“Vamos a garantizar que más de 8 millones de estudiantes inicien clases en la fecha programada”

El año escolar 2025 iniciará el 17 de marzo, una semana después que en 2024. Sin embargo, debido a las lluvias y problemas de infraestructura en varias regiones, ¿el Minedu contempla modificar esta fecha o qué medidas se están tomando para garantizar condiciones adecuadas desde el primer día?

Estamos trabajando junto a los gobiernos regionales, las 26 DRE y las 225 UGEL para asegurar el ‘Buen inicio del año escolar’ el 17 de marzo. No obstante, esto no impide que adoptemos medidas focalizadas a nivel local debido a la emergencia y las intensas precipitaciones que afectan al país.

Desde el gobierno, estamos implementado medidas de prevención y atendiendo de forma inmediata a 141 escuelas afectadas. Por ello, nos encontramos en peramente monitoreo a nivel nacional, coordinando con las UGEL, directores y el sector privado para garantizar un regreso seguro y organizado a las escuelas este 17 de marzo.

¿Cuál es la expectativa de este nuevo inicio de año?

Estamos por cumplir cinco años desde el inicio de la pandemia en el Perú, periodo en el que la infraestructura educativa sufrió un mayor deterioro debido a la paralización de los colegios. Este año, la oferta del sector público es sólida, con 6.5 millones de estudiantes, mientras que el sector privado alberga a aproximadamente 2 millones. En educación básica, el 70 % de la cobertura corresponde al sector público y el 30 % al privado, proporción que se invierte en la educación superior universitaria, donde el 70 % proviene del sector privado. Vamos a garantizar que más de 8 millones de estudiantes inicien clases en la fecha programada.

En esa complementariedad es donde se debe hacer mayores esfuerzos entre el sector público y privado.

Durante la pandemia, muchos estudiantes migraron al sector público por dificultades económicas. Nuestra gestión no está en contra de la educación privada, siempre que cumpla con las normas establecidas. Hemos trabajado con colegios privados en Lima y otras regiones, facilitando normativas y reduciendo la burocracia para su adecuación. Además, en coordinación con el Ministerio del Interior, reforzamos la seguridad en escuelas privadas y públicas, abordando riesgos como desastres naturales. También trabajamos con la comunidad educativa a través de las Brigadas de Autoprotección Escolar, en colaboración con la Policía, alcaldes y serenazgos.

“Durante la pandemia, muchos estudiantes migraron al sector público por dificultades económicas”.

En estos dos años de gobierno se han invertido más de S/ 9700 millones en infraestructura educativa. ¿Qué proyectos podría destacar y cuáles son las principales inversiones que se ejecutarán en 2025? ¿Qué mecanismos de financiamiento se priorizarán?

Hemos realizado un shock de inversiones en el sector educación sin precedentes, destinando S/ 9700 millones en inversión pública directa para destrabar y lanzar proyectos clave. Un ejemplo es el programa Escuelas Bicentenario, que contempla la construcción de 75 escuelas en Lima Metropolitana y en 9 regiones del país, durante el 2024 ya entregamos 31 escuelas bicenternario y al culminar este año habremos entregado el paquete de 75. Además de 48 colegios ejecutadas por el PRONIED y 36 escuelas mediante la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Este ambicioso paquete no solo impulsa la construcción y el empleo, sino que también fortalece la innovación pedagógica, yendo más allá de la infraestructura para mejorar la calidad educativa.

¿Las inversiones contemplan otros aspectos?

Este shock de inversiones está acompañado de un nuevo enfoque de aprendizaje, en el que el Perú es pionero en América Latina: el aula flexible. Gracias a la cooperación técnica de Finlandia, este modelo permite que los estudiantes trabajen en grupos, desarrollando lecturas, investigaciones y proyectos, con el apoyo de dos o tres docentes en lugar de uno. Además, dentro del aula se crean espacios más pequeños para un aprendizaje más personalizado, fortaleciendo habilidades en matemáticas, escritura y lectura.

