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Perú: Conectividad en los hogares de las zonas rurales cayó en 0,5 %

Por Stakeholders

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Solo el 1,7 % de los hogares de la zonas rurales cuenta con acceso a Internet, arrojó el Censo 2017, elaborado por el INEI. Esto representa una contracción de 0,5 % comparada con la cifra registrada el 2016. Según Jorge Melo Vega, presidente de Responde, este resultado está relacionado con el aumento de la penetración de los smartphones y el incremento de la migración del campo a la ciudad. El Estado debe implementar una estrategia de intervención que reduzca el tiempo promedio que le demanda a un ciudadano rural acceder a la conectividad del centro urbano más cercano a su zona de residencia, recomendó.

Por Rudy Chávez
rchavez@stakeholders.com.pe

Todo depende del color del cristal con que se mire. Así podría interpretarse el resultado que arrojó el Censo 2017 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), con relación a la conectividad en los hogares de las zonas rurales del Perú.

Según este último Censo, solo el 1,7 % de los hogares de las zonas rurales del país cuenta con acceso a Internet. Esto representa una contracción de 0,5 % comparada con la cifra registrada el 2016.

Jorge Melo Vega, presidente de Responde.

Consultado sobre ello, Jorge Melo Vega, presidente y gerente general de Responde, recomendó no analizar la conectividad rural desde el indicador de acceso a Internet en los hogares de las zonas rurales.

«Este indicador no está correlacionado con el boom de los smartphones ni con el aumento de la migración del campo a la ciudad, así que no hay que anclarse en él para analizar la conectividad rural. En vez de esto, habría que observar el nivel de penetración de los smartphones y el grado de la migración rural-urbana, los cuales influyen en el nivel de acceso a Internet de la población de las zonas rurales», afirmó.

En esta dirección, Melo Vega consideró importante cuantificar el nivel de acceso a Internet de la población de las zonas rurales, debido a que el Estado, conjuntamente con los operadores de telefonía, deben trabajar para que el 100 % de la gente que vive en la ruralidad tenga acceso a Internet.

«Actualmente, en el Perú el nivel de penetración de telefonía fija es bajísima en los hogares, la cual incluso ha llegado a experimentar una reducción drástica en este último Censo a causa del incremento del nivel de penetración de la telefonía inteligente y el aumento del grado de la migración rural-urbana. Estos son unos indicadores claves que tienen que marcar el camino de la intervención del Estado, quien debe empedrarlo juiciosamente», explicó.

Según el Censo de 2017, elaborado por el INEI, solo el 1,7 % de los hogares de las zonas rurales cuentan con acceso a Internet. Esto representó una reducción de 0,5 % comparada con la cifra obtenida el 2016.

Asimismo, el presidente y gerente general de Responde precisó que a pesar de que el Estado, mediante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel), ha venido trabajando para aumentar el nivel de acceso a Internet en las zonas rurales, construyendo para tal fin la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), hasta ahora el fruto de este trabajo ha demostrado ser un completo desastre.

«Frente a este tremendo descalabro, Telefónica del Perú, en alianza con Facebook, el CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), lanzó el proyecto piloto Internet para Todos, que planea beneficiar a 6 millones de personas en el Perú que hoy no tienen acceso a Internet y que están dispersas en diferentes localidades, caseríos y pueblos del territorio nacional, aprovechando para ello la masificación del uso de los smartphones que hay en el país», destacó.

Para Melo Vega, es sumamente importante que el Estado vea a Internet como un mecanismo de construcción de ciudadanía y mejora de los servicios de educación y salud, con el cual puede acercarse a cada ciudadano del país, aumentando su nivel de interacción con él y, en consecuencia, su legitimidad social.

«El acceso universal a Internet es fundamental para la formación de ciudadanía y la mejora de la educación y la salud. No obstante, el Estado generalmente se equivoca cuando, en su afán de querer descentralizar su presencia, quiere abrir una oficina estatal en cada provincia, sin considerar que hay que llevar a la población rural a la urbanidad y no viceversa», anotó.

El Estado debe ver el acceso a Internet como un mecanismo para la construcción de ciudadanía y la mejora de la educación y la salud, indicó Jorge Melo Vega.

