Diana Méndez del Águila
Directora Ejecutiva de Responde
¿Cuál es la respuesta de las empresas en este contexto?
Las empresas desarrollan estrategias que involucran aspectos sociales y ambientales en la gestión, cuentan con sólidas herramientas que les permiten conocer las percepciones de los actores e identificar los riesgos sociales existentes, para ello despliegan iniciativas de desarrollo que apuntan a mejorar la calidad de vida de los pobladores.
Su objetivo es generar impacto positivo en las zonas de influencia y además obtener la licencia social para operar y alcanzar así sus metas empresariales. Sin embargo, los último eventos de conflictividad en el país nos demuestran que tener la licencia social para operar ya no es suficiente. Se requiere de un abordaje integral y de largo plazo.l. Se necesita lograr la legitimidad de los actores en la zona. Solo así la empresa cumplirá sus objetivos de negocio mientras genera bienestar y desarrollo.
Sin legitimidad, la licencia social no funciona.
La legitimidad mira el largo plazo, busca el reconocimiento de las instituciones que rodean a las poblaciones, entre ellas, las autoridades del Estado y el sector privado. Promueve un escenario de trabajo articulado y una estrategia de gestión social multiactor, donde todos los agentes forman parte y son responsables de la solución.
La búsqueda de la legitimidad es un trabajo de largo aliento y muchas veces podría pensarse que está en contra de los objetivos de corto plazo. Sin embargo, es la única forma de asegurar la sostenibilidad de la operación, de la empresa y de la población.
Esta mirada de legitimidad requiere el involucramiento estratégico y operativo del Estado, pasando de ser un actor secundario a ser el protagonista y articulador del sistema. El reto es grande ya que el Estado en el Perú tiene un problema estructural que se agrava en el ámbito rural debido a que, de acuerdo a la historia, nunca existió en estas zonas. Es más, muchos pobladores rurales conocieron por primera vez al Estado cuando la empresa llegó.
Replanteando las soluciones de gestión social
En el encuentro entre el Estado, la empresa y el ciudadano, es la empresa quien tiene –por necesidad y responsabilidad- el reto de impulsar soluciones distintas y de alto impacto. Estas pueden ser:
- Puesta en valor del Estado. El objetivo es lograr la legitimidad del Estado en la zona de influencia a través de un acompañamiento para la mejora de su gestión y capacidades, así como su relacionamiento con la población. No basta con tener un Plan de Desarrollo Concertado o buenos proyectos de inversión. Es necesario que el Estado asuma su rol y se apropie de las metas de desarrollo económico y social. La empresa debe apuntalar al Estado.
- Actuación empresarial conjunta. No hay una solo empresa en la zona de influencia. Pareciera una afirmación obvia pero muchas veces nos olvidamos de esta realidad. El desafío es promover la participación de otros actores empresariales presentes en las zonas circundantes para que desde su conocimiento, experiencia o posibilidades contribuyan en la búsqueda de la legitimidad y el desarrollo de las zonas de influencia. No deben confluir las expectativas en una sola empresa.
La propuesta es abordar la gestión social del segundo anillo (provincial o regional) desde una mirada integral, transversal y trabajando en conjunto.
Finalmente buscamos la confianza…
La necesidad de replantear la estrategia y gestión social de las organizaciones se basa en el reconocimiento de que lo que hemos venido haciendo no ha funcionado. Como empresas nos hemos vuelto muy buenos trabajando por la licencia social y nos falta abordar, con mayor rigor, una auténtica legitimidad.
Finalmente, lo que todos queremos es un contexto que nos permita crecer, desarrollarnos y mejorar nuestra calidad de vida. Y eso solo puede lograrse en una sociedad basada en relaciones de confianza. Una confianza que no se puede generar si no conozco y reconozco al otro.