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Por: Marco Minaya
No hay duda que la inseguridad ciudadana es un problema que afecta a todo el país. En el Perú cada vez más personas son víctimas de robos, asaltos a mano armada, asesinatos, marcas, etc. Por ello, según una encuesta realizada en todo el territorio nacional por la organización Proética en el año 2015, es considerado por los peruanos como el principal problema que aqueja al país. Al respecto, de acuerdo a un estudio del Instituto Integración, el 80% de peruanos asegura que el nivel de los delitos en el país aumentó en el último año. Un 42% de los hogares fue víctima de un asalto y un 59% percibe aún inseguridad en las calles. Del mismo modo, según el INEI, el 29,7% de la población de 15 años o más dice haber sido víctima de un hecho delictivo, pero solo un 15% denunció este hecho.
Al respecto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaboró el “informe regional de desarrollo humano 2013-2014, seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina”. En dicho documento señala que el Perú tiene la percepción más alta de inseguridad en el barrio con 50% (según una encuesta hecha en el país a 1.500 adultos por país). No es para menos encontrarse con estas cifras que expresan el alto nivel de preocupación entorno a la inseguridad nacional por parte de la mayoría de ciudadanos. Así lo confirmó la encuesta Pulso que ubica a este problema en lo más alto de la lista con 57%. Más abajo, con un 18%, se encuentra la corrupción.
Para Wilson Hernández, Investigador de la Universidad de Lima, existen diversos factores a analizar al respecto; entre ellos, cita el especialista, pese a que la victimización ha mostrado una clara tendencia en caída desde el 2010, aun así, sigue siendo bastante elevada y es la más alta en América Latina. Del mismo modo, hizo hincapié en que la mediatización del delito en los medios de comunicación amplifica la percepción que tenemos sobre la evolución del delito. Y es que en el mismo sentido de lo anterior, según el investigador, las redes sociales viralizan videos y noticias que refuerzan la imagen de una delincuencia que parece solo crecer.
ROL DEL ESTADO
Según la Ley No 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, se entiende por Seguridad Ciudadana a “la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas”. Sin embargo, esto dista mucho de la realidad. Y es en este punto que ante las alarmantes cifras expresadas y la insistencia preocupación por parte de la ciudadanía uno de los actores, quien debe responder ante tal situación es el propio Gobierno, en compañía de sus diversas municipalidades, tanto a nivel local como regional, y sobre todo en la compañía de una ciudadanía activa que busca alternativas para enfrentar la problemática entorno a la inseguridad.
Cabe preguntarse, entonces, ¿si es posible desarrollar políticas de gestión local? Según César Bazán, Especialista en temas de seguridad, justicia e interculturalidad, sí es posible. El especialista cita casos particulares entre algunas municipalidades como la de Miraflores, en donde se ha llegado a establecer una estrategia de articulación, cuya intervención ha conllevado aque policías y vecinos trabajen de manera conjunta. Pese a ello, lamentablemente, expresó el especialista, las políticas de seguridad ciudadana a nivel local no han funcionado, por lo mismo que no existe mayor esfuerzo o voluntad por parte de las municipalidades.
El gran reto que le corresponde al gobierno de PPK, enfatizó Bazán, es hacer que el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana funcione. “Que exista un real seguimiento del sistema”, determinó. En ese sentido, ¿por qué le cuesta tanto al Gobierno frenar esta ola de actos delictivos tanto a nivel de delincuencia común y organizada?
“Cuesta porque son formas de delincuencia muy distintas que necesitan respuestas igualmente diferentes”, puntualizó Hernández, quien expresó que la delincuencia organizada es altamente compleja, ya que está ligada al narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas entre otros.
Esto tiene un modus operandi, estructura jerárquica, se transforman constantemente como organización y está insertada en redes criminales que llegan incluso a otros países. Por el contrario, agrega el investigador de la Universidad de Lima, la delincuencia común es desorganizada y desestructurada por esencia. “Es casi un enemigo sin cabeza cuando la efectividad policial a nivel de las comisarias es baja, tiene un limitado apoyo económico y una escasa conexión con planes de gestión nacionales”, puntualizó Hernández.
Como bien lo mencionó Bazán, sí es posible desarrollar políticas de gestión local; sin embargo, pese a coincidir con Hernández en ello, este último afirmó que no solo es viable, sino también necesario, y para ser justos el Estado lo sabe y lo aplica en mayor o menor medida. “El tema es de efectividad”, aseguró este último, quien también enfatizó que parte de la responsabilidad también recae en los alcaldes que lideran los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana. Desde la lógica del ciudadano común se espera que estos mismos comités ejerzan una mayor presión y seguimiento de todas las medidas en materia de seguridad ciudadana que se han establecido en sus respectivas gestiones.
ROL DE LA CIUDADANÍA
No obstante, desde la lógica las municipalidades, ¿cómo pedirles que planifiquen un asunto tan complejo sin data, sin un plan estratégico local de seguridad ciudadana? En un escenario de débil institucionalidad, añadió Hernández, la comunidad gana peso en el control de la seguridad. En ese sentido, acotó Bazán, la propia comunidad quiere acciones concretas; a lo cual el especialista recomendó que todo ese sentimiento de preocupación deba ser canalizado a través de propuestas efectivas. Y es que medidas de corto plazo como la campaña “Chapa tu choro” no hacen más que epresentar el accionar inmediato ante la ola, sobre todo de percepción en cuanto a la propia inseguridad ciudadana. “Chapa tu choro”, indicó Bazán, es una medida inmediata al problema pero no resuelve la problemática como tal; “esto solo genera la violencia y no torga factores de seguridad”, agregó.
En esa línea, ¿qué accionar debe asumir la ciudadanía? Desde la lógica del investigador de la Universidad de Lima, la vía de reclamo no debe ser aislada, como suele ser al quejarse en una comisaria, sino las líneas de reclamo deben rebasar la orientación punitiva y populista que también tienen los ciudadanos. Esto parte por mostrar qué políticas preventivas han funcionado en el Perú y en otros lados. Por su parte, Bazán, especialista en temas de seguridad, justica e interculturalidad, afirmó que es necesario tomar en cuenta el número de vecinos organizados en las juntas vecinales para que puedan darse acciones concretas. De esta manera, junto con el comisionario, y el alcalde de cada municipalidad llegar a acuerdos concretos. “De la indignación por parte de la ciudadanía pasar a la organización”, aseveró.
Como bien lo han expresado ambos especialistas, esta manera de frenar en cierto modo a la inseguridad que ronda en las calles pasa por un trabajo en conjunto con las respectivas municipalidades de cada distrito. En ese sentido, el reto está en la articulación que puedan desarrollar ambos actores para un benefició en común: la seguridad en concreto y las diferentes medidas que se deben establecer en las gestiones actuales.
