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El analista político afirma que se requiere de una reforma constitucional no solo para fortalecer la cultura cívica de la sociedad, sino también para reformar el Estado.
Por Rudy Chávez
rchavez@stakeholders.com.pe
En esta entrevista, Luis Herrera, presidente del directorio del Grupo de Información y Soporte Político (Grupo ISP), analiza la actual coyuntura política del Perú, enfocándose principalmente en la corrupción y en la falta de cultura democrática de la población.
—El escándalo de corrupción que protagonizó el CNM (Consejo Nacional de la Magistratura) demuestra en parte por qué el Perú tiene un déficit institucional. Esto, a su vez, evidencia que el crecimiento económico que experimentó el país no fue acompañado por una mejora de su capacidad estatal. ¿Qué opinión tiene usted sobre este escenario?
El escenario que usted ha descrito también demuestra la existencia de un problema endémico en la sociedad peruana, la corrupción. En el Perú, la corrupción se debe principalmente a la débil constitución de la ciudadanía democrática. La sociedad peruana puede que sea muy buena reclamando un derecho, pero vaya que es pésima cumpliendo una obligación.
En el caso de corrupción del CNM, se puede ver que la independencia jurisdiccional que tiene un magistrado le vuelve prácticamente una autoridad intocable en el ejercicio de su trabajo. En este sentido, este magistrado, un ciudadano peruano educado en el Perú, es decir, una persona con escasa ciudadanía democrática, se convierte en una potencial bomba de relojería para la credibilidad del sistema judicial.
Desgraciadamente, la corrupción judicial del Perú hace que el país figure mal a nivel internacional en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés), en el Doing Business del Banco Mundial (BM) y en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI). Sin embargo, el déficit institucional del Perú viene de larga data, no es algo que ha revelado la corrupción del CNM.
El Perú no se ha consolidado como un Estado a pesar de haber gozado de una cíclica bonanza económica a lo largo de su historia republicana. Esto se debe a que la clase política peruana ha conceptualizado a la administración pública como un botín político. De acuerdo a esto, usted no está equivocado cuando dice que el crecimiento económico no ha mejorado la capacidad institucional del Perú.
Por esta razón, el Perú de ahora se parece a la Venezuela de la década del 90: tiene una institucionalidad débil, un alto nivel de corrupción y un hastío generalizado por la política. En aquella época, el pueblo venezolano votó por alguien diferente para escapar de esta situación: Hugo Chávez. El resto es tragedia conocida. En caso de que la clase política peruana no resuelva el problema de fondo del Perú, esto quiere decir, la corrupción, el país se va dirigir inevitablemente hacia un escenario similar.
—El 20 de julio, en una legislatura extraordinaria del Congreso convocada por el presidente Martín Vizcarra, el pleno del Parlamento decidió destituir por unanimidad a la directiva del CNM. Esta acción exhibió de nuevo el carácter meramente reactivo que tiene la clase política peruana. ¿Por qué cree usted que se da esto?
Esta situación se origina por el bajo nivel de ciudadanía democrática y también por la carencia de un sistema partidista institucionalizado, que influyen en el bajo nivel de fortaleza del sistema político democrático del Perú. Tener una construcción partidaria clientelar impide la concepción de un proyecto de nación.
Actualmente, el Congreso tiene una mayoría conformada por un único partido, una organización que probablemente nunca esperó copar mayoritariamente el Parlamento, un hecho que responde el por qué su bancada parlamentaria no ha demostrado tener el nivel de preparación para ser la primera fuerza política de oposición. Por otro lado, está un Ejecutivo que no tiene una tecnocracia propia, lo que le ha obligado a conservar a una administración pública que viene trabajando con el mismo nivel de velocidad desde hace mucho tiempo.
En este contexto, el presidente Vizcarra asumió la Presidencia de la República. Él llegó en una situación de absoluta soledad, debido a que no contaba con un partido ni con una bancada propia. Por ello, este escándalo de corrupción judicial representa para él una oportunidad para comenzar a construir su propia relación de poder no con el Parlamento ni con el empresariado, sino con la población.
—Como el presidente Vizcarra no tiene un partido ni una bancada propia, está obligado a gobernar apoyándose en la gente.
