Salud y reactivación económica: La agenda de corto plazo

Nuestro país enfrentará cruciales desafíos en los próximos meses ante el avance imparable del COVID-19 y sus lamentables secuelas. En el corto plazo, el Gobierno tiene que ampliar la atención sanitaria para contener el avance de la pandemia y suplir las necesidades básicas de la población en materia de salud. En paralelo, se tendrá que reactivar una economía que sufrirá una dura recesión este año y, así, salvaguardar millones de empleos. Lograr un delicado equilibrio entre contener la propagación del virus y mitigar el costo económico de la cuarentena (y de la crisis externa) será una de las principales tareas de nuestras autoridades en el corto plazo.

¿Cómo contener el COVID-19 ante la precariedad sanitaria?

Estamos entrando en la séptima semana de la cuarentena y no es evidente que el Gobierno haya logrado controlar la pandemia al ver el patrón de casos confirmados y el número de fallecidos que se registran día a día. La capacidad hospitalaria del sector público se encuentra totalmente rebasada al no contar con suficientes camas de unidades de cuidados intensivos (UCI) ni ventiladores, siendo más crítica la precariedad al interior del país. Nuestra insuficiente capacidad hospitalaria, con solo dos camas de UCI por cada cien mil habitantes, contrasta con la situación de la mayoría de los países de la región, como Brasil con 17 o Ecuador con 7. El déficit que tenemos no se circunscribe al rubro de equipamiento sino también abarca la insuficiencia de personal medico calificado, enfermeras y personal asistencial. Al acercarse el invierno, se sumará al COVID-19 la temporada de infecciones respiratorias lo que presionará incluso más a la atención hospitalaria.

De lo observado las últimas semanas, resulta patente que el modelo de gestión sanitaria en torno a grandes complejos hospitalarios resulta inadecuado para enfrentar pandemias. El COVID-19 ha demostrado las deficiencias de concentrar la atención de los pacientes (sin discriminar entre casos graves y leves) en grandes hospitales, habiendo generado una propagación sin precedentes del virus. Frente a esta estrategia, el modelo adaptativo y flexible de los países asiáticos basado en la detección, confinamiento y monitoreo de pacientes asintomáticos o con síntomas leves parece ser superior. Quizás el elemento de trazabilidad o monitoreo sea el más importante para el reinicio efectivo de la actividad económica. Esto requerirá del establecimiento de protocolos sanitarios creíbles que reduzcan el riesgo futuro de posibles rebrotes de la pandemia.

El difícil equilibrio entre contener la pandemia y reactivar la economía

La economía peruana está entrando en una situación muy delicada al enfrentar severos shocks de demanda y oferta. La caída en la demanda externa, la fuga de capitales externos y la extensión de la cuarentena avizoran una importante contracción de la actividad productiva. La mayoría de los analistas prevé una contracción económica de dos dígitos para este año y descarta una recuperación vigorosa el año entrante. La vulnerabilidad ante la pandemia se ha reflejado incluso en el hecho que algunos sectores considerados “esenciales” (como la minería) se han visto obligados a suspender su producción al registrarse múltiples casos de COVID-19. Por ejemplo, la paralización de los mega yacimientos de Las Bambas, Antamina y Quellaveco, que cumplen estrictos protocolos sanitarios, grafica la dificultad que tendrán muchos sectores de normalizar su actividad durante los próximos meses y, a la vez, preservar la salud de sus trabajadores.

Pese a estas dificultades, el Gobierno y el sector privado se encuentran abocados en definir una estrategia que permita el reinicio de actividades a la mayor brevedad posible que cumpla con tres criterios: i) suplir los insumos necesarios para el desenvolvimiento de los sectores esenciales; ii) maximizar el aporte a la actividad económica (en términos de empleo, producción, exportaciones) y iii) cumplir los estrictos protocolos sanitarios. En este sentido, el Gobierno tendrá que fiscalizar el adecuado cumplimiento de estos estándares por lo que la SUNAFIL tendrá que ser fortalecida para asumir esta responsabilidad y asegurar el cumplimiento del protocolo de toda la cadena productiva.

Esto será desafiante dada la composición del tejido empresarial compuesto principalmente por micro y pequeñas empresas, muchas de ellas informales. En este sentido, la responsabilidad tendrá que recaer sobre las propias empresas que son las que mejor conocen la heterogeneidad de su sector, sus vinculaciones intra-sectoriales y los eslabonamientos con otros sectores. Esto les permitirá una mejor gestión de los riesgos sanitarios que tendrán que encarar.

En suma, el reinicio de actividades dependerá del riguroso cumplimento de una matriz de riesgos que normalice la producción sin comprometer la frágil situación sanitaria existente que hoy es enervada por el coronavirus. Mientras no haya una vacuna disponible, persistirá el riesgo de rebrotes y es evidente que el costo de una nueva cuarentena sería enorme tanto en términos económicos como sociales.

Recalibrando los instrumentos de apoyo a las micro y pequeñas empresas

El reinicio de las actividades productivas también dependerá de cuán debilitadas queden las empresas tras la crisis. Es probable que muchas empresas quiebren y no puedan superar el enorme stress que están sufriendo. Someter a una empresa a una muy reducida (o nula) capacidad de generar ingresos y, a la vez, enfrentar la carga que significa el pago de la planilla, proveedores, alquileres, servicios públicos, entre otros, justifica plenamente que el Gobierno lance un salvavidas suficientemente potente que permita su supervivencia.

Hasta la fecha, las necesidades de flujo de caja de muchas empresas han sido parcialmente atendidas a través del despliegue de un número importante de instrumentos, siendo el más potente el Programa Reactiva Perú. La experiencia de otros países muestra que esta facilidad sería la más efectiva para trasladar capital de trabajo del Banco Central de Reserva a miles de empresas a través de líneas garantizadas por el Estado intermediadas por la banca comercial al menor costo posible. Aun cuando tardó en implementarse, el Programa ya está en plena ejecución y ha logrado movilizar importantes recursos a muy bajo costo. Como toda nueva iniciativa, las autoridades tendrán que calibrar sus parámetros para lograr llegar al mayor número de empresas elegibles.

Sin embargo, es claro que este instrumento no llegará a todas las empresas, especialmente las más pequeñas, con la oportunidad que se requiere. Por esta razón, el Gobierno tendrá que continuar puliendo nuevos instrumentos como el factoring, las líneas garantizadas a través del Fondo de Apoyo Empresarial (FAE) y un apoyo más activo a las entidades microfinancieras para llegar al segmento más necesitado en esta coyuntura. Un avance han sido los cambios realizados al FAE dirigidos a las microempresas. Ahora se permite la inclusión de otros intermediarios financieros (como cajas municipales y cooperativas) y al aumentar la cobertura de la garantía pública se logrará movilizar en hasta cinco veces el financiamiento privado. Estos cambios son el tipo de ajustes que permitirá ampliar la cobertura a un mayor número de empresas y facilitar el reinicio de su producción.

Este es el momento de sumar esfuerzos y adecuar las políticas que preserven el valor que generan las empresas y los puestos de trabajo que sostienen. Sin duda persisten otros desafíos en la agenda del país, pero hoy la salud de las personas y de la economía generan políticas entrelazadas entre sí como nunca visto. El coronavirus marcará una nueva realidad que nuestro país tendrá que rápidamente adaptarse. Nuestra resiliencia como sociedad, que hoy está siendo puesta a prueba, permitirá que nos recuperemos y salir adelante de esta crisis.