Por Stakeholders
Lectura de:
Por Rafael Valencia-Dongo
Presidente del Grupo Estrategia
Inversión, conflictividad y sobrerregulación en minería
En nuestra realidad nacional se puede descubrir una paradoja. Aunque llega la tan ansiada inversión nacional y extranjera a lugares con mucha pobreza y subdesarrollo, esta es rechazada muchas veces violentamente. El Estado no encuentra solución a esta paradoja: “a mayor inversión, más conflictos”, que acentúa el subdesarrollo económico y moral. La respuesta gubernamental ha insistido en la sobrerregulación o permisología, y esta no parece ser la solución al problema.
Una cara de la moneda: permisos legales
Los permisos legales son una larga lista de requisitos, documentos y trámites, impuestos por el Estado, que las empresas requieren hacer o tener para realizar diversas actividades extractivas y que les dan legitimidad. En el Perú estos procesos son engorrosos. Funcionarios públicos entrevistados revelaron que los TUPA de las entidades públicas involucradas en el otorgamiento de las autorizaciones, certificaciones y permisos ambientales demoran hasta 100% más del tiempo establecido.
Desde 1992 se han realizado hasta 31 modificaciones a la legislación ambiental en materia minera en el Perú. Cada uno de estos cambios ha involucrado la creación de nuevas autorizaciones y procedimientos en materia ambiental, incrementando el acervo regulatorio. El número de instituciones involucradas en el otorgamiento de permisos ambientales llega hasta 8.
La otra cara de la moneda: aceptación social
La aceptación social es la legitimidad otorgada por los ciudadanos para la instalación y explotación del proyecto y sus actores son:
- Ante los conflictos socioambientales, el gobierno permanece inactivo y, en el mejor de los casos, reactivo. La sensación común es la percepción de la carencia de poder para ejercer su autoridad y generar aceptación a los permisos que otorga.
- Los empresarios tienen el comportamiento de quien se enfrenta a un entorno hostil para las inversiones. Ellos poseen la sensación común de que los permisos oficiales no les sirven en la práctica para iniciar la operación autorizada.
- La población busca “negociar” su consentimiento a cambio de beneficios, como trabajo y seguridad. A medida que aumentó la inversión en minería[1], el aumento de los conflictos sociales en los últimos años ha sido un hecho; pero más notable que este aumento cuantitativo de la inversión[2] , ha sido el incremento en intensidad de dichos conflictos.
- Los opositores al proyecto son pocas personas que manipulan a muchos y aprovechan las circunstancias de un gobierno ausente, un policía que muchas veces no cumple su deber, de la fiscalía y el poder legal atemorizados y que no actúan como corresponde, la empresa que demora demasiado en establecer relaciones con la comunidad, entre otras.
Inversión, conflictos y permisología
En el Perú existe un canal de transmisión de conflictos socioambientales, en el cual hay una relación directamente proporcional entre el incremento de la inversión minera, incremento de conflictos e incremento de la permisología. Como se observa en el gráfico, en los dos últimos años hubo una disminución de la inversión[3]; sin embargo, el número de trámites se mantuvo, porque estos ya se quedaron instalados y no disminuyen. Desde la perspectiva del ciudadano, la explotación y el uso de los recursos naturales se fue complicando exponencialmente en el tiempo, no solo en el caso de la minería, sino también para la agricultura, forestación, ganadería, pesquería, aprovechamiento de recursos energéticos, etc. Razón por la cual es válido pensar en la necesidad de una reforma de la estructura administrativa del Estado, que permita normar y controlar el uso de los recursos naturales de manera más eficiente.
Solución legal: el Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente (MIRNA)
Un grupo de profesionales propuso la creación de un ministerio que agrupe a las entidades que regulan el uso sostenible de los recursos naturales, para el desarrollo integral, sostenible e igualitario del país, así como alcanzar el equilibrio entre las necesidades de la población y el respeto por la naturaleza.
La propuesta es la creación de una nueva entidad que integre los ministerios de Energía y Minas, de Agricultura y de Ambiente con el viceministerio de Pesquería. Esta nueva entidad sería el Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente (MIRNA), que abarcaría la gestión y administración de los recursos energéticos, mineros, hidrocarburos, hidrobiológicos, hídricos, agrícolas, agropecuarios y forestales del país, así como todas las actividades destinadas al manejo de tales recursos en el marco de la sostenibilidad ambiental establecida por la Constitución.
Solución social
Las autoridades deben comenzar por impulsar la aplicación del marketing social, para hacer ver a los pobladores de la zona de influencia, que los graves problemas y consecuencias de la pobreza, desnutrición, morbimortalidad y falta del agua, podrían solucionarse mediante los recursos económicos (impuestos) provenientes del proyecto de explotación. Es decir, pasar del enfoque de proveer infraestructura al enfoque de despertar necesidades humanas, para luego atenderlas, con el concurso de la empresa, por ejemplo, créditos contra el canon futuro. Se debe invertir con mayor énfasis en proyectos sociales de servicios (proyectos blandos), pues los opositores trabajan con y en la mente y no con infraestructura.
El Gobierno debe forjar “inteligencia ciudadana”, para asegurar el entendimiento de los ciudadanos, de los aspectos más importantes que conlleva su realidad. Utilizar la persuasión principalmente y además la razón, como fuentes de influencia y poder constitucional. A la par de las líneas de acción del Gobierno deben darse otras para las empresas extractivas, para forjar una sociedad autosustentable y digna, y despertar la vocación productiva para reducir la dependencia hacia la empresa.
Una empresa privada, ya sea por desempeño social o responsabilidad corporativa, ejecuta proyectos que caen en la definición de “inversión comunitaria” o sociopolíticos, que terminen generando “capital social”, que reduzca la resistencia a la inversión y permita una convivencia armoniosa a lo largo de la vida útil de la explotación. Aunque resulte contradictorio el capital social se logra desde terceros, usualmente el “autobombo” no funciona.
En lugar de tratar de disminuir las diferencias entre el Estado, la empresa y la sociedad, y que todos hablen un mismo lenguaje, básicamente se deberían dedicar los esfuerzos a desarrollar la relación entre las tres partes sobre la base de los intereses de cada una de ellas, aunque estos puedan ser egoístas. Solucionar el problema de la permisología pasa por reducir los conflictos socioambientales en frecuencia y severidad. Pretender hacer lo contrario nos llevaría a solucionar muy bien el problema que no es.
[1] El incremento de la inversión minera en el Perú ha sido notorio en los últimos años, pasando de 1,484 (2001-2005) a 42,073 (2011-2015) millones de dólares.
[2] Actualmente hay más de una docena de proyectos paralizados por conflictos sociales y 10.000 millones de dólares comprometidos.
[3] Según el director ejecutivo de Proinversión, la cartera de proyectos para el periodo 2017-2018 suma más de 14 000 millones de dólares, de los cuales la mayoría están relacionados a la inversión minera. Cfr. Expreso, Cartera de proyectos suma más de US$ 14.000 millones, 31 de julio de 2017.
