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El rol que cumplen las ONG en los conflictos sociales es un factor importante a considerar. Sin embargo, ¿en qué medida estas intervienen en el contexto de conflictividad?
Por Marco Minaya
mminaya@stakeholders.com.pe
En las últimas décadas, conforme se ha ido desarrollando la inversión minera la conflictividad social en las diferentes regiones se ha mostrado como uno de los temas más sensibles y alarmantes en el país. En ese contexto, se observa una relativa importancia creciente de actores no gubernamentales, tanto en el fomento como en la prevención de los conflictos socio ambientales suscitados que han ido tomando protagonismo en los últimos años.
En este complejo panorama regional, el tratamiento por desarrollar alternativas de solución frente a tal contexto está tomando una importante consideración, especialmente en lo que respecta al rol de la sociedad civil y las ONG en general en relación a su respectiva participación e intervención en el conflicto en sí y construcción de paz para un mejor desarrollo del dialogo entre los actores sociales involucrados.
Para Fernando Palomino, Consultor en Comunicación para el Desarrollo de Calandria, los conflictos sociales son situaciones en donde las diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil intervienen, ya sea de forma preventiva o proactiva para poder gestionar dicha conflictividad de una manera adecuada. En este caso, “las ONG están también participando en estos procesos, según las características de cada conflicto y de sus respectivas particularidades, teniendo, en función de ello, una mayor o menor incidencia”, aseveró.
Es por ello que en relación a la gran cantidad de conflictos sociales que se desarrollan a nivel regional y nacional, se reflexiona sobre el rol que debe cumplir El Estado. Frente a esto, la constante actividad de las inversiones ha despertado una mayor demanda en la protección de recursos naturales, cuyas comunidades consideran, en muchos casos, medios de subsistencia y que ven, en una importante proporción, amenazada su actividad económica.
Desde esa lógica, según Palomino, el Estado a lo largo de los años ha asumido un rol determinante en el momento en que se ha presentado un conflicto, sin embargo, con el transcurrir de los tiempos dicha visión ha cambiado, dado que esta situación involucra una responsabilidad compartida. En este contexto, “los diversos actores que intervienen en los conflictos sociales no solamente deben ejercer el rol de observador o pasivo, sino también de intervenir para prevenirlo o solucionarlo”, destacó. Para el consultor, evidentemente las ONGS no están ajenas de esta intervención por lo mismo que involucra una responsabilidad compartida que permita intervenir en una mayor protección en las distintas actividades extractivas.
Por otra parte, es preciso mencionar que una parte muy considerable de las diferencias ante la implementación y ejecución de un proyecto de actividad extractiva que involucra a los sectores sociales, Estado y empresas mineras radican, en su mayoría, en el desconocimiento y desconfianza en torno a los estudios de impacto ambiental.
En esa línea, uno de los proyectos mineros en el Perú que más dificultades ha generado en los últimos años es Tía María, sobre todo por la oposición, en su mayoría, de algunos sectores de la sociedad civil que se niegan a su ejecución, debido a los efectos de la minería contra la agricultura de la zona y que han suscitado diversas violentas protestas y movilizaciones. Es por ello que en palabras del consultor de Calandria, destacó que dentro de este contexto de conflictividad al no haber una buena relación entre las personas y las instituciones, entonces es más que probable que las mismas ONG vean afectadas su imagen, porque existe un escenario de plena desconfianza que no las excluye.
Esta desconfianza y complejidad ha permitido desarrollar un panorama, en donde se han señalado diversos responsables que han intervenido en agravar en menor o mayor medida los conflictos sociales. Al respecto, el consultor fue tajante al considerar el rechazo a la campaña de difamación que señala a las ONG como culpables de los conflictos sociales.
En ese sentido, frente a lo que las ONG consideran como una campaña de desprestigio, difamación y desinformación de parte de un sector del gobierno y algunos medios de comunicación Palomino afirmó que dicho rechazo no es de este gobierno, sino de mucho más antes. “Hacer una campaña contra las ONG es no reconocer el rol importante que han tenido estas en este proceso político y social de los últimos años”, afirmó. Asimismo, ratificó que las ONG pueden intervenir para solucionar los conflictos sociales.
