Por Stakeholders
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicó un informe en 2025, en el que identifica las dificultades en la modernización y electrificación del sistema de transporte público urbano.
El organismo internacional señala que en Perú se carece de un sistema de integración y que más bien existe una fragmentación en numerosos operadores, de los cuales muchos de ellos son informales.
¿Cómo es que el OCDE considera el sistema de transporte en Perú?
“El transporte público en el Perú tiene una tasa alta de informalidad y está ‘muy atomizado’”, advirtió la OCDE en su estudio.
Dicha situación representa un obstáculo fundamental para la implementación de reformas profundas y para la adopción de tecnologías limpias, como los autobuses eléctricos. Sin embargo, la falta de integración del sistema y el escaso financiamiento estatal agravan el panorama.
Tan solo en Metro de Lima, es el único sistema de transporte en el Perú que recibe el apoyo financiero del Estado. En ese sentido la OCDE identifica que la reforma del transporte público en Lima, el cual se encuentra en curso actualmente, constituye una oportunidad de crear sistema integrado y sostenible.
Lamentablemente, la atomización del sector y la ausencia de una política de integración dificultan la consolidación de un modelo moderno.
A ello se suma el esquema de licencias vigente para los operadores tradicionales, que contemplan autorizaciones definitivas no renovables por cinco años en zonas con nuevas concesionarias y renovaciones condicionadas a la modernización de la flota. El cual no ha logrado revertir la fragmentación ni incentivar la renovación tecnológica de manera suficiente.
Por ello, la OCDE recomienda una serie de medidas para superar los obstáculos identificados. El organismo subraya la necesidad de establecer incentivos adecuados y un entorno propicio para la renovación y racionalización del parque vehicular, priorizando la incorporación de grandes autobuses modernos.
Para facilitar la transición, sugieren implementar programas de chatarreo y conversión de combustibles, así como ofrecer soluciones financieras que permitan a los operadores afrontar las inversiones iniciales.
Entre las acciones complementarias, el informe destaca la importancia de una fiscalización efectiva sobre las condiciones de los vehículos y los operadores, la confiscación de unidades antiguas y contaminantes. Asimismo, la reconsideración de la exención del IVA en el transporte público, con el objetivo de equilibrar la competencia entre operadores formales e informales.
Los desafíos y oportunidades en el transporte público en la movilidad sostenible en el Perú, según OCDE
En el informe del OCDE se ilustra con ejemplos el implementar las políticas adecuadas para el bienestar de la ciudad. Santiago de Chile, por ejemplo, electrificó el 37% de su flota de autobuses en 2024 y se proyecta alcanzar el 55% para 2026.
En el caso de Perú, cuenta con una incipiente flota de vehículos eléctricos. Tan solo en 2023, solo 2% de las matriculaciones de autos nuevos pertenencia a modelos eléctricos o híbridos, frente al 17% en Colombia, 50% en Francia y Alemania, y 97% en Noruega.
Casos como Ciudad de México y Bogotá muestran que los sistemas de Bus de Tránsito Rápido (BRT) reducen emisiones entre 10 % y 20 %. En Perú, el Metropolitano de Lima es el único sistema BRT, pero presenta deficiencias de mantenimiento y no se ha expandido al ritmo que demanda el crecimiento urbano.
La OCDE y el Banco Mundial identifican un potencial de expansión: 130 km de corredores BRT hacia 2030 y hasta 400 km en 2050. Esto requiere coordinación entre el Estado y autoridades locales para garantizar cumplimiento de plazos.
Asimismo, la OCDE considera clave integrar el Metropolitano con la red del Metro de Lima, acelerando la expansión de esta última. Esto apunta a mejorar conectividad y eficiencia del transporte urbano.
El principal desafío está en la falta de infraestructura de carga fuera de Lima y el alto costo inicial de los vehículos eléctricos. Sin embargo, se plantea que políticas regulatorias adecuadas e incentivos económicos podrían replicar los avances de Colombia y otros países
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