El “Pacto Social por la Educación” contempla una inversión de S/ 2700 millones para 51 proyectos vía Asociaciones Público – Privadas (APP) en 2025. ¿Cuáles son las principales regiones beneficiadas y qué impacto se espera de estas inversiones?

El presupuesto del Minedu este año representa el 5.1% del PBI, acercándonos al 6% que todos buscamos. En Obras por Impuestos (OxI), somos líderes en el sector público, con una cartera de 31 proyectos por más de S/ 1400 millones. De estos proyectos por OxI, 15 ya están culminados y se encuentran listos para el Buen Inicio del Año Escolar en las regiones de Piura, La Libertad, Cajamarca, Lambayeque, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna.

Además, impulsamos una cartera de 51 proyectos por APP con una inversión superior a S/ 3,000 millones. Aquí están incluidos nuevas instituciones educativas y Colegios de Alto Rendimiento en las regiones de Lima, Pasco, Cusco, Huancavelica, San Martín, Amazonas, Tumbes y Ucayali.

En este esfuerzo que ha realizado desde su gestión, han lanzado el programa “Abraza tu Cole”, que busca mejorar las condiciones de infraestructura de los colegios antes del inicio del año escolar. ¿Cuáles son los criterios específicos para la selección de las instituciones beneficiadas?

Es una estrategia que busca mejorar la infraestructura de las escuelas durante todo el año, en colaboración con el sector privado.

Consiste en un sistema de donaciones realizadas directamente a los colegios por parte de empresas grandes hasta comercios aledaños, quienes contribuyen con el equipamiento educativo, intervención menor en las escuelas o voluntariados corporativas, impulsando iniciativas de responsabilidad social.

Hay algunas empresas que nos vienen a buscar y nos dicen “queremos apoyar en tal región”. Por ejemplo, hemos firmado con la empresa minera La Bambas un proyecto de OxI para varias instituciones educativas en la región Arequipa y en el corredor minero. Entonces ahí donde hay interés, nosotros con mucho gusto priorizamos también esa atención. Y así tenemos distintos ejemplos.

“Hasta la fecha, hemos separado a más de 754 docentes y administrativos con sentencias”.

¿Cómo garantizarán que las intervenciones de mantenimiento menor bajo el programa “Abraza tu Cole” sean sostenibles y no se conviertan en soluciones temporales?

Ese es justamente uno de los retos. Estamos en diálogo con el ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, para explorar la posibilidad de incorporar, además de la modalidad de Obras por Impuestos, un esquema de Servicios por Impuestos.

Esto permitiría garantizar el mantenimiento y la sostenibilidad de infraestructuras complejas en las regiones, facilitando que empresas interesadas asuman el mantenimiento de paquetes de colegios en determinadas zonas. Para ello, es fundamental coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas y ProInversión.

¿Cuál es su opinión sobre las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte sobre “no debemos permitir que confundan a los niños” en relación a rechazar la inclusión de “ideologías de género” en el sistema educativo?

La posición de la señora presidenta es clara: no debe haber ideología de género en nuestras escuelas, ni ninguna otra ideología. La educación debe basarse en fundamentos científicos, académicos y biológicos para abordar temas relacionados con la identidad de hombres y mujeres, evitando la introducción de cualquier enfoque ideológico que pueda influir en nuestros estudiantes.

Desde el Ministerio de Educación, nuestro compromiso es fortalecer la educación cívica. Este año implementaremos un módulo específico para recuperar los valores patrios, reforzando el respeto por los símbolos nacionales y promoviendo el compromiso con la democracia y el desarrollo. También estamos impulsando una enseñanza más estructurada sobre el terrorismo, con nuevos enfoques en primaria y secundaria para que los estudiantes comprendan lo sucedido en el Perú en los años 80 y 90.

¿Qué se está ejecutando en ámbitos básicos y útiles como es la educación financiera?

