Por Stakeholders
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El Congreso de la República ha aprobado en segunda votación el retorno del financiamiento privado de empresas y personas naturales a los partidos políticos, reviviendo un sistema eliminado en 2018 tras los escándalos del caso Lava Jato.
La decisión de la Comisión Permanente, adoptada con 14 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, establece una reforma a la Ley de Organizaciones Políticas que busca redefinir el esquema de financiamiento partidario en el país, otorgando mayores márgenes de maniobra para captar recursos de origen privado. Este cambio ha generado un amplio debate, no solo sobre sus posibles beneficios, sino también sobre los riesgos que implica para la transparencia y la lucha contra la corrupción en el ámbito político.
Partidos políticos podrán recibir financiamiento privado
La reforma aprobada permite que los partidos políticos puedan recibir aportes de personas naturales y jurídicas, estableciendo límites de 200 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) al año por aportante para cada organización, equivalentes a S/1,070,000 con la UIT de 2025, y un máximo total de 500 UIT por aportante, es decir, S/2,675,000 al año, sin importar la cantidad de organizaciones políticas a las que destine fondos.
Además, se regulan los ingresos obtenidos mediante actividades proselitistas y otras fuentes de financiamiento, como el uso de bienes propios, servicios ofrecidos a la ciudadanía y créditos financieros. Estos aportes deberán ser bancarizados y supervisados, con montos superiores al 25% de una UIT (S/133,750) obligados a realizarse exclusivamente a través de entidades del sistema financiero.
También se contempla la implementación de mecanismos alternativos de aportación, como el uso de billeteras electrónicas, a fin de garantizar mayor accesibilidad, trazabilidad y transparencia en las transacciones.
Reforma a un año de las elecciones
La aprobación de esta reforma llega en un contexto marcado por tensiones políticas y desconfianza ciudadana hacia las instituciones democráticas, lo que eleva las interrogantes sobre sus implicancias. Según los legisladores que impulsaron esta medida, el financiamiento privado es una herramienta fundamental para garantizar el pluralismo político y una competencia equitativa entre los partidos en elecciones generales, como las previstas para 2026.
Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución, defendió la reforma argumentando que introduce “candados” para evitar irregularidades, como la obligación de registrar los aportes en los libros contables de los partidos, la supervisión directa de la ONPE y la prohibición explícita de aportes anónimos. En palabras del congresista Alejandro Muñante, la medida busca permitir que las economías formales financien la actividad política, desplazando las fuentes ilegales que históricamente han permeado los procesos electorales.
Sin embargo, las críticas a esta decisión han sido contundentes, especialmente desde sectores de la oposición y voces de la sociedad civil que alertan sobre los riesgos de retroceder en la lucha contra la corrupción. La congresista Ruth Luque, quien presentó una reconsideración posteriormente rechazada, calificó la reforma como una desnaturalización del financiamiento público y acusó a sus promotores de querer usar recursos del Estado para intereses particulares.
Estas preocupaciones no son infundadas, dado que el precedente del caso Lava Jato mostró cómo grandes empresas disfrazaron sobornos como aportes a campañas políticas, comprando así influencia y comprometiendo la independencia de los gobiernos elegidos. A pesar de los mecanismos de supervisión que se incluyen en la norma, el escepticismo persiste, pues la supervisión financiera en el país ha demostrado ser insuficiente en casos de gran magnitud.
Reviven viejas pasiones
La reforma también ha reabierto el debate sobre la efectividad del financiamiento público directo, que se estableció como respuesta a los escándalos de corrupción para reducir la influencia de intereses privados en las decisiones políticas. Con esta medida, algunos sectores temen que los partidos políticos prioricen los aportes privados sobre los recursos públicos, debilitando el propósito original de esta política y favoreciendo a organizaciones con mayores vínculos empresariales.
Además, la desconfianza se amplifica debido a la limitada capacidad de la ONPE y otras instituciones de fiscalización para garantizar un monitoreo eficiente y oportuno de los aportes privados. Aunque se ha incorporado la obligación de reportar y bancarizar las donaciones, el riesgo de que se utilicen mecanismos para ocultar fondos ilícitos sigue latente.
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Por otro lado, el regreso de los aportes privados podría marcar un punto de inflexión en la dinámica de los partidos políticos en el Perú, particularmente en términos de su capacidad para movilizar recursos y fortalecer sus estructuras. En teoría, un sistema mixto de financiamiento que combine recursos públicos y privados puede ser un motor para revitalizar las organizaciones partidarias, siempre y cuando se garantice la transparencia y se limite la influencia desmedida de grandes intereses económicos.
Sin embargo, en un país donde los escándalos de corrupción han golpeado repetidamente la confianza pública, las dudas sobre la implementación de esta reforma son inevitables. Los partidos deberán demostrar que pueden gestionar estos recursos de manera responsable, cumpliendo con las normativas y respetando los principios de transparencia y rendición de cuentas.
¿Qué sigue para la reforma?
El dictamen ahora pasa al Ejecutivo, que tiene 15 días para promulgarlo u observarlo, dejando en manos del Gobierno la posibilidad de decidir el futuro de esta controvertida reforma.
Si se promulga, su implementación dependerá en gran medida de la capacidad de las instituciones encargadas de supervisar y fiscalizar el financiamiento partidario. Asimismo, el éxito de esta medida estará condicionado a la voluntad política de los actores involucrados para cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales.
