Por Stakeholders
Lectura de:
Por: Mariana Alegre
Coordinadora General de Lima Cómo Vamos
La legitimidad de un gobierno ante la ciudadanía responde, entre otros factores, a la confianza que se le tenga. Ésta, a su vez, se consolida según qué tan bien representada se sienta la sociedad. Es decir, cómo canalizar las necesidades de las personas en soluciones y políticas públicas que resuelvan sus problemas, reduzcan las barreras y brinden oportunidades. ¿Sentimos los peruanos que el Estado nos representa? ¿Confiamos en él? Según el INEI en su último reporte sobre “Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones” (nov. 2017 – abr. 2018), sólo la RENIEC alcanzaba un porcentaje de confianza mayor al cincuenta por ciento con 55.3%. El Congreso de la República se ubica en la última posición de las instituciones públicas con sólo 6.6 % de confianza. Por su parte, el Poder Judicial y el Ministerio Público/Fiscalía de la Nación solo presentan un nivel de confianza de 13.9 % cada una. ¿Se imaginan cuánto menos confiaremos en ellas luego de los destapes de corrupción y tráfico de influencias entre jueces y magistrados?
Pero, ¿cómo aumentar la confianza y garantizar una mayor gobernabilidad? La respuesta es simple: escuchando más a los ciudadanos y tomando medidas a partir de sus demandas. Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo y los distintos gobiernos, especialmente el nacional, suelen fracasar en sus intentos por acercarse al ciudadano. En muchas ocasiones esto ocurre porque no hay una verdadera vocación de prestarle atención a los ciudadanos. “Piden mucho. Piden lo que no deben. Complican las cosas. Toma mucho tiempo. Cuesta muy caro. Se bloquean los proyectos. Estos suelen ser algunos de los argumentos por los que se desestima la participación ciudadana.” A nivel de los gobiernos locales -donde en teoría las autoridades tienen más cercanía con sus vecinos- el escenario es el mismo. De hecho, según la última encuesta de Lima Cómo Vamos el 44 % considera que los vecinos tienen muy poca influencia en las decisiones de las autoridades municipales. Al mismo tiempo, y esta es una buena noticia, los vecinos empiezan a reconocer el poder de la acción colectiva pues 48.9 % considera que la organización ciudadana sí les permite influir de forma efectiva en las decisiones de las autoridades. Es decir, unidos son más fuertes.
Ahora bien, para acortar la distancia entre gobierno y ciudadanos se pueden implementar distintos mecanismos: desde la simplificación -y digitalización- de los procesos administrativos (para disminuir la oportunidad y la sensación de corrupción) hasta ofrecer espacios de consulta ciudadana. Sin embargo, si se quiere ir más allá, el gobierno debería implementar una estrategia más agresiva y más integral de transparencia, gobierno abierto, participación y consulta ciudadana a lo largo de los procesos de elaboración e implementación de políticas públicas. Las ideas de los ciudadanos son valiosas. Por ejemplo, asuntos tan cotidianos como las obras públicas municipales debieran ser debidamente comunicados a los vecinos para que puedan manifestar su opinión y tomar previsiones. Así, a lo largo de los procesos deben existir canales de comunicación que permitan recibir los aportes de los ciudadanos pero, sobre todo, que puedan servir como insumos para la acción pública.
Por último, la sociedad civil organizada -desde las asociaciones civiles y gremios hasta las juntas vecinales- sirve de intermediaria para acercar a los ciudadanos y sus demandas al Estado. Es momento de reconocer que la gobernanza y legitimidad de un gobierno se fortalece cuando se cuenta con una sociedad civil involucrada en los asuntos públicos. Reitero la importancia que tiene la articulación y alianza entre el Estado y la sociedad civil para transformar nuestro país para bien.