Estamos innovando en educación financiera, brindando a los estudiantes herramientas para desarrollar emprendimientos y fortalecer su independencia económica. Este enfoque complementa el impulso a la secundaria técnica y profesional, revalorizando los oficios como parte de nuestra tradición.

En educación sexual, ¿no es fundamental que los alumnos aprendan sobre su cuerpo y bienestar para prevenir situaciones de abuso?

Sí, por supuesto. Sin embargo, esto no tiene relación con la ideología de género. Nuestro enfoque es científico y basado en criterios objetivos, garantizando conocimientos sin afectar las decisiones de las familias. Son los padres quienes deben orientar a sus hijos en estos temas, y desde el Ministerio respetamos plenamente ese criterio, trabajando con la comunidad educativa.

“El proceso de incorporación de 25 000 docentes ha sido un ejemplo de meritocracia en el país”.

Cuando las familias no brindan apoyo en estos temas, ¿qué rol debe asumir el Ministerio? ¿Se contemplan espacios en los colegios para capacitar a los padres?

Lo más importante es evitar que los niños sean víctimas de abuso o acoso, sin que esto se use para imponer ideologías. Nuestro compromiso es salvaguardar su integridad y seguridad, protegiendo su bienestar físico y emocional. En este sentido, ponemos límites a cualquier intervención que contradiga la orientación que cada familia decida para sus hijos.

Hablando de ideologías y seguridad, ¿qué medidas está tomando el Ministerio para manejar la presencia de docentes sentenciados y abordar casos como el abuso de alumnas en la Amazonía?

Trabajamos directamente con las UGEL de Condorcanqui y con la Dirección Regional de Educación de Amazonas para garantizar que, al recibir una denuncia en el sistema, se tomen medidas inmediatas en los procesos de contratación docente. En el caso de los profesores nombrados, la base de datos ha sido completamente depurada.

Sin embargo, cada año se contratan entre 150 000 y 170 000 docentes adicionales, aparte de los casi 420 000 que forman parte de la Carrera Pública Magisterial. Nuestro objetivo es aplicar una separación administrativa inmediata para evitar que personas con antecedentes puedan reincorporarse, algo que sí ocurría en gestiones anteriores.

¿Qué cantidad de docentes y administrativos han sido separados debido a delitos?

Estamos actuando con total severidad y con hechos concretos. Hasta la fecha, hemos separado a más de 754 docentes y administrativos con sentencias, algo que nunca antes se había hecho. Es importante diferenciar entre sentencias y denuncias: en el primer caso, la separación es definitiva, mientras que, en el segundo, seguimos un procedimiento administrativo. Sin embargo, aquí es clave que la Fiscalía y el Poder Judicial también hagan su trabajo para garantizar sanciones efectivas.

En el último concurso de la Carrera Pública Magisterial participaron más de 210 000 docentes. ¿Cómo se está fortaleciendo la meritocracia y qué incentivos se están otorgando para la capacitación docente?

Seguimos apostando por la meritocracia, un pilar fundamental para el desarrollo del país y el fortalecimiento de la educación pública. Necesitamos docentes no solo titulados, sino con competencias actualizadas, capaces de impartir clases de manera dinámica e innovadora.

Por ello, el año pasado impulsamos una serie de capacitaciones en colaboración con universidades públicas y privadas. Firmamos convenios con seis universidades públicas y abrimos la formación a más de 212 000 docentes en áreas como herramientas digitales, didáctica y metodologías innovadoras, recuperando también enfoques pedagógicos propios de nuestra historia y experiencia docente.

El proceso de incorporación de 25 000 docentes ha sido un ejemplo de meritocracia en el país. No hay otro proceso de selección de esta magnitud en el Perú ni en otros países de la región. Por eso, defenderemos este modelo y seguiremos exigiendo altos estándares para nuestros maestros, en respuesta a las demandas de la sociedad.

Sobre el material educativo, ¿este responde a las realidades a lo largo del territorio nacional?

