Consultar no es sólo informar

Por: Alicia Abanto Cabanillas

Adjunta del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo

A menudo se presentan confusiones a nivel sustantivo y procedimental entre los alcances de los derechos a la consulta previa y a la información. En realidad, estos son derechos distintos, aunque ciertamente son complementarios. La consulta previa implica la generación de procesos deliberativos para la obtención de propuestas y la búsqueda de acuerdos o consensos ante un proyecto de inversión. En efecto, como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo o lo señala incluso el Consejo Internacional de Minería y Metales, consultar implica examinar el proyecto con la población indígena susceptible de ser impactada.

Por su parte, el derecho a la información implica la facultad de acceder, recibir y difundir mensajes. Esto es muy importante para la consulta previa porque las personas no podrán emitir opinión o hacer propuestas sobre los aspectos que les interesan si no cuentan con información adecuada a sus necesidades. Sin embargo no basta que las personas reciban información y expresen sus opiniones y propuestas sino que además se requiere que el Estado participe de dicha deliberación con la conciencia de que ello puede mejorar la calidad de las políticas públicas.

Las personas tenemos derecho a que las empresas y entidades públicas nos brinden explicaciones claras y suficientes sobre asuntos vinculados a la gestión de nuestros recursos naturales. Un proyecto de explotación minera, por ejemplo, requiere un amplio y complejo proceso de deliberación que debe implicar a la población indígena.

En tal sentido, un proceso de consulta tiene como enemigos a la información incompleta – o hasta falsa – y a la manipulación. Así, si se informa prioritariamente los aspectos positivos de un proyecto obviando información relevante sobre los impactos negativos, entramos a un proceso de deliberación marcado por la mala fe. El mismo problema se puede observar si la información ventilada sólo se refiere a resaltar los impactos negativos. La transparencia y la sinceridad deben ser la regla en una consulta previa.

Algunas autoridades recurren frecuentemente la frase “no hemos informado adecuadamente” para expresar a manera de autocrítica las dificultades que tienen para frenar la escalada de un conflicto social. En efecto en algunos casos se trata de mala calidad de la información, especialmente si no se cumplió con traducir la información técnica a un lenguaje sencillo o no se tradujeron los mensajes a la lengua indígena, ni tampoco se usaron medios didácticos para explicar los impactos (planos, maquetas, videos, etc.), o se omitió responder todas las preguntas con la explicación necesaria. O si no se evaluó la comprensión de la información entregada ni se promovió que las mujeres también recibieran información.

Sin embargo, otros conflictos surgen por la falta de procesos deliberativos como la consulta a los representantes indígenas del área de influencia de un proyecto. En estos casos se pueden identificar tres efectos negativos: primero, no se aprovecha la capacidad de la comunidad de realizar aportes o propuestas respecto de los aspectos de su interés que pueden mejorar la implementación del proyecto; en segundo lugar, se afecta la posibilidad de lograr consensos con la comunidad sin perder la autoridad del Estado; y tercero, se producen vulneraciones de derechos de la población a causa de decisiones erradas de las autoridades.

Como vemos, informar correctamente (en sentido ético y técnico) es un aspecto central. También lo es realizar procesos de consulta previa para deliberar sobre la propuesta de la empresa y del Estado. Informar no basta. Deliberar es necesario. No se trata de que “la gente entienda” sino de utilizar la sabiduría recogida en el dicho de que “dos cabezas piensan mejor que una” y si son tres (Estado, empresa y población), ¡pues mucho mejor!