Correcto. Él llegó e inmediatamente impuso un estilo de comunicación política diferente a la del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Él vino con una experiencia política previa como exgobernador regional de Moquegua, cargo que ejerció con un notorio espíritu dialogante. Por este motivo, desde un inicio él trató de transmitir este espíritu viajando por el interior del Perú para preguntarle a la gente lo que necesitaba.
El primer elemento de la comunicación política es quién da el mensaje. Cuando un líder comunica un discurso político, este debe sostenerse en la credibilidad de su imagen y su palabra. Sin embargo, el gran problema del discurso político en el Perú es que no se suele cumplir lo que se promete.
El segundo componente de la comunicación política es el mensaje per se, es decir, la promesa, la cual no puede quedarse siempre como tal. El discurso debe afinarse mediante la comunicación de lo que se está haciendo para implementarla.
El tercer fundamento de la comunicación política es la comunicación del resultado. Bajo esta lógica, en el caso de la corrupción del sistema de justicia, el presidente Vizcarra hizo un deslinde oportuno y, acto seguido, le pidió al Congreso discutir la destitución de la directiva del CNM, lo cual terminó sucediendo. Desde un punto de vista comunicacional, el presidente Vizcarra fue oportuno en su mensaje y cumplió lo que prometió.
La política se mueve por el interés y en ella no hay ningún espacio vacío. En este escenario, el presidente Vizcarra está intentando llenar el espacio vacío de credibilidad. A diferencia del presidente, el Legislativo se demoró en reaccionar y desaprovechó una oportunidad para posicionarse frente a la lucha contra la corrupción.
—Paradójicamente, a pesar de su deficiente diseño institucional, de la precaria ciudadanía democrática de su población y de uno que otro problema de gobernabilidad, la democracia peruana goza de estabilidad.
La estabilidad encierra a la gobernabilidad. Para medir el nivel de gobernabilidad de un Gobierno, primero debe valorarse su legitimidad constitucional, que tiene que nacer de una elección universal, plural y transparente. En segundo lugar, tiene que medirse su legitimidad social, la cual se yergue sobre su credibilidad. Por último, debe evaluarse el nivel de efectividad de su gestión pública. En este sentido, cuando un Gobierno es legítimamente elegido, socialmente legitimado y tiene una gestión pública efectiva, presenta un alto nivel de gobernabilidad.
Lamentablemente, el Perú tiene un sistema partidista fraccionado, una clase política sin fidelidad partidaria y un electorado volátil. En este marco, ¿qué nivel de eficiencia se puede esperar de la gestión pública peruana? Lo único que se ha conducido correctamente en el Perú es la economía, la cual ha sido obra del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), aunque este manejo viene de la década del 90.
En La crisis de la democracia (1975), Samuel Huntington concluyó que en occidente el Estado se había vuelto elefantiásico y, por ende, inoperante para poder proveer de calidad de vida a la sociedad. A raíz de esto, desde la década del 70 del siglo XX se viene tratando de implementar la nueva gestión pública (NGP), la cual recoge parte del prototipo de gestión del sector privado con la finalidad de hacer eficiente a la administración pública. El Perú se ha quedado a la mitad de este camino.
—¿Qué cree usted que se debería hacer para huir de este aparente callejón sin salida?
Esta guerra fratricida en el que está envuelto el sistema partidista peruano está cegándolo de ver el deterioro progresivo de la sociedad. Debido a este clima político enrarecido por la corrupción, con seguridad la población volverá a poner en tela de juicio a la democracia como forma de gobierno en el 2021.
El problema de la corrupción en el Perú es sistémico, de modo que no basta que el Congreso haya defenestrado a la directiva del CNM. Se necesita con urgencia una reforma constitucional. En el caso de que se cristalice, esta reforma debe contemplar obligatoriamente la reestructuración integral del sistema de justicia y la vuelta al bicameralismo.
La reforma del Estado debe ir de arriba hacia abajo, pero hay que interiorizar que el gran problema radica en el déficit de ciudadanía democrática. Se requiere de un Gobierno fuerte para lograr lo uno y lo otro, y consolidar la democracia en el Perú.