El fracaso de la RDNFO y las redes regionales

El 2014, el Estado, por medio del MTC y el Pronatel, invirtió 330 millones de dólares en la construcción de la RDNFO, la cual se extiende por veintidós regiones, 180 capitales de provincia y 136 localidades. Sin embargo, la baja densidad poblacional y la alta dispersión territorial en las zonas rurales, han elevado el precio de su tarifa de uso, haciéndola poco atractiva para los operadores de telefonía.

En esta misma línea y con similares resultados, el 2015 el Estado inició la inversión de 1 909 millones de dólares en los veintiún proyectos de Redes Dorsales de Fibra Óptica Regionales, los cuales tienen planeado conectar a Internet al 13,3 % de la población peruana, al 82 % de distritos, a 7348 instituciones educativas, a 3735 establecimientos de salud y a 566 dependencias policiales.

Preguntado sobre si el Estado debería continuar con esta estrategia de intervención en el sector, Jorge Melo Vega dio como respuesta un rotundo «No», argumentando que este debería hallar un mejor criterio para formular y ejecutar sus planes, programas y proyectos de acceso a Internet para las zonas rurales, dentro de los cuales tendría que considerar las estrategias, las capacidades reales y las sugerencias de los operadores de telefonía.

«Cuando recién se empezó a ver cómo se podía reducir la brecha de conectividad en el mundo rural, la UIT (Unión Internacional de las Telecomunicaciones) comenzó a hacer funcionar el indicador de tiempo promedio que necesitaba el ciudadano en la zona rural para acceder a la conectividad del centro urbano más cercano a su zona de residencia, una herramienta metodológica que el Estado debería optimizar para la formulación e implementación de sus planes, programas y proyectos de acceso a Internet para las zonas rurales», relató.

Entre el 2014 y 2015, el Estado, por medio del MTC y el Pronatel, invirtió cerca de 2500 millones de dólares en la RDNFO y las 21 redes regionales. Hasta la fecha, su impacto económico y social ha sido un auténtico fiasco, criticó Melo Vega.

Continuando con su testimonio, Melo Vega, quien entre la década del 80 y 90 fue director general en el Centro de Investigación del extinto Senado de la República y secretario general del Osiptel (Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones), explicó cómo el Estado podría optimizar este indicador creado por la UIT dentro de los proyectos de conectividad de banda ancha para las zonas rurales.

«Entre el ciudadano rural y el centro urbano con conectividad más cercano a su lugar de residencia, puede haber una distancia temporal de diez, cinco o dos horas. Con esto se configura un escenario en el que el poblador rural, para conectarse a la red, siempre acude al punto urbano con conectividad más cercano a su hogar. En tal caso, ¿cómo se podría reducir la distancia temporal entre el poblador rural y el centro urbano con conectividad más cercano a su zona de residencia? ¡Ahí es donde el Estado debe atacar!», exhortó.

De acuerdo a esto, Melo Vega, que también ocupó la Gerencia Central de Regulación y Planificación Estratégica de Telefónica del Perú, fue categórico en señalar que el Estado no puede llevarle un colegio u hospital a la gente que vive en una zona con baja densidad poblacional y alta dispersión territorial, sino que debe buscar reducir la distancia temporal que necesita el niño, joven o adulto para acceder al colegio u hospital más cercano a su casa, en donde sí debe haber acceso a Internet.

«Aunque suene políticamente incorrecto, no es rentable económica ni socialmente para el Estado y los operadores de telefonía llevar Internet a zonas en donde hay bajas y dispersas concentraciones poblacionales. Hay que facilitar la integración de estas poblaciones a los centros urbanos que tienen conectividad», recalcó.

Finalmente, Melo Vega enfatizó que en el mundo rural la gente no está aislada, porque constantemente tiene que acceder a los centros urbanos para poder comerciar sus productos y llevar el sustento a sus familias.

«La mayoría de la población que vive en las zonas rurales tienen una economía autárquica que los lleva a hacer trueque, lo cual necesariamente hace que se tengan que trasladar a los espacios urbanos más cercanos a sus hogares, los cuales tienen conectividad. Seamos honestos: cuando hablamos de acceso a Internet, nos referimos a esto. Si el Estado no lo tiene claro, entonces estamos absolutamente perdidos», advirtió.

El Estado debe virar su estrategia para dotar de acceso a Internet al ciudadano rural, reduciendo la distancia temporal entre este y el centro urbano con conectividad más cercano a su zona de residencia, exhortó Melo Vega.



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