Por Stakeholders
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Por: Fredy Núñez
Asesor de la Presidencia Ejecutiva del INACAL
La palabra “cultura” tiene una primera definición explícita en la obra de Edward B. Tylor, Primitive Culture (1871), que considera a “todo complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, leyes, moral, costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una sociedad”. En cuanto a la “calidad”, la Organización Internacional de Normalización (ISO por sus siglas en inglés) en la norma ISO 9000:2015 la define como “el grado en el que un conjunto de características intrínsecas a un objeto, cumple los requisitos”, es decir, un mismo producto o un servicio satisface los requerimientos de un determinado cliente o usuario es diferente según cada persona.
Ante este halo de subjetividad, un ciudadano puede preguntarse ¿es de calidad un producto que satisface mis requerimientos, pero no es seguro, o puede causar daño a otro ser humano, o al medio ambiente?; diremos fehacientemente que no. Surge entonces otra pregunta, ¿quién es responsable que los productos o servicios que se ofrecen en el mercado sean seguros, inocuos, y no dañen al medio ambiente?; la respuesta no es sencilla, algunos dirán los fabricantes, otros dirán que es rol del Estado; en efecto la responsabilidad por algún daño que un producto o servicio genere, siempre recae en el fabricante del producto o en el proveedor del servicio; pero hay otra responsabilidad intrínseca al Estado, y es la de regular requisitos mínimos o condiciones mínimas que deben cumplir los productos o servicios para que puedan ingresar al mercado, lo que en la legislación nacional se denomina “protección al consumidor”.
Si el ciudadano incorpora en sus decisiones de consumo, el criterio de calidad, y exige que se atienda su requerimiento, estaría faltando, que el Estado cumpla con definir los requisitos y condiciones mínimas de seguridad, y fiscalice que las empresas los cumplan, atendiendo su rol de control y vigilancia en materia de cuidado de la salud humana, sanidad animal y vegetal, seguridad, medio ambiente, en un marco de ética y responsabilidad social.
La interacción de estos tres actores – ciudadano, empresas y Estado – define el nivel de cultura de la calidad, la misma que tiene un impacto positivo en la competitividad de un país, de ahí que resulte pertinente, necesario y oportuno, promocionar su mejora, tanto en el sector público como en el privado. Esto requiere, entre otros, migrar de un “Estado protector” a uno que facilite el “ejercicio individual del derecho colectivo”, este paso es necesario y hace del ciudadano el actor principal del cambio.
Actuar en esa dirección, requiere para su sostenibilidad, que el ciudadano exija la “calidad como un derecho”, y esta responsabilidad es compartida y representa uno de los ejes estratégicos de la Política Nacional para la Calidad, ya que el concepto de “cultura de la calidad” trasciende la acreditación, normalización y metrología; funciones sobre las que ejerce rectoría el Instituto Nacional de Calidad.
En este esfuerzo nacional, el INACAL como conductor de la Política Nacional para la Calidad (PNC), ha desarrollado durante el 2017 un inventario de las necesidades de los sectores público y privado, y de las diferentes organizaciones que representan la sociedad civil como insumo para elaborar el Plan Nacional de Implementación de la PNC 2018 – 2021, lo que permitirá incrementar la infraestructura de la calidad a nivel nacional, en materia de acreditación, normalización y metrología; reforzando las funciones de control y vigilancia del sector público, y mejorando la competitividad de las MIPYMEs para ampliar y diversificar su oferta productiva y de exportación con calidad certificable.
