Por Stakeholders
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Por Mariana Rodríguez Pareja*
Es un hecho que las políticas en torno a las drogas vienen causando más perjuicios que resultados positivos en América Latina: las cifras son alarmantes, la violencia va en aumento y el negocio para los narcotraficantes es por demás rentable, llevando aparejados otros negocios ilegales que suelen ir conectados, tales como el tráfico de armas y de personas.
Por eso que desde hace algunos años, varios estadistas de nuestra región – tales como Fernando Henrique Cardoso del Brasil, entre otros- se han venido preguntando si es dable una política diferente, que aborde nuevas opciones; si cierta apertura en nuestras políticas causaría un impacto positivo (o aunque sea, menos negativo) en nuestras sociedades, reduciendo índices de violencia y mortalidad.
Durante estos últimos meses, el debate en torno a las políticas de drogas en nuestra región ha tomado aún más relieve. En principio, el pedido regional que llegó desde América Central, de la mano de los Presidentes Pérez de Guatemala, Martinelli de Panamá y Chinchilla de Costa Rica, quienes pidieron revisar el estado actual, explorar las políticas regionales para combatir el narcotráfico y la despenalización de las drogas. Juan Manuel Santos de Colombia propuso un plan y Obama desde Estados Unidos, mencionó la cuestión, todo en el marco de la Cumbre de las Américas donde se tomó la decisión, por medio de un mandato, que la OEA debe explorar nuevos caminos.
Tal como expresó Eduardo Vergara, Director de Asuntos del Sur, en la carta y propuesta conjunta con el Senador chileno Lagos Weber entregada al Presidente Sebastián Piñera, sólo en México, más de 50 mil personas han muerto en los últimos cinco años a raíz de la guerra contra la droga. Y los sucesos de los últimos días nos hacen pensar que el número sigue en aumento.
Debemos tener en cuenta un dato no menor con respecto a nuestra región: América Latina y el Caribe cuentan hoy con 9 de los 10 países más violentos del mundo. En algunos países centroamericanos mueren anualmente más de 130,000 personas, tienen lugar más de dos tercios de los secuestros a nivel mundial y cada 3 minutos una persona es asesinada. Honduras cuenta con 86 homicidios relacionados con drogas por cada 100 mil habitantes, por año. Cientos de cárceles latinoamericanas están hacinadas a causa de un explosivo crecimiento de su población, que principalmente está compuesta de infractores a leyes de drogas (principalmente por microtráfico o infracciones menores). Este hacinamiento y las preocupantes condiciones carcelarias han sido señalados en más de una oportunidad por la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De otro lado, en países como Ecuador y Argentina hay centros penitenciarios para mujeres donde hasta el 80% de las reclusas está ahí por infracciones a leyes de drogas que en su gran mayoría tienen que ver con narcomenudeo y no con grandes operaciones de tráfico.
La violencia genera más violencia… contra las mujeres
A la discriminación y violencia de género enquistadas en nuestras sociedades, se le suma la violencia que causan estas políticas. Las mujeres son afectadas de manera desproporcionada en esta guerra contra las drogas.
Un ejemplo es que la tasa de homicidios de mujeres se ha triplicado respecto a la de hombres en las naciones afectadas por el narcotráfico. Las tasas de encarcelamiento de mujeres respecto a las de hombres van en aumento, especialmente de las (mal) llamadas “mulas”. En Honduras, algunos indicadores estiman que el 90% de los feminicidios está relacionado con el narcomenudeo.
La articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género conformada por organizaciones de siete países de la región: ELA (Argentina), Coordinadora de la Mujer (Bolivia), Corporación Humanas (Colombia, Chile y Ecuador), EQUIS (México) y DEMUS (Perú), Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua – México y Centro Antígona, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona hicieron un pronunciamiento que fue entregado en Cartagena, durante la Cumbre de las Américas celebrada hace algunas semanas.
En el mismo, las organizaciones dejan en claro que en la guerra contra las drogas, “como en otros conflictos armados, las mujeres han sufrido de manera desproporcionada el impacto de la violencia, puesto que la discriminación histórica que ha recaído sobre ellas las ha ubicado en especiales condiciones de vulnerabilidad”. Personalmente estoy de acuerdo con su postulado: nuestros países no pueden seguir escondiéndose de una realidad que abruma y que nos sobrepasa.
Seguir combatiendo a las drogas de la forma en que lo venimos haciendo, causa más violencia y por tanto, más muertes. El consumo, no se ha reducido en los últimos años y hasta ha aumentado. Argentina ocupa el segundo lugar en el ranking de consumidores de cocaína del continente, siguiendo a los Estados Unidos. En ese mismo ranking, Uruguay y Chile siguen escalando posiciones estrepitosamente. Si bien algunos países han adoptado leyes y planes de educación y prevención, ninguno de ellos han probado ser eficaces por ser implementados de manera deficiente o por simplemente, no haber sido nunca ejecutados.
Es una necesidad instar a los gobiernos para llevar a cabo un debate honesto y lejos de los viejos tabúes. Debemos terminar con la política de “de esto no se habla”. La guerra contra las drogas genera más violencia, amenaza nuestra institucionalidad y afecta a todas nuestras sociedades, especialmente a quienes son más vulnerables, con bajos recursos y se encuentran más desprotegidos. La discusión es urgente y no menos, importante.
*Abogada argentina y Doctoranda en Derecho y Ciencias Sociales (UMSA). Actualmente se desempeña como Directora del Área de Derechos Humanos de Asuntos del Sur ADS @AsuntosdelSur
Fuente: Noticias Ser