Estoy convencido que solo avanzamos trabajando de forma conjunta, por ello la importancia del Pacto Social por la Educación como eje fundamental en nuestra gestión. Este pacto es una herramienta de diálogo con todos los sectores: comunidades, pueblos originarios, gobiernos regionales, municipios, el sector privado y organismos internacionales. Gracias a este esfuerzo, hemos asegurado la distribución de material educativo a las 225 UGEL, el cual integra 42 lenguas originarias, sistema braille, con ilustraciones adaptadas a la realidad de cada comunidad, evitando enfoques eurocéntricos o ajenos a su cotidianidad.

“Nuestro compromiso es salvaguardar su integridad y seguridad, protegiendo su bienestar físico y emocional”.

En cuanto a innovación y digitalización, ¿se buscará asegurar que las escuelas tengan un libre acceso?

Un aspecto clave es la innovación en infraestructura. Las Escuelas Bicentenario son un ejemplo de ello. Actualmente, benefician a 100 000 estudiantes, pero en cinco años alcanzarán a 500 000.

La digitalización también es una prioridad. Vamos a implementar una política agresiva de conectividad en los colegios, tanto en regiones como en Lima Metropolitana, porque no podemos hablar de una sociedad del conocimiento sin acceso a internet.

¿Qué enfoque están estableciendo en consonancia de formar jóvenes egresados listos para insertarse dentro del mercado laboral?

En educación para el trabajo, estamos fortaleciendo la formación técnica y productiva. Queremos que los estudiantes egresen con certificaciones técnicas en contabilidad, panadería, metalmecánica, estética y otras especialidades a través de los CEPROS y centros técnico-productivos. Los jóvenes salen con un título y pueden insertarse en el mercado laboral inmediatamente, lo que genera satisfacción tanto en ellos como en sus familias.

Nuestro enfoque está en garantizar una educación inclusiva, moderna y alineada con las necesidades del país. Queremos un sistema educativo fortalecido, con infraestructura adecuada, docentes capacitados y estudiantes preparados para enfrentar los desafíos del futuro.

Infraestructura y acceso a servicios básicos

Sobre la falta de acceso a servicios básicos en algunas instituciones, el ministro indica que se está promoviendo la inversión en escuelas modulares integrales, que difieren de los módulos entregados antes de la pandemia (2017-2019), los cuales eran de plástico y no garantizaban calidad. Estas nuevas escuelas contarán con acceso a agua, electricidad, internet y áreas deportivas protegidas para mitigar el impacto del cambio climático en los estudiantes.

“Para impulsar este proyecto, hemos desarrollado una guía práctica que permitiría entregar estas infraestructuras en un año en cada región. Asimismo, firmamos un convenio con los Gobiernos regionales para priorizar su implementación y garantizar que sean consideradas gasto de inversión, evitando que se perciban como soluciones temporales”, explica.

También se refiere a la falta de infraestructura en los niveles de primaria y secundaria. Si bien en algunas localidades se implementa educación inicial, a medida que los niños crecen se hace necesario este tipo de infraestructura.

“Este fenómeno se ha observado en Piura y otras regiones con alta migración interna, donde estamos brindando apoyo con soluciones innovadoras en coordinación con los Gobiernos regionales”, capitaliza.

Por otro lado, señala que muchas autoridades solicitan grandes inversiones para colegios de S/ 40 millones, pero es necesario ofrecer alternativas viables y sostenibles desde el Minedu, dado que no son directamente los competentes en la ejecución inmediata de estos proyectos a nivel regional. Por ello, articulan esfuerzos con el MEF para estructurar modelos de inversión que permitan cerrar brechas en zonas rurales y urbanas con alta precariedad.

“Además, estas infraestructuras deben ser manejables, ya que los colegios con 3000 a 5000 alumnos presentan retos en gobernanza, seguridad y administración educativa. Es necesario avanzar hacia un modelo más flexible y eficiente, donde los Gobiernos regionales puedan incorporar estas inversiones en Obras por Impuestos, según su capacidad presupuestaria”, indica.