Por Stakeholders
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Por: Jahir Anicama Díaz
Investigador en Fundación Cayetano Heredia
Ante la inminencia de un planeta que es flanqueado por industrias que explotan de sobremanera los recursos naturales siendo acompasado, a pie firme, por una institucionalidad ambiental de escala supra gubernamental que tiene un sentido laxo y permisivo en el ejercicio de sus competencias de vigilancia y monitoreo, se vuelve inminente y perentoriamente ético que cada uno de los países del globo asuma un compromiso para la próximas décadas con el objetivo perverso de evitar el bendito y trágico límite máximo que son los 2 grado centígrados de la temperatura promedio global con lo cual demorará en plasmarse cualquier predestinado sino aciago.
Las contribuciones nacionales previstas y determinadas son los enunciados de carácter no vinculante que toda parte (país) debe de asumir y presentar a finales del presente año en la ciudad de París. El estado peruano, además de conducir la presidencia de la conferencia de las partes hasta iniciada la cita mundial en Diciembre, debe de presentar lo que considera “pertinente” como país hasta el año 2030, para contribuir a no llegar a esa línea divisoria que nos marca dos grados
Para que cada uno de las contribuciones pueda ser efectiva utilizarán lo que se denomina “Programas Nacionales de Acción en Adaptación” y “Programas Nacionales de Mitigación”. En este acápite la Amazonía se presenta como un escenario en donde los recursos estratégicos pueden generar conflictividad y una mayor y justa demanda por los ciudadanos que puedan ver afectados sus derechos, como son las poblaciones indígenas.
Para todo efecto la mitigación siempre ha sido la niña de los ojos de todos los gobiernos; básicamente el interés de la inversión multinacional en este componente ha sido siempre extra orbitariamente diferente en comparación a su hermana descalza e invisible que es la adaptación.
El Bosque se presenta como el lugar en donde todos los ojos se han puesto luego del aporte monetario que ha hecho Noruega para la conservación de la Amazonía. Como escuche a un diplomático peruano alguna vez: “Los petrodólares europeos necesitan lavar su rostro”. No hay que olvidar que Noruega es uno de los mayores productos de petróleo del mundo.
En el caso del sector energético, un elemento a poner los ojos es lo que el estado haga más patente y tipifique los caminos exactos de la implementación de las acciones en la materia. La implementación de mega represas en sistemas tan sensibles a modificaciones como es el sistema socio-ecológico que representa el bioma amazónico, o un tema tan contingente como ha sido el gas en el último mes, son acciones que no tiene un horizonte de viabilidad a largo plazo.
A nivel de la convención hasta la fecha son pocos los países que han hecho compromisos en materia de adaptación. Como dicen los “técnicos”, los flujos financieros en adaptación son menores a los de mitigación; ergo, los flujos de interés responden a ese “mainstream”.
La gestión de riesgo es la única política de estado que dentro de su marco jurídico de manera anticipa una estrategia financiera. ¿Esto cómo se traduce? Quiere decir que el Ministerio de Economía y Finanzas es parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de desastre y conduce la estrategia financiera.
El Ministerio del Ambiente de alguna manera ha entendido que la gestión de riesgo es su “ventana política” para poder llevar a otros niveles del estado medidas de adaptación. El tema ocurre a nivel regional, ¿Existe una fiscalización por parte de contraloría en el presupuesto que es destinado al auxilio de personas o la gestión prospectivas de un evento altamente peligroso? Para muestra un botón. Ante el terremoto de Ica se ha visto una mala y perversa gestión de los recursos que llegaron para zona. Imagínense eso de manera crónica. Esta enfermedad, y la bacteria es la corrupción, puede hacer una septicemia en todo el aparato del estado por medio de la buena voluntad de “adaptarnos”. Tal vez en vez antes de adaptarnos, debemos cambiar algunas cosas.
