Por Stakeholders
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El 2019 es un año de gran oportunidad para el crecimiento económico del Perú, indicó Pablo de la Flor, Director Ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). “Se ha reactivado la inversión minera y este año, con la puesta en marcha de Mina Justa y Quellaveco y la expansión de Toromocho se calcula una inversión cercana a los US$6,000 millones. La minería será el gran motor del crecimiento en el 2019 y si queremos ahondar esta tendencia debemos trabajar todos en apuntalar la competitividad del sector”, dijo.
Frente a los planteamientos de algunas autoridades recientemente electas sobre las industrias extractivas, de la Flor afirmó que la minería es uno de los principales contribuyentes del país, pues paga no solo el Impuesto a la Renta (IR) y las regalías, sino que tiene además otras cargas específicas como el Gravamen y el Impuesto Especial a la Minería.
“En los últimos 10 años (2009-2018), el sector generó el 20% de la recaudación por impuesto a la renta corporativa, regalías e impuestos especiales; y transfirió vía canon casi S/. 40 mil millones a los gobiernos regionales y municipios”, indicó.
En ese sentido, anotó, es importante resaltar el estudio del Instituto de Economía Peruano (IPE), que revela que una empresa minera en Perú con una utilidad operativa de 30% tiene una carga fiscal de 47%, muy superior a la vigente en nuestros principales competidores como Canadá, Australia y Chile.
Además, destacó el carácter descentralista de la minería. “En un país que se caracteriza por su centralismo, la minería se encuentra presente en 17 de las 25 regiones que tiene el Perú, y es una de las pocas actividades económicas que llega a las zonas más lejanas del territorio nacional, a más de 3,000 m.s.n.m.”, dijo.
La minería –informó- representa más del 10% del PBI nacional, y sus aportes del sector han sido fundamentales para cerrar las importantes brechas sociales que arrastra el país. Según la publicación “El canon, sobrecanon y las regalías en el Perú (2008-2017)”, la inversión pública en servicios básicos para la población se ha financiado en buena parte con los aportes mineros. En Cajamarca, por ejemplo, la tercera parte de lo invertido en dicho período en energía (36%), educación (34%) y saneamiento (29%) provino del canon. En el caso de Moquegua, casi dos terceras partes de lo invertido en servicios provino de la minería: en energía el 68% se financió con canon y regalías mineras, en educación esta cifra fue del 52% y en saneamiento, del 51%. Así, esta región logró llegar a una cobertura de agua del 95% y de alumbrado público de 92%.
A fin de apuntalar esta tendencia de crecimiento, explicó, es importante continuar impulsando la coordinación público – privada que se ha venido desplegando desde el 2018 a través de la mesa ejecutiva sectorial liderada por el Ministerio de Economía y Finanzas.
“Este esquema ha permitido coordinar esfuerzos con el Estado a fin de abordar los principales desafíos que la industria enfrenta. Además, desde la SNMPE venimos participando activamente en Rimay, iniciativa en la que sector público, privado y ONGs elaboramos juntos una visión de la minería al 2030”, comentó De la Flor.
