Desde el pasado 4 de octubre, más de 500 comuneros puneños vienen ocupando la zona de Pasto Grande en la frontera con Moquegua como medida…
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Desde el pasado 4 de octubre, más de 500 comuneros puneños vienen ocupando la zona de Pasto Grande en la frontera con Moquegua como medida de protesta hacia el gobierno nacional para que dé una solución al conflicto territorial por la falta de una clara demarcación. La represa de Pasto Grande que actualmente beneficia a Moquegua, estando en territorio puneño, es el punto de disputa entre ambas regiones.
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La mañana del 16 de octubre inició el paro preventivo de 24 horas convocado por pobladores y el Comité de Lucha de la zona Sur de Puno. Mientras tanto en la ciudad de Puno siete consejeros del gobierno regional se encadenaron en la plaza de Armas en apoyo al paro. “Exigimos a la región Moquegua el respeto irrestricto del territorio puneño y que no pretenda adueñarse de pertenencias puneñas, Moquegua está motivado porque en la zona existen recursos hídricos y mineros, si no, no le interesaría”.
Por su parte Hugo Llano, presidente del Comité de Lucha, afirmó que esto solamente es el inicio de las protestas y amenazó con lo que se denominaría “aymarazo”. Señaló que son cerca de cinco mil pobladores aimaras los que acataron el paro preventivo, sin embargo están dispuestos a establecer una mesa de diálogo, pero con presencia del presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén. Mientras tanto, en Moquegua se realizó una marcha con un promedio de 800 personas en contra de Puno pidiendo la desocupación del centro Poblado de Pasto Grande, asimismo pidieron la intervención del gobierno nacional para solucionar el conflicto fronterizo. Por otro lado, el Premier, Javier Velásquez Quesquén el día lunes 19 de octubre instaló oficialmente la Mesa de Diálogo entre Puno y Moquegua, en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a fin de establecer soluciones. Asimismo, los gobiernos regionales de Puno y Moquegua suscribieron un acta de entendimiento donde acordaron deponer cualquier medida de fuerza en la zona. La encargada de verificar el cumplimiento de dicho acuerdo será la Defensoría del Pueblo.
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