Esto, a raíz de un Decreto Supremo N.º 010-2023-Minedu que redefine las responsabilidades y competencias respecto a fiscalización ambiental en el sector educativo.

Por Stakeholders

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Los centros educativos o universidades peruanas, que cuenten con la presencia de animales, uso de productos químicos, fertilizantes, uso de aguas de fuente natural, insumos hospitalarios o residuos sólido-especiales serán supervisadas y fiscalizadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad especializada en la supervisión y fiscalización ambiental en el país. Esto, a raíz de un Decreto Supremo N.º 010-2023-Minedu que redefine las responsabilidades y competencias respecto a fiscalización ambiental en el sector educativo.

Esta modificación, publicada en junio, busca promover la sostenibilidad y asegurar un adecuado cumplimiento de las normas ambientales en el sector educativo.

Vito Verna, socio de Derecho Ambiental de CMS Grau, explicó a Gestión que, con esta transferencia de funciones, el sector educativo contará con una autoridad dedicada especialmente a la fiscalización ambiental, lo cual significa un cambio significativo para el cumplimiento de las normativas en este sector.

“La supervisión y fiscalización ambiental debería priorizarse según el riesgo ambiental de cada actividad concreta. Es previble que OEFA despliegue una actividad de supervisión y fiscalización mucho más ardua que la que actualmente existe, por lo que es fundamental que las instituciones educativas y deportivas verifiquen el cumplimiento de las normas establecidas en sus respectivos instrumentos de gestión y la legislación ambiental vigente”, añadió.

Al consultarle sobre si la fiscalización constituye una amenaza para el desarrollo y práctica de algunas carreras que se dictan en las universidades, el experto en Derecho Ambiental mencionó que “solo contribuye con mejorar el cumplimiento de la ley ambiental. Esta norma no crea nuevas obligaciones para las entidades que están en este sector económico”.

“Si alguna entidad no cumpliera con alguna obligación legal ambiental, deberá invertir recursos para regularizar su situación y así gestionar mejor los riegos ambientales que genera como parte de su actividad. Además de implementar programas de capacitación en materia ambiental para la comunidad educativa a su cargo”, detalló.







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