la vulnerabilidad ante cortes o alzas abruptas de precios.
Para el Ejecutivo, la norma representa un avance decisivo: por un lado, impulsa la formalización de un servicio esencial y, por otro, facilita la reducción de emisiones contaminantes al reemplazar leña y derivados del petróleo por gas natural. Analistas del sector coinciden en que, bien aplicada, la ley podría convertirse en un motor de desarrollo regional, al abaratar costos para la industria y mejorar la calidad de vida en zonas hoy desatendidas.
Con la oficialización de la Ley 32315, el Perú da un paso firme hacia un modelo energético más inclusivo y sostenible, donde el gas natural deje de ser un privilegio para convertirse en una herramienta de equidad social y protección ambiental.
