Por Stakeholders
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Ante un mercado cada vez más competitivo, las empresas enfrentan el desafío de captar la atención de los consumidores a través de estrategias publicitarias impactantes. Sin embargo, cuando esas estrategias cruzan la línea de la ética y la legalidad, los consumidores terminan pagando el precio. La publicidad engañosa es un problema que persiste en el Perú y que, según la abogada Mónica García, experta en derecho comercial del estudio SYÁ Legal Advisors, exige una regulación más rigurosa y una fiscalización efectiva para evitar los abusos.
“La publicidad engañosa puede presentarse en cualquier modalidad de información o comunicación que sea enteramente o parcialmente falsa o que omita datos esenciales, induciendo a error al consumidor”, explica García. Según el Decreto Legislativo N° 1044, esta práctica incluye mensajes que distorsionan características, calidad, precio u otros atributos de bienes y servicios.
La Dra. García enfatiza que las empresas tienen el deber de actuar con claridad, veracidad y responsabilidad en su publicidad. “Cada mensaje publicitario genera expectativas que, de no cumplirse, afectan la confianza del consumidor y pueden derivar en sanciones legales”, señala.
¿Cómo detectar y denunciar la publicidad engañosa?
Un ejemplo reciente que ha generado debate es el caso del Panetón Bon o Bon, que podría representar un caso emblemático de publicidad engañosa. Según la especialista, este caso plantea interrogantes sobre la transparencia en la información brindada al consumidor, especialmente en productos alimenticios.
“Si se confirma la falta, la empresa podría enfrentar sanciones económicas significativas, además de ser incluida en el registro de infractores. Esto genera un impacto reputacional que no se puede subestimar”, asegura.
Ante ello, los consumidores tienen un papel activo. García recomienda estar atentos a las condiciones de promociones, guardar evidencia como fotografías y exigir comprobantes de compra. Estos pasos son esenciales para presentar una denuncia formal ante Indecopi, el ente encargado de fiscalizar estas infracciones.
El proceso de denuncia incluye llenar formularios, adjuntar documentos que sustenten el reclamo y pagar una tasa administrativa. Una vez recibida la denuncia, Indecopi evalúa el caso y, de comprobarse la infracción, puede imponer multas de hasta 700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a millones de soles en casos graves.
Una regulación más efectiva
Aunque existen antecedentes de sanciones en casos similares, García cuestiona la eficacia de las políticas actuales de supervisión. “Si bien las empresas están bajo mayor vigilancia, todavía no hay un cambio estructural en la regulación publicitaria que garantice una protección robusta para los consumidores”, apunta.
Para la experta, es fundamental corregir las asimetrías informativas entre empresas y consumidores. Propone mayor fiscalización y ajustes normativos que incluyan estándares más claros y herramientas efectivas para prevenir el engaño